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Villarejo Detenidos los propietarios de la urbanización de lujo La Finca por su vinculación con la trama de Villarejo

Susana García Cerceda habría contratado a Villarejo para investigar a su hermana pequeña, a su entonces marido y a otros allegados de su entorno, en la guerra por el control del patrimonio familiar. Francisco Lorenzo Peñalver, también detenido

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Vista de la entrada en la urbanización La Finca, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

La Policía ha detenido en las últimas horas a Francisco Lorenzo Peñalver y a Susana García Cereceda, dueños de la lujosa urbanización de La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), por sus vínculos con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

Fuentes de la investigación confirmaron a Público la detención de Peñalver, uno de los socios de Procisa y consejero de La Finca. García Cereceda, hija del fallecido Luis García Cereceda y actual presidenta de la sociedad y del grupo, ha sido detenida esta mañana cuando llegaba procedente de Suráfrica.

Agentes de la Policía Nacional han realizado este miércoles un registro en La Finca, en relación con la denominada operación Tandem sobre la trama del excomisario José Manuel Villarejo, según ha sabido Público. Este caso investiga el entramado empresarial del excomisario, su socio Rafael Redondo y el también excomisario de Barajas Carlos Salamanca, cuyo objetivo era reintroducir en España y otros países de la UE fondos procedentes de actividades ilícitas.

La primogénita de Luis García Cereceda, Susana García Cereceda, habría contratado a Villarejo para investigar a su hermana pequeña, a su entonces marido, Jaime Ostos Jr., y a la viuda de García Cereceda, Silvia Gómez Cuétara, y a otros allegados de su entorno, en la guerra que iniciaron por el control del patrimonio familiar, valorado en 1.000 millones de euros. Las consecuencias de esa investigación de Villarejo resultaron nefastas para Yolanda: terminó incapacitada y le quitaron la custodia de sus dos hijos. Todo por la lucha de una herencia millonaria.

Tres meses después de la muerte de su padre, Susana pidió la incapacitación legal de su hermana Yolanda, alegando que sufría "problemas psicológicos" y que no podía hacerse cargo de la gestión de su fortuna. La Justicia adujo "ideas delirantes e inmadurez". Entonces el juzgado decidió que la fundación AFAL, dedicada a tutelar ancianos con alzheimer, y para cuya cúpula la Fiscalía Anticorrupción ha pedido cárcel por desvalijar a ancianos, se encargara de la custodia de la heredera. La Justicia actuó tras un informe policial, que consiguió Villarejo, en el que se aseguraba que Yolanda sufría un desarreglo mental. La incapacitaron y le quitaron a los niños, igual que trataron de hacer con la doctora Pinto.

Villarejo y Salamanca están imputados por su presunta integración en una trama con la que se habrían lucrado con servicios especializados de inteligencia y facilitado la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

La operación la han desarrollado la unidad de Asuntos Internos de la Policía -la misma que se encargó de la detención de Villarejo el 3 de noviembre de 2017- y la Fiscalía Anticorrupción. Según La Vanguardia, los investigadores sospechan que Peñalver habría contratado a Villarejo para conseguir información privilegiada para favorecerse en un conflicto que mantenía con terceras personas.

Está previsto que Peñalver y García Cereceda pasen a lo largo del día de hoy a disposición del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor de la causa abierta contra Villarejo a raíz de la operación Tándem.

Precisamente De Egea ha citado para hoy al excomisario con la posibilidad de revisar su situación de prisión provisional tras escuchar su declaración y a la luz de "los informes médicos obrantes en autos y de los que se están realizando". Hace unas semanas, Villarejo, que se encuentra en la cárcel de Estremera (Madrid), tuvo que ser hospitalizado de urgencia por la reacción a un medicamento y fue dado de alta al día siguiente. El juez lo investiga por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de dinero y cohecho.

Villarejo y el abogado Rafael Redondo son los dos únicos investigados en esta causa que permanecen en prisión después de que el pasado 6 de marzo quedara en libertad el excomisario de Barajas Carlos Salamanca, que ingresó también en prisión el 5 de noviembre. Entre las prácticas que se le atribuyen a la supuesta red integrada por Villarejo y Salamanca está la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo.

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