MADRID.-El Gobierno que más iniciativas legislativas ha vetado en la historia de la democracia puede estar a punto de perder parte de su poder, al menos en lo que respecta a las iniciativas que tumba justificándose en su impacto presupuestario. La proposición de ley Antiveto de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea llega al Pleno del Congreso este martes, y fuentes del grupo confederal afirman que, "en principio", esperan "el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, ya que les beneficia a todos, salvo al grupo conservador".

Explican que ya han mantenido conversaciones informales con otros grupos, "también con el PSOE", y aseguran que también intentarán contar con el apoyo de Ciudadanos, socio del Gobierno. Entre lunes y martes plantean intensificar estos contactos, para garantizarse el respaldo a una iniciativa, que, sostienen, "persigue acotar el derecho de veto, que no pueda interpretarse ad hoc", no "restar esa capacidad al Gobierno".

Esta potestad del Ejecutivo tiene su origen en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Rajoy puede actuar en cualquier momento, independientemente del momento de tramitación en el que se encuentre la iniciativa.

La capacidad de veto del Ejecutivo de Mariano Rajoy desde que no tiene mayoría absoluta ha superado todas las expectativas. En menos de un año (Rajoy fue investido presidente el 29 de octubre de 2016) ha frenado 43 iniciativas: 11 del Grupo Mixto, ocho de Unidos Podemos, seis del PSOE, dos de ERC, dos de Ciudadanos y dos del PNV, a las que suman 12 de las iniciativas presentadas por parlamentos autonómicos. Gana por goleada al segundo en la lista, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con 27 normativas bloqueadas.

Como explican desde Unidos Podemos, entre los 43 vetos de Rajoy ha habido casos tan emblemáticos como su proposición de ley (PL) para el cierre progresivo de las centrales nucleares, que preveía el desmantelamiento de la última central en 2024.

El grupo confederal presentó en septiembre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por este veto -en virtud del artículo 23 de la Constitución-, después de que la Mesa del Congreso, en manos de PP y Ciudadanos (cuentan con cinco de sus nueve asientos) desestimase el escrito de reconsideración en el que los impulsores de esta normativa rechazaban los argumentos del Gobierno para dejar su PL en agua de borrajas.

El cierre nuclear progresivo no habría afectado al presupuesto en vigor, ni a las cuentas de 2018, y según Unidos Podemos tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de tres años que abarcan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Para el grupo confederal, esta es una muestra más del modo de gobernar de Rajoy, que cierra su primer año de Gobierno con la aprobación de sólo dos leyes, y una es la Ley de Presupuestos Generales para 2017.

El "impacto radical" del veto según letrados de las Cortes

La iniciativa que llega a Pleno este martes fue registrada en marzo, y dedica un espacio importante de su redactado a poner en valor los pronunciamientos de los letrados de la cámara sobre el impacto de la facultad de veto del Gobierno. De hecho, en un informe fechado el 28 de noviembre los juristas inciden en que la facultad de veto por cuestiones económicas debe estar "constreñida al mismo ejercicio presupuestario".

El 13 de marzo, y tras el conflicto de atribuciones con el Gobierno que llegó al Tribunal Constitucional, el secretario general del Congreso de los Diputados remitió al Alto Tribunal las alegaciones de la letrada de las Cortes Generales con respecto a este conflicto y a la prerrogativa del veto presupuestario.

"Tal facultad de veto tiene un impacto radical sobre el artículo 66.2 de la Constitución, 'las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado' y el artículo 87.1 atribuye la iniciativa legislativa al Congreso y al Senado". "Al final, con el uso de esta facultad, se está impidiendo que las cámaras ejerzan tal potestad legislativa respecto de una iniciativa propia".

"La aplicación del 134.6 de la Constitución -continúa el escrito- invierte en cierto modo la jerarquía entre potestades normativas, pues permite que la potestad legislativa sea limitada por quien sólo tiene la potestad reglamentaria".

Reforma del 111 y 126 del Reglamento del Congreso

En concreto, la proposición de ley de Unidos Podemos persigue reformar el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para garantizar que la disconformidad del Gobierno -que deberá ser comunicada "de forma expresa y suficientemente motivada"- sólo sirva para frenar iniciativas que afecten "exclusivamente al ejercicio presupuestario en curso".

Pretende que la Mesa pueda "examinar y valorar" las razones del Ejecutivo, requerirle información adicional y pedir informes a la Oficina Presupuestaria de las Cortes sobre el impacto presupuestario real de las normativas que se pretenda paralizar.

Además, si la Mesa considerase que la disconformidad del Gobierno no estuviese suficientemente motivada, o que su admisión "pudiera suponer una eventual violación de los derechos fundamentales o de la potestad legislativa", podrá "previa comunicación al Gobierno expresa y suficientemente motivada, proceder a su inclusión en el orden del día del Pleno".

Por otra parte, la reforma del artículo 111 se centra en las enmiendas que afecten a los presupuestos. Incide en que la comunicación del Gobierno al vetar una enmienda debe ser "expresa" y "suficientemente motivada". También permitiría que la Mesa de la comisión parlamentaria en la que tengan lugar los trámites pueda requerir informes a la Oficina Presupuestaria de las Cortes, para dilucidar los impactos presupuestarios reales de las enmiendas presentadas a una normativa.