En 54 días pueden pasar muchas cosas. Por eso mismo, el lehendakari Iñigo Urkullu no descarta que su convocatoria electoral incluya, por primera vez en la historia, un comodín que permita suspenderlas por razones sanitarias. Si eso ocurriese, las elecciones se retrasarían hasta septiembre.

A falta de conocer la decisión final de Urkullu, en distintos estamentos del Gobierno Vasco trabajan ya en los posibles escenarios que se plantearían en julio, el mes en el que –según los informes elaborados por el Ejecutivo autonómico y entregados a los partidos políticos– podrían celebrarse las elecciones autonómicas.

Inicialmente, la cita vasca con las urnas estaba convocada para el 5 de abril. Sin embargo, la emergencia sanitaria del coronavirus obligó al lehendakari a "dejar sin efecto" –ese fue el término exacto empleado en el decreto– la convocatoria electoral. Galicia también canceló sus elecciones, previstas para el mismo día.

En el texto publicado en el Boletín Oficial del País Vasco del pasado 17 de marzo, el Ejecutivo autonómico estableció además que "la convocatoria de elecciones al Parlamento vasco se activará una vez levantada la declaración de emergencia sanitaria". "Se realizará de forma inmediata, oídos los partidos políticos, y por Decreto del lehendakari", sentenció.

Precisamente, Urkullu busca ahora fijar la fecha definitiva de los comicios. Este jueves se reunió por segunda vez con los partidos, sin alcanzar ningún acuerdo. En cualquier caso, no se trata de un impedimento: el mandatario vasco tiene potestad para llamar a las urnas cuando lo crea conveniente. Y lo conveniente, para Urkullu, es el mes de julio.

No obstante, ahora aparecen en su camino dos paradas esenciales. Por un lado, la anulación del estado de emergencia sanitaria a nivel autonómico, una decisión que también recae en el Ejecutivo vasco. Por otro, las garantías jurídicas en torno a lo que podría ocurrir en caso de que dentro de dos meses no exista un escenario apropiado para la celebración de las votaciones.

Suspender y no anular

A petición de José Ramón Becerra, candidato a lehendakari de Equo, Urkullu aportó un informe de carácter jurídico en el que se establece la posibilidad de que el decreto de convocatoria electoral incluya una especie de plan B.

"Desde un principio planteamos que había que suspender y no anular las elecciones, porque preveíamos que una pandemia en forma de picos iba a otorgar muy poco espacio para periodos de 54 días sin ningún tipo de sobresalto sanitario", señaló Becerra tras participar en la reunión con los partidos que presidió este jueves el lehendakari.

El documento jurídico presentado por el Gobierno Vasco valora precisamente esa posibilidad, aunque hará falta que también sea compartida por la Junta Electoral. Sería algo así como una "previsión de suspensión temporal" de las elecciones en caso de que la situación sanitaria obligue, nuevamente, a cancelarlas.

"En tal caso, se mantendrían para la fecha subsidiaria todos los elementos que aseguran el efectivo ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones, manteniéndose el mismo censo electoral", reconoce el informe jurídico del Ejecutivo. En ese caso, ya no habría que esperar 54 días para fijar la nueva fecha de elecciones.