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Vivienda La PAH reclama una gran movilización ante la "falta de voluntad política"

Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, critica el bloqueo de Ciudadanos y PP en el trámite de la Ley de Vivienda. Con más de 33.000 desahucios, el año 2018 se convierte en uno de los más trágicos.

Imagen de archivo de una pancarta de 'Stop Desahucios'. EP

EFE

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha criticado que PP y Ciudadanos estén "bloqueando" el trámite de la Ley de Vivienda presentada por la Plataforma y ha reclamado una "gran movilización" ante la "falta de voluntad política" para resolver la "situación de emergencia habitacional" en el país.

Así lo ha asegurado Paco Morote, portavoz de la PAH, que celebra este fin de semana en Valencia su vigésimo cuarta Asamblea Estatal, con representantes de la Plataforma de todas las comunidades autónomas para impulsar la lucha por el derecho a la vivienda.

España, ha dicho, vive una "situación de emergencia habitacional", acreditada por los más de 33.000 desahucios producidos en el primer semestre de este año y que llevará a cerrar 2018 con una cifra "similar a la de los peores años".

También ha alertado de que una "burbuja de los precios de alquiler, que está llevando a expulsar mucha gente de las viviendas porque no hay rentas suficientes para los nuevos alquileres" y ha resaltado que los precios de compra de vivienda "están cada vez más cercanos a los que se daban en la época de la burbuja inmobiliaria".

"Vemos que no se hace nada", ha criticado y ha añadido que desde el Gobierno Central, tras la toma de posesión de Pedro Sánchez, se habló de priorizar el derecho a la vivienda pero "no se ha hecho nada", como tampoco se ha hecho en los elementos para la mejora de alquileres que acordaron PSOE y Unidos Podemos en el pacto de Presupuetos.

"Estamos asistiendo a un bloqueo fraudulento de la Ley por parte del PP y de Ciudadanos, que semana tras semanas llevan pidiendo prórrogas como si no les importara la situación de emergencia habitacional"

"La situación es muy lamentable" para Morate, que ha recordado que la PAH llevó al Congreso la Ley de Vivienda, que fue tomada en consideración el pasado 18 de septiembre.

Sin embargo, ha añadido: "Estamos asistiendo a un bloqueo fraudulento de la Ley por parte del PP y de Ciudadanos, que semana tras semanas llevan pidiendo prórrogas como si no les importara la situación de emergencia habitacional".

"El PP y Ciudadanos impiden que la ley se empiece a tramitar", ha denunciado y ha criticado la "falta de voluntad política" para resolver el problema.

Según Morate, "mientras el Gobierno tiene una capacidad de acción que no está poniendo en práctica, PP y Ciudadanos están bloqueando y se siguen produciendo las muertes y los desahucios".

Por ello, durante la Asamblea han acordado que, como el derecho a la vivienda es transversal y afecta al conjunto de la ciudadanía, se va a plantear a otros colectivos sociales que se lleve a cabo una "gran movilización por el derecho a la vivienda".

Ha indicado que ahora se está tramitando en el Congreso la Ley de Crédito Inmobiliario, un proyecto de ley elaborado por el anterior ministro de Economía Luis de Guindos y que tendría que haber estado transpuesta a finales de 2016, por lo que hay una amenaza de multa de la Unión Europea.

A su juicio, aunque ha habido avances en el tema de las hipotecas, "ninguno de ellos han sido como consecuencia de algún cambio legislativo" sino por sentencias del Tribunal Europeo, "que ha revolcado, una y otra vez, la legislación española, porque no se adapta a los estándares de los derechos que tienen que regir".

"Cuando esta ley se apruebe se mantendrán situaciones injustas, como que te quiten la casa y te quedes en la calle y endeudado de por vida" ha explicado y ha añadido que exigen al Gobierno que adopte medidas para que "dejen de estar los poderes públicos españoles sometidos a los intereses de la banca".

Ha señalado que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vivienda, "si no estuviera nadie lo echaría de menos", porque no se garantiza ese derecho ni tampoco el obligar a las administraciones públicas a que combatan la especulación.

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