La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA) apunta que la intención del fiscal Javier Zaragoza de que la justicia española juzgue a dos torturadores franquistas es en realidad 'una excusa para no informar favorablemente a las extradiciones y no un deseo sobrevenido de que se haga justicia'.

En una nota difundida este viernes, la plataforma recuerda que 'la Fiscalía, la justicia y el Gobierno español deben cumplir con las obligaciones internacionales que le vienen impuestas', y subraya que 'son los jueces y no el fiscal' quienes deben tomar una decisión sobre la extradición de los torturadores.

La plataforma alude a las palabras de Zaragoza este jueves, 26 de diciembre, cuando manifestó que contempla la posibilidad de informar - en la vista que se celebrará ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para tratar las extradiciones solicitadas por la justicia argentina - que corresponde juzgar a los torturadores en España , dado que se trata de españoles acusados de cometer delitos contra otros españoles .

CEAQUA:'Se trataría de abrir una causa penal, para que no haya causa penal'

'Parece una magnífica noticia: de acordarse así, España cumpliría con la obligación de extraditar o juzgar que le impone el derecho internacional. Precisamente este es el objetivo último que se propone la querella argentina: la adopción de medidas que pongan en evidencia, nacional e internacionalmente, la impunidad del franquismo y animen a jueces y fiscales valientes a investigar sus crímenes', asegura el comunicado.

'Sin embargo, en lugar de argumentar que se los puede juzgar aquí porque los responsables de crímenes contra la humanidad no pueden ampararse en ninguna ley de amnistía y sus delitos son imprescriptibles, sostiene que plantearía que la Ley de Amnistía y la prescripción impedirían que se los juzgue en España', sostienen. 'Se trataría de abrir una causa penal, para que no haya causa penal'.

CEAQUA considera 'un éxito de las solicitudes de extradición y la presión social' que el Fiscal 'deba defender esta posición débil, oscura y previsible'. Asegura que, aunque contaban con la posibilidad de que las extradiciones no lleguen a producirse, confiaban en que 'su solicitud y las distintas medidas que se están adoptando, crearían una situación en la que cada vez sería más insostenible mantener la impunidad de los crímenes del franquismo. Es lo que está sucediendo', aseguran, afirmando que estas medidas 'seguirán horadando el muro de impunidad que comienza a resquebrajarse'.

La causa que instruye la magistrada argentina María Servini De Cubría es la única abierta para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Hasta hoy, el Gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la ONU , o a la petición de apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria que estudie estos abusos, en un país en el que aún hay localizadas más de 2.000 fosas comunes por exhumar.