Unidas Podemos ha registrado este miércoles hasta 31 enmiendas parciales a la ley por el derecho a la vivienda. Estas modificaciones no han contado con la firma de sus socios del Gobierno, el PSOE, toda vez que el espacio confederal se comprometió con los colectivos sociales, junto a otros socios parlamentarios, a llevar sus reivindicaciones al Congreso para tratar de introducirlas en el proyecto legislativo durante su tramitación parlamentaria.

De esta manera, tal como ha tenido acceso Público, Unidas Podemos propone rebajar el porcentaje de crecimiento acumulado del IPC experimentado en el precio de compra o alquiler en los últimos cinco años para declarar como área de mercado de vivienda tensionado y, por tanto, poder limitar los precios, esto es, "un porcentaje de crecimiento acumulado al menos dos puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente".

Asimismo, para evitar el desplazamiento de los vecinos por un exceso de la oferta de alojamiento turístico, el grupo morado pide establecer regulaciones que limiten el número de plazas de alojamiento turístico, por distritos o barrios, "sin que puedan suponer más del 2% del número de habitantes en entorno urbano".

También proponen prohibir la interrupción de los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a todas las personas y unidades de convivencia en riesgo de exclusión residencial mientras dure esa situación. "La interrupción injustificada de los suministros básicos del hogar se considerará acoso inmobiliario conforme a lo previsto en esta ley y será, por tanto, objeto de sanción", añade la enmienda.

En cuanto a los grandes tenedores de vivienda, Unidas Podemos plantea la obligación de colaborar con las administraciones públicas competentes en la materia para incrementar el parque de vivienda destinado a políticas sociales, en especial el destinado a alquiler, así como evitar la exclusión residencial.

"Con esta finalidad, los grandes tenedores de vivienda estarán obligados a destinar al alquiler social de forma estable y continuada, en la forma que se determinará en la normativa de la comunidad autónoma correspondiente, un porcentaje mínimo, no inferior al 30%, del parque de viviendas que sean de su titularidad", reza la modificación.

Y en el caso de personas jurídicas que tengan la condición de grandes tenedores de vivienda con participación de capital de origen público, la obligación porcentual de destino al alquiler social establecida en el número anterior se incrementará proporcionalmente a la presencia de capital público en la sociedad. Es decir, en el supuesto específico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), "la obligación de destino de viviendas al alquiler social será en todo caso, como mínimo, del 75%".

Asimismo, el grupo morado pide que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato sean "siempre y en todo caso a cargo del arrendador". En este sentido, establece que "no se admitan las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario o por expiración del plazo contractual en las que el arrendador no haya ofrecido al arrendatario una propuesta de alquiler social".