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UPyD pide prisión provisional para Jordi Pujol Ferrusola para evitar que destruya pruebas

El líder de la formación magenta, Andrés Herzog, "nadie entiende cómo a estas alturas no tiene ningún tipo de restricción para evitar que destruya pruebas o esconda sus bienes".

El líder de UPyD, Andrés Herzog, en rueda de prensa. EFE

EFE

MADRID.- UPyD, que ejerce la acusación popular en la investigación a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, ha pedido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que le llame de nuevo a declarar y le envíe a prisión provisional ante la posibilidad de que trate de ocultar su fortuna.

Poco después de presentar este escrito, el líder de UPyD Andrés Herzog ha explicado a las puertas de la Audiencia Nacional la necesidad de pedir esta medida porque "nadie entiende cómo a estas alturas no tiene ningún tipo de restricción o medida para evitar que destruya pruebas o esconda sus bienes".

La prisión o la adopción de otro tipo de medidas cautelares, ha dicho, "es imprescindible a la vista del inmenso entramado financiero que tenía este señor de innumerables cuentas, transferencias; por cierto, a toda la oligarquía catalana que es lo que hemos descubierto hace poco".

"Eso es corrupción institucionalizada" ha precisado Herzog, al recordar que a Jordi Pujol Ferrusola le han sido detectadas "transferencias a todos los grandes empresarios catalanes".

En su escrito al juez De la Mata, el abogado de UPyD en esta causa, Jorge Alexandre, pide por tanto citar de nuevo a Pujol Ferrusola ante las contradicciones que han aparecido en la investigación (una vez conocidos los datos remitidos de Andorra) con lo que declaró hace un año, fundamentalmente el que hubiera negado que tenía cuentas en distintos países y después se le hayan descubierto movimientos de dinero a paraísos fiscales.

Además, el juez ha detectado una presunta operación de ocultamiento del dinero, que sitúa en julio de 2014, cuando salió a la luz la fortuna que tenía la familia en el Principado y que consistió en una donación de 585.000 euros que le hizo a su hija, y que luego revirtió en una empresa de su padre.

UPyD solicita el ingreso en prisión provisional de Jordi Pujol Ferrusola

Ante estos nuevos datos, UPyD pide que tras su comparecencia se celebre una vistilla en la que se acuerde su ingreso en prisión provisional ante el peligro de fuga, de destrucción de pruebas (que acrediten que su fortuna provenía del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya) y de movimientos financieros dirigidos a ocultar su fortuna pese a tener ya parte de sus cuentas y patrimonio bloqueados.

En relación a la destrucción de pruebas, el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge como requisito para decretar la prisión provisional "evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto".

Subsidiariamente, y de considerar De la Mata la medida de la prisión demasiado gravosa, esta acusación le reclama que al menos le imponga la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio español.

Entre otras de esas contradicciones, que UPyD quiere que Pujol Ferrusola aclare, el escrito hace también referencia a lo declarado por testigos que evidenciaron que Pujol Ferrusola cobró comisiones de empresas por presuntos trabajos de intermediación en determinados negocios en los que los intervinientes desconocían su participación y por lo que llegó a cobrar abultadas comisiones.

"Por ello, resulta necesario, a la vista de tales declaraciones, que el imputado tenga la oportunidad de explicar en esta sede cuál fue su papel, y si puede confirmar conocer o haber intermediado con estas personas y sus empresas en los negocios que cerraba para las empresas a las que facturaba. Todo ello a fin de darle oportunidad de aclarar la manifiesta contracción", explica UPyD.

Para pedir la prisión, esta acusación se basa en la gravedad de las penas que se le pudieran imponer por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales "que anticipan un riesgo elevado de fuga". Además, existe riesgo de "ocultación, alteración o destrucción" de pruebas y de reiteración delictiva, especialmente la relacionada con posibles delitos de alzamiento de bienes.

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