La organización conservacionista WWF ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que le trasladan su "profunda preocupación" por el segundo intento del PP de Juan Manel Moreno Bonilla de ampliar los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana mediante una proposición de ley presentada de acuerdo con Vox.

En la misiva, WWF reclama a la Unión que haga cumplir la sentencia del Tribunal Europeo que pesa sobre España desde junio de 2021 por no cuidar en condiciones de una zona estratégica, cuyo acuífero está sobreexplotado: "La Junta de Andalucía debería proceder a la eliminación de todas las fincas ilegales que conoce perfectamente y a impulsar medidas urgentes para la conservación de Doñana".

"Amnistiar a los ilegales supone un ataque directo a la conservación de Doñana y un claro incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por no proteger al espacio natural frente a la sobreexplotación y robo del agua. Esto podría acarrear fuertes sanciones y la congelación de fondos comunitarios para la agricultura que recibe Andalucía", avisa WWF.

La nueva propuesta de Moreno y Vox (de claros tintes electoralistas, con las municipales a la vuelta de la esquina) implica modificar el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014. Esta idea ya causó gran preocupación en Europa la legislatura pasada. Entonces, la Comisión Europea avisó a España de posibles sanciones si esta regulación avanzaba. La ley de Moreno y Vox, aunque la aprueben a las bravas, mediante el uso del rodillo parlamentario, está destinada a acabar en los tribunales porque, tal y como está planteada, contará con el rechazo del Gobierno de España, que la llevará al Constitucional.

Para WWF, la ley "supone un engaño ya que aunque la reforma pudiera legalizar el uso del suelo ampliando aún más la superficie de regadío, seguirá la ilegalidad del uso del agua puesto que la Junta de Andalucía no tiene competencias para asignar recursos hídricos y conceder derechos de riego con agua superficial en la demarcación del Guadalquivir, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, recuerda WWF, ya advirtió de que en la planificación hidrológica no hay previsión de otorgar nuevos permisos de agua diferentes a los que en 2018 se acordaron para poder trasvasar a la demarcación del Guadalquivir desde la del Tinto, Odiel y Piedras. "Es decir, ni la Ley del trasvase ni el Plan Hidrológico del Guadalquivir permiten incrementar la superficie de cultivo en regadío como ha prometido a los agricultores ilegales el gobierno del presidente Moreno Bonilla, ya que incumpliría flagrantemente la normativa comunitaria", afirma la ONG.

Aguas superficiales

Aunque en la exposición de motivos –que desprende un tremendo tufo a documento político, más que técnico– de la proposición, PP y Vox afirman que la norma se formula "con el objetivo de proteger, respetar y mantener en el mejor estado posible todo el Espacio Natural de Doñana" y que se legisla "para que pueda llegar el agua superficial" –es decir, agua de otras zonas, lo que implica obras–, lo cierto es que no es así. La modificación que consta en la proposición de Ley se refiere a las aguas superficiales, pero permite que accedan a cualquier tipo de agua, si así lo decide la "administración hidráulica de la Demarcación correspondiente".

Así, WWF considera que "para esquivar la sentencia europea, el PP trata de confundir a la Comisión Europea y a la opinión pública con el falso argumento de que una vez sean legalizados los agricultores que roban el agua del acuífero sólo la recibirán superficial, sin mencionar que en caso de que algún día el agua del trasvase llegue a la zona serían precisamente los ilegales quieres se aprovecharán antes del escaso recurso y nunca llegaría a los regantes más próximos al Parque Nacional, donde el acuífero se encuentra en peor estado y es más urgente eliminar y sustituir las captaciones subterráneas".

"Esta nueva propuesta de ley es otro engaño y una auténtica burla a la sociedad, a los agricultores legales y a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y a la propia Comisión Europea, ya que amplía la superficie de regadío sin evaluar las consecuencias, impulsa la utilización ilegal del agua y del suelo y recompensa abiertamente a los ilegales poniendo en peligro el suministro de agua para los agricultores que cumplen la ley en un escenario seguro de escasez y sequía", remacha la ONG.