La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) ha manifestado su "incomprensión, indignación y rabia" por la postura de la Fiscalía de pedir el archivo de la causa penal por la venta de 3.000 viviendas del IVIMA.
Así lo ha indicado el colectivo después de conocer que la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid en el que solicita el archivo de la investigación por la venta de 32 promociones de vivienda pública del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs en 2013.

El colectivo ha recibido la decisión de la Fiscalía como un "un auténtico jarro de agua fría" y recalcan que, junto a la FRAVM, llevan "más de cinco años luchando para que se haga justicia y sean restituidos sus derechos como moradores de vivienda pública y protegida".

Tampoco entienden el cambio de criterio "repentino" del Ministerio Público, que ahora considera que "no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos" cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo "trufado de irregularidades".

Frente a ello, entienden que se produjeron multitud de irregularidades en esta operación que derivó en un proceso penal que provocó, en febrero de 2016, la dimisión de Juan Van-Halen Rodríguez como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento.

Las familias afectadas agrupadas en esta asociación apuntan que desde agosto de 2013 han vivido "un auténtico calvario" y "muchas se han visto obligadas a abandonar sus pisos" al no poder asumir las condiciones derivadas de la operación (como la pérdida de las ayudas al alquiler consecuencia del cambio de titularidad de la vivienda)