"A pesar de la complejidad de la situación, se ha actuado de forma coordinada". Con esa fórmula, el lehendakari ha defendido este martes en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco –órgano que funciona tras la disolución de la Cámara por la convocatoria de elecciones para el 5 de abril– la gestión del Gobierno Vasco ante la crisis abierta tras el fatídico derrumbe del vertedero de Zaldibar, que sepultó a dos trabajadores aún desaparecidos y provocó una alarma ambiental sin precedentes en Euskadi.

En ese escenario, y con las elecciones en el horizonte, Urkullu ha rechazado los cuestionamientos formulados por la oposición. Lo hizo mirando hacia el Parlamento, pero también hacia la calle: en los últimos días han aumentado las críticas y movilizaciones ciudadanas ante la gestión de esta crisis por parte del Gobierno Vasco. La preocupación creció aún más tras conocerse los resultados del análisis del aire en la zona del vertedero, donde se registraron elevados niveles de dioxinas y furanos.

Fue precisamente por eso que Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu y candidata a lehendakari de la coalición abertzale, recordó las palabras del portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien reivindicó la calidad del aire cuando –según confirmaron posteriormente los análisis– había altos niveles de contaminación.

"Descoordinación, descontrol y falta de transparencia", resumió Iriarte nada más comenzar la sesión. También le preguntó sobre los trabajos para rescatar a los dos trabajadores desaparecidos y reclamó información sobre la presencia de amianto en la zona del vertedero. "Primero fue el amianto, luego el fuego, después la estabilidad del vertedero…", recordó. "El Gobierno ha estado desbordado y el lehendakari, al principio, desaparecido", resumió Iriarte.

"Falta de diligencia y sensibilidad humana. Por supuesto, también falta de liderazgo", dijo por su parte el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez. "El desprendimiento de un vertedero no es una casualidad sin más –apuntó–. No se produjo ningún accidente natural: es la consecuencia previsible de una cadena de negligencias administrativas". Martínez advirtió además sobre las condiciones laborales en el vertedero.

El portavoz del PP, Alfonso Alonso, habló de "ocultamiento de responsabilidades" y acusó al Ejecutivo de "escurrir el bulto" e intentar "minimizar los problemas". Mirando hacia la comarca donde se encuentra enclavada el vertedero, dijo que "50 mil personas se sienten engañadas" y señaló que existe "rabia, indignación y falta de confianza en los responsables públicos". Se preguntó también si este derrumbe "se podría haber evitado". Advirtió también sobre el "crecimiento exponencial" del vertedero en los dos últimos años y lo describió, en tono crítico, como "un gran negocio". Antes de terminar, le recomendó a Urkullu responder "sin soberbia". 

Actuación "subsidiaria"

En su primera intervención, el lehendakari insistió varias veces en un concepto: el Gobierno Vasco ha actuado en este caso de manera "subsidiaria", ya que la responsabilidad ante lo ocurrido reside en Verter Recycling, propietaria del vertedero. Defendió, en cualquier caso, la actuación del Ejecutivo nada más conocer que se había se producido el derrumbe, ocurrido el jueves 6 de febrero a las 16.15.

El mandatario vasco reivindicó además que el objetivo prioritario del operativo ha sido en todo momento el rescate de los trabajadores sepultados. Frente a las críticas de las familias de los obreros desaparecidos, el lehendakari reivindicó su actuación. "Mantuve un encuentro presencial el miércoles 12 de febrero tan pronto como se dispuso por mi parte de información relevante que ofrecer a las familias. Lo volví a mantener el pasado domingo, con las mismas circunstancias", subrayó.

"Nos hemos encontrado en una situación totalmente inusual e inesperada", dijo en otro momento de su intervención. En ese contexto, admitió que "el riesgo para la seguridad de las personas no ha desaparecido".

No obstante, criticó también a los grupos políticos de la oposición por tratar de "debilitar al adversario político" y realizó un llamamiento "a la sociedad y a las fuerzas políticas a responder desde la unidad".

En su última intervención –cuatro horas y media después del inicio–, Urkullu reconoció que "los mecanismos de control no han sido suficientes", al tiempo que anunció que el área de Medio Ambiente del Gobierno Vasco efectuará una auditoría. Dijo también que se auditará la actuación de la administración y habrá "depuración de responsabilidades". "Entiendo el malestar de la ciudadanía que vive en la comarca", subrayó. "Somos conscientes de la magnitud y gravedad de lo ocurrido", añadió poco después.

"Siento los errores"

"Es cierto que en todo momento he estado más pendiente de hacer que de decir. Haremos una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe", dijo el lehendakari, quien ha recibido críticas por tardar varios días en aparecer por primera vez en el lugar de la tragedia. "Siento mucho los errores", afirmó sin especificar a qué se refería. "No tengo ningún problema para hacer autocrítica", dijo después.

"Relleno no autorizado"

Luego llegaron las explicaciones de los responsables de distintas áreas involucradas en este caso. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, sostuvo que "nadie informó" sobre la existencia de amianto en la zona del vertedero, una de las irregularidades registradas tras el derrumbe.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, narró la historia del vertedero y detalló las irregularidades registradas previamente en ese sitio, aunque descartó cualquier vinculación con el derrumbe.

En un impactante listado, Arriola admitió que "había un relleno no autorizado, existían defectos en las analíticas de aguas, se superaban los parámetros de los lixiviados, se superaba el volumen de escombros permitido, había bombonas de butano y baterías, otros se eliminaban sin reciclar y había también residuos peligrosos no autorizados, entre ellos aparatos eléctricos".