Los agentes sociales han comenzado a reaccionar ante el anteproyecto de reforma de las leyes autonómicas del suelo que el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, pretende aprobar en el Parlamento de Andalucía por la vía de urgencia. Para ello, necesitan los votos de Vox.

Ecologistas en Acción, en una nota, ha anunciado que trabaja en "un frente social contra este gigantesco despropósito" que evite la aprobación de una ley que "pone en almoneda" los recursos naturales y el futuro de Andalucía.

Más allá de los discursos de la consejera Marifrán Carazo (PP), de las verdes declaraciones de intenciones del presidente Juanma Moreno (PP), y de la propaganda del Ejecutivo, el sindicato CCOO y la ONG Ecologistas en Acción, tras haber hecho un análisis en profundidad del articulado del anteproyecto, han llegado a las mismas conclusiones: la nueva ley, de aprobarse como está, abre la puerta a "la especulación urbanística", lo que se dio en llamar en su momento el ladrillazo.

Se trata, en su opinión, de una norma diseñada para "desregular" el sector que provocó la gran crisis de 2008, y para "favorecer los intereses especulativos" que contiene además algunos aspectos en el límite de la inconstitucionalidad. La Ley tampoco aborda, a su juicio, "el principal problema territorial de Andalucía": el "exceso" de suelo urbanizable heredado de la burbuja inmobiliaria, "con capacidad para construir más de un millón de viviendas".

"[La norma] apuesta por la desregulación del urbanismo y la apertura obscena y sin paliativos a la urbanización del suelo rústico. Se pretende paliar la crisis del coronavirus favoreciendo de nuevo al virus de la especulación urbanística, con el riesgo de su perversa secuela, la corrupción", afirma Ecologistas en Acción en un comunicado que firman Juan Clavero y Juan A. Morales.

"El Gobierno andaluz vuelve a dar preocupantes muestras de que no tiene un plan para Andalucía más allá de repetir recetas tóxicas que ya se han demostrado caducadas. Vuelven a ese modelo económico que nos abocó a la mayor crisis de la que aún no hemos terminado de salir", analiza CCOO.

"Nos devuelven al modelo del que luego quisieron sacarnos por el camino de la austeridad, la privatización salvaje de los servicios públicos, la reforma laboral y la creciente desigualdad", afirma el sindicato.

Estas son las claves más relevantes del análisis que hacen ambas organizaciones de una norma que responde al "eufemístico" nombre –según Ecologistas en Acción– de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

Urbanismo a la carta

La nueva ley reduce a dos, las clases de suelo: urbano y rústico, eliminando el suelo urbanizable; "no por reducir las expectativas de expansión urbanística, sino por todo lo contrario, pues casi todo el suelo rústico se considera apto para urbanizar".

"La tan cacareada simplificación y agilización pretende en realidad facilitar la urbanización del suelo rústico, el denominado hasta ahora suelo no urbanizable", afirma Ecologistas en Acción.

Así, el suelo rústico común, según la interpretación de la ONG, se podrá urbanizar presentando una actuación de transformación urbanística que aprobarían los ayuntamientos. Estas actuaciones las pueden presentar particulares, por lo que "las empresas promotoras decidirán el desarrollo urbanístico de las ciudades".

La ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, "pero hay tantas excepciones, que las invocaciones al modelo de ciudad compacta mediterránea queda en una pura falacia".

En conclusión, "la nueva ley permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz, con sus secuelas de impactos ambientales, destrucción del territorio y generación de un modelo de ciudad dispersa, imposible de gestionar y de financiar sus servicios públicos".
Se trata, en definitiva, de un "urbanismo a la carta que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística".

Uso residencial en suelo rústico

A Clavero y Morales les preocupa de manera particular que la ley permita "edificaciones destinadas a uso residencial en suelo rústico". El uso residencial está prohibido en la ley actual en los suelos no urbanizables, salvo para el caso de viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias.

Pero ahora, analiza Ecologistas en Acción, la norma de PP y Ciudadanos permitiría la generalización de las segundas residencias en el campo. "Si a esto se añade, la larga lista de actuaciones de interés autonómico que puede aprobar la Junta de Andalucía, y que son de implantación forzosa al margen de lo que determine el planeamiento territorial y urbanístico, el poder discrecional para aprobar todo tipo de proyectos en el suelo supuestamente rústico es prácticamente total", exponen Clavero y Morales.

"Este Gobierno, lejos de aprender de los errores del pasado, vuelve a fiar el futuro de la economía andaluza a la cultura del pelotazo urbanístico. Juegan con el futuro para dejar que los empresarios del ladrillo vuelvan otra vez a hacer fortuna de la especulación", asegura CCOO.

Vivienda protegida

Las "ansias privatizadores" del gobierno de la Junta de Andalucía "aflora en la modificación que se realiza sobre el destino de los patrimonios públicos de suelo"; si hasta ahora sólo se podían destinar a equipamientos públicos o vivienda protegida, ahora también "se podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas", afirma Ecologistas en Acción.

Para CCOO, bajo el pretexto de la "simplificación normativa" subyace un interés por desregular la planificación, ordenación y gestión urbanística: "Todas las medidas en materia de suelo con destino a vivienda protegida quedan derogadas, por lo que ya no se reservará un 30% de suelo para viviendas protegidas".

Dudosa constitucionalidad

Ecologistas identifica al menos dos artículos que podrían ser inconstitucionales. Por un lado, una disposición adicional que determina que "cualquier vía pecuaria [caminos de pastoreo] afectada por un proyecto urbanístico queda automáticamente desafectada".

Con ello, afirma Ecologistas en Acción, PP y Ciudadanos "olvidan que son terrenos de dominio público protegidos por la Constitución como imprescriptibles, inalienables e inembargables".

Por otro lado, se pretende modificar de nuevo la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, "eliminando la obligación de someter a Evaluación Ambiental Estratégica a ciertos planes urbanísticos", lo que también podría ser también inconstitucional.

Viviendas en parques naturales

"Si el gobierno socialista eliminó la imprescriptibilidad de las parcelaciones ilegales excepto en suelo de especial protección, con esta ley también prescribiría a los 6 años la capacidad sancionadora", lo que, "de hecho, blindaría a quienes han urbanizado ilegalmente suelos protegidos, como son los parques naturales o los bienes de interés cultural, cuyas construcciones ilegales no podrán ser demolidas", afirma Ecologistas en Acción.