El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha descrito en su declaración de este lunes en la audiencia Nacional la famosa película 'El show de Truman' cuando ha dicho que el CNI "tenía monitorizada mi vida" y que los Servicios Secretos son los responsables de todas la grabaciones que se encontraron en los registros de sus propiedades cuando fue detenido. Según un pacto que tenía con el CNI, ha dicho, los servicios de Inteligencia le entregaban los audios para su "seguridad", por eso los tenía en su poder. 

Villarejo se ha referido en este sentido a que era el mismo proceder que siguió el CNI con Bárbara Rey, a quien "para que se quedara tranquila y no dijera nada" le entregaron el material grabado de su supuesta relación con Juan Carlos de Borbón. 

En el juicio por tres piezas de la macrocausa 'Tándem', por las que la Fiscalía le pide 109 años de prisión, Villarejo no ha logrado apuntalar su estrategia: sus trabajos privados a través de su grupo empresarial Cenyt eran el parapeto de su labor como agente encubierto para el Estado. La Fiscalía no pone en duda esa labor, pero le recrimina penalmente el lucro personal y que se sirviera de las herramientas a su alcance como policía para realizar encargos privados, como los tres que se juzgan ahora, denominados proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. 

El fiscal Anticorrupción Miguel Serrano le ha preguntado sobre sus actividades en los años 2012, 2013 y 2014, en los que se enmarcan las piezas juzgadas, y Villarejo ha afirmado que en ese tiempo percibía una nómina como policía en activo, a la vez que era titular de varias empresas englobadas en el Grupo Cenyt. El comisario se ha referido a una declaración escrita en 1995 donde explicaba el pacto al que había llegado para volver al servicio activo en la Policía y donde consta, según él, que sus empresas "familiares" quedaban al servicio del Estado para operaciones de Inteligencia. 

Villarejo ha aludido al informe que en 2015 realizó el inspector Fuentes Gago sobre su compatibilidad para ejercer como empresario paralelamente a su labor como comisario. "Ese informe lo ordenó el ministro del Interior [Jorge Fernánde Díaz], probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno". 

El fiscal ha comenzado su interrogatorio preguntando a Villarejo sobre la pieza 'Iron', donde se investiga si el despacho de patentes Herrero y Asociados contrató a Cenyt en 2013 para que espiara a un despacho rival, Balder IP Law, con el objetivo de obtener información para argumentar una demanda por competencia desleal. "Acudieron a mí para ver si les podíamos prestar apoyo para unas demandas". 

La demanda en cuestión acabó presentada en la Unidad Tecnológica de la Policía Nacional y el fiscal ha querido saber si Villarejo hizo alguna gestión para que fuera admitida en Delitos Informáticos. "Supongo que hablaría con el responsable de la Unidad, que era compañero mío de promoción", ha contestado. 

Villarejo niega los informes 'sensibles'

Uno de los socios de Herrero y Asociados, Mario Carpintero, que ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir la condena, reconoció en una anterior sesión del juicio que el comisario les proporcionó datos sobre Balder IP Law y sus fundadores, incluidos bancarios, fiscales y de procedimientos judiciales, y que les ofrecieron tráficos de llamadas. Carpintero explicó que se podía "intuir" que para conseguir esos datos mediaban pagos a funcionarios, aunque matizó: "No sé si se materializó".

Villarejo este lunes ha negado haber aportado a los clientes tráfico de llamadas y ha instado al fiscal a que pregunte a las compañías telefónicas quién les pidió esos datos. "Cuando volví a la Policía no tuve ni ordenador, ni contraseñas para entrar en las bases de datos, ni coche oficial", ha dicho y ha reprochado al Ministerio Público que "no me haya entregado una copia de mis diarios, mi teléfono y mi ordenador". Sobre sus agendas, ha dicho: "Siempre he tenido mala memoria para los nombres, anotaba las citas, tenía 300.000 frentes abiertos, para que no se olvidara nada". También anotaba las "impresiones" después de las reuniones, ha explicado. 

Siguiendo esa línea, Villarejo no ha querido reconocer los informes sobre los proyectos 'Iron' y 'Land' mostrados por el fiscal. "No me los creo, los habrán hecho policías que trabajan para el CNI". 

Sin embargo, antes de exhibírseles los informes, Villarejo había afirmado tajantemente que "los informes los escribía yo", desmintiendo que delegara esa función en alguien de Cenyt. También ha negado haber aportado a los socios de Herrero y Asociados datos bancarios de una cuenta bancaria de Balder.

Así mismo se ha desvinculado de la orden que recibió su esposa, Gemma Alcalá, para que se hiciese pasar por otra persona y contactar con una empleada de Balder para obtener información. 

Conglomerado de empresas

Villarejo ha dicho que su grupo empresarial funcionaba como "una caja única", de manera que si una de las empresas tenía pérdidas podía compensarse con las ganancias de otra empresa. Sobre su socio, Rafael Redondo, también imputado, ha dicho que era "fundamental" a la hora de mantener la estructura del grupo. "Éramos un tándem, de ahí el nombre de la causa", ha dicho y ha asumido "todas las responsabilidades" de la administración de las empresas. "Yo lo decidía todo".

Sobre la participación de una de las empresas de Cenyt en el Hospital de Estepona con fondos obtenidos de Herrero y Asociados, Villarejo ha dicho que entendía que era una buena oportunidad de negocio "y en mis labores de Inteligencia podía tener una cobertura en el tema de la salud". 

Respecto al proyecto 'Land', Villarejo ha declarado que "a mí el señor Felipe González [expresidente del Gobierno], a través de su amigo, socio o testaferro en República Dominicana, Jesús Bardera, al que conozco, me pidió que ayudara con el problema que tenían las hijas de su gran amigo [Luis García Cereceda], estaba notando que se estaba dañando la herencia de estas personas". 

Informe sobre una jueza

La versión de Villarejo dista de la aportada por Susana García Cereceda, presidenta de Procisa, la promotora del lujoso complejo residencial y parque empresarial La Finca, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En su declaración en el juicio reconoció, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que contrató los servicios de Villarejo para obtener información en tres temas fundamentales: un pleito judicial que habría podido llevar a la quiebra a la empresa; sobre el matrimonio de su hermana, Yolanda; y sobre la viuda de su padre. 

Sobre el encargo recibido de García Cereceda acerca del conflicto con tres mercantiles que instaban la ejecución de una sentencia que ordenaba a Procisa el pago de una deuda que alcanzaba los 50 millones de euros, los servicios de Villarejo incluyeron un informe personal y familiar sobre la jueza Mónica Gómez Ferrer, magistrada de Juzgado de Instrucción 1 de Pozuelo, autora de la sentencia mencionada. Pero Villarejo ha negado conocer el informe. 

Respecto a Jaime Ostos, cuñado de Susana García Cereceda, Villarejo ha afirmado que estaba chantajeando a Yolanda García Cereceda, incapacitada judicialmente, con la que se había casado en Estados Unidos. "Además se había juntado con una señora mayor a la que había esquilmado. Era un homosexual reconocido y no había relación emocional cierta, solo un interés espurio. La señora García Cereceda quería demostrar a su hermana estos hechos", ha dicho Villarejo, pero ha negado hacer gestiones para obtener el certificado penal de Ostos en Estados Unidos.