Las víctimas del amianto temen que el PSOE haga caer el fondo de compensación que les prometieron

La esperanza se ha convertido en enfado. La alegría, en desilusión. "No. No me esperaba esto", resume de forma categórica Jon García, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE). Hace 14 meses creyó que la creación del fondo de compensación estaba más cerca. Hoy no piensa lo mismo.

Este miércoles, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comenzará a debatir las enmiendas parlamentarias en torno a la ley que debe regular la puesta en marcha de dicho fondo. El camino que lleva hasta aquí ha estado marcado por el paso lento, las demoras y, según destaca García, las trabas políticas. 

En abril de 2021, el Congreso hizo suya –con la única abstención de Vox– una propuesta del Parlamento Vasco nacida tras un largo trabajo a nivel autonómico en torno al resarcimiento de quienes han visto truncada su vida a causa del contacto con el amianto durante la etapa laboral. 

"El PSOE ha estado dilatando el proceso. El proyecto ha tardado ocho meses en llegar a comisión; cuando ha llegado, nos hemos encontrado con la sorpresa de que sus propuestas equivalían prácticamente a una enmienda a la totalidad", afirma García. 

La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) y los sindicatos CCOO y UGT afirman en una declaración conjunta que "el Grupo Parlamentario Socialista persiste en su intención de que el Fondo se convierta en un organismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030".

En tal sentido, los firmantes del comunicado acusan al PSOE de tratar de limitar la financiación del fondo, que se nutriría exclusivamente con las "partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado y fondos obtenidos a través de la subrogación del derecho a litigar por parte de las personas afectadas". 

Ese posible alejamiento del espíritu original de la norma ha merecido incluso un pronunciamiento oficial de la Cámara autonómica. "Nos vimos obligado a volver al Parlamento Vasco para decirles lo que estaba pasando con su proyecto de ley e informarles que el PSOE quería recortarlo de tal forma que se quedaría en papel mojado", relata García.

El pasado 24 de marzo, el pleno del Parlamento –allí también con  la única abstención de Vox– aprobó una moción en la que instaba al Congreso a que "respete el espíritu de la propuesta remitida y que la norma que finalmente resulte aprobada no desvirtúe el texto inicial, buscando el máximo consenso posible con el fin de lograr la pronta reparación de las víctimas y sus familias". El PSE votó a favor de esa iniciativa.

Modelo de Escrivá

¿Dónde está el núcleo del problema? Para FEDAVICA, CCOO y UGT todo radica en las "condiciones impuestas" por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dado que que "no respetan el espíritu de la proposición de Ley remitida por el Parlamento vasco a las Cortes Españolas". 

La iniciativa enviada por la Cámara autonómica "configura un organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que complementa su financiación con fondos provenientes de la Seguridad Social", un modelo inspirado en el Fondo de Indemnización de las Víctimas del Amianto (FIVA) existente en Francia desde hace más de dos décadas y que "se ha visto replicado en otros estados de la UE como Bélgica".

"Esto no tiene buena pinta. Los socios de gobierno irán separados, con el riesgo además de que (el PSOE) se ampare en la derechona para sacar este proyecto de ley", advierte García. Las expectativas de hace 14 meses han dado paso a una mezcla de rabia e indignación.