MADRID.- Nuevo giro al caso ERE. El exconsejero de Empleo andaluz, José Antonio Viera, se ha negado a dimitir como diputado, en contra de lo anunciado ayer por su partido, con el fin de no perder su aforamiento ante el Tribunal Supremo.

Su decisión provocará que el caso ERE continúe instruyéndose en el Tribunal Supremo, ya que su imputación atraería al resto de los imputados que estaban aforados hasta que ayer jueves se anunciaron sus renuncias a las actas de parlamentarios: Manuel Chaves y Gaspar Zarrías.

El propio instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, dictó el jueves un auto en el que mantenía la competencia del alto tribunal sobre José Antonio Griñán, precisamente porque los demás seguían aforados.

Jorge Barreiro firmó una dura exposición de motivos para que el Supremo tramitara el suplicatorio contra cuatro de los cinco aforados ante el alto tribunal. Confirmaba las imputaciones por prevaricación administrativa y ampliaba la malversación para el caso de Viera.

Si Viera hubiera dimitido como diputado, la pieza que se instruye en el Supremo habría regresado a Mercedes Alaya, la jueza que lleva la macrocausa y que continúa en los próximos seis meses como medida de refuerzo en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, donde se investiga este sumario.

Lo dejará cuando vuelva a haber elecciones

Viera dejará de ser diputado cuando se convoquen las elecciones municipales y autonómicas. Para entonces, es posible que Alaya haya dejado de instruir el caso ERE, porque su designación como juez de refuerzo es por seis meses, aunque renovable por periodos similares.

Por su parte, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías han difundido una nota de prensa en la que manifiestan que este jueves comunicaron a la dirección de su partido la renuncia a su escaño, tras recibir la exposición motivada del instructor del Supremo.

La defensa de Zarrías ha presentado ante el Supremo un escrito en el que anuncia la presentación inminente de un recurso contra la resolución del magistrado y solicita que se suspenda la tramitación del suplicatorio ante las Cortes Generales mientras se resuelve su impugnación.

Ambos expresidentes de Andalucía reiteran “con total rotundidad su inocencia” y defienden la legalidad de sus decisiones a la hora de adjudicar ayudas sociolaborales en su comunidad autónoma. Sostienen que nunca firmaron o autorizaron ninguna resolución ilegal y que jamás conocieron ninguna actuación que supusiera menoscabo de fondos públicos de la Junta de Andalucía.