El comisario José Manuel Villarejo nunca se ha cortado en explicarlo: “Volví a la Policía con la condición de no perder mi negocio”. Y el negocio de Villarejo –que después de jubilado fue enviado a prisión por la Audiencia Nacional- es el dinero. Por eso, cuando en 1995 la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, desde su puesto de secretaria de Estado de Interior le sacó de la Comisaría General de Información y tuvo que recolocarlo en la de Policía Judicial, el policía tuvo que idear cómo vender lo de los trabajos a la patria y que la rueda siguiera girando.

Y en la Comisaría General de Policía Judicial encontró un gran aliado, el compañero José Luis Olivera, destituido como director general del Centro de Inteligencia contra la Corrupción y el Crimen Organizado (CITCO) tras la llegada de Pedro Sánchez al poder, pero que sigue cobrando su salario y sus medallas y, según fuentes policiales consultadas por Público, “demasiado tranquilo con la investigación que hay abierta. Por la Audiencia Nacional ya ha pasado a declarar el excomisario General de Información, Enrique Barón, porque sus agentes participaron en los seguimientos de Kitchen; también quien fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y, sin embargo, José Luis Olivera, que es una pieza clave en los casos que se investigan -desde Estepona, Gürtel, Catalunya, etc-, ni ha sido llamado a declarar”.

Según la relación que ha podido hacer Público con ayuda de fuentes de los diferentes procedimientos, los agentes de la UDEF bajo las órdenes de José Luis Olivera que se han visto envueltos en la presunta introducción de testigos o pruebas falsas, adulteradas o filtradas a la red de periodistas vinculada con Villarejo se mantienen activos dentro de la Policía en estos momentos.

Testigos contra PSOE y Podemos

Uno de los casos más singulares es el de la agente 89.169, que fue a Nueva York a tomar declaración al exministro chavista Rafael Isea junto a José Ángel Fuentes Gago, uno de los pesos fuertes de la brigada política al servicio del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Lo importante era que el huido venezolano diera datos contra Podemos, Pablo Iglesias y sus dirigentes, aunque estos fueran falsos, pero tanto ella como él no han tenido ninguna apertura de expediente disciplinario interna después de conocerse su actuación en Estados Unidos hace unas semanas.

Esta misma agente, que por las grabaciones se conoce que se llama Silvia, lleva en la UDEF desde sus orígenes y es una de las personas de confianza de quien fuera el fundador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera, con la llegada del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero al poder. Ella realizó los primeros 40 informes de la Operación Astapa, de la que Público ha ido informando a lo largo de estos años, y por la que perdió la alcaldía el socialista Antonio Barrientos. Lo más singular de esta actuación de la UDEF, que venía a desmontar la corrupción en Estepona (Málaga), es que el sustituto de Barrientos contrató de arquitecto municipal a Diego de Lucas, que acabó como socio de Villarejo en el digital que le sirvió para difundir noticias de la unidad de investigación económica de la Policía.

Es más, en el origen del caso está la declaración de un testigo que en estos momentos está imputado en Tándem por ser el testaferro del comisario en Estepona, Juan Carlos Escribano Cárcel. Quien toma declaración a algunos de estos testigos que surgen de la nada para iniciar el caso Astapa, como el que será alcalde del municipio malagueño tras Barrientos –David Veládez-, es el agente 78.777, que en 2012 tomará declaración a los testigos con los que se inicia el caso Pujol y que cobraron de los fondos reservados, según la investigación de la Audiencia Nacional, Javier de la Rosa y Victoria Álvarez.

Hay que sanear la UDEF y el periodismo

En diciembre de 2016, casi un año antes de que saltara la operación pero después de que se empezaran a destapar las maniobras del clan Villarejo y de los agentes de confianza de la Dirección Adjunta Operativa que dirigía Eugenio Pino, una voz autorizada en movimientos financieros como la del expresidente de la CNMV Manuel Conthe, escribía un artículo titulado Hay que sanear la Udef.

Explicaba con datos y nombres cómo agentes de la UDEF habían ideado la Operación Parqué contra la CNMV para servir a los intereses de una empresa que había contratado al despacho de un comisario, que ahora se ha descubierto que es el comisario José Manuel Villarejo, aunque en ese momento quienes lo tenían que saber en la Justicia lo sabían perfectamente.

Pero señalaba una pata fundamental Conthe, la de los periodistas que sabiendo que la información que estaban publicando era falsa, seguían haciéndolo, y a quien denominaba “monos con metralleta”. Entre ellos estaban Daniel Montero y Esteban Urreiztieta.

Como Público ha ido informando, la Policía y la Audiencia Nacional investigan a estos dos junto con Eduardo Inda y Alfonso Rojo por haber podido percibir cobros económicos, en especie, vía contratos, sueldo o en otra forma de la red del comisario Villarejo.

Y más allá de los contratos hallados en el registro y que involucran a Rojo y Montero, presuntamente, se analiza la relación entre los reportajes de estos periodistas y los encargos de los clientes de Villarejo debido a que hay constancia de que el comisario ofrecía los servicios de sus “infiltrados” en los medios. Por ejemplo, en el caso de Daniel Montero, que llegó a ser socio del comisario, durante la Operación Astapa publicó unas presuntas irregularidades que afectarían al exministro de Defensa José Bono y que nunca pudieron demostrarse por la UDEF. Y, como Eduardo Inda, ha sido receptor de todas esas presuntas investigaciones de Villarejo que ahora se investigan como trabajos de una organización criminal.