MADRID.- El juez Santiago Pedraz interroga hoy al edil de Ahora Madrid Guillermo Zapata como imputado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo en relación con el tuit que publicó sobre Irene Villa en 2011 y que la Audiencia Nacional ha considerado ofensivo para todas la víctimas de ETA.

Zapata fue llamado a declarar después de que la Audiencia Nacional se lo ordenara a Pedraz al hacerle reabrir esta causa que el magistrado archivó en julio tras recibir una carta de Irene Villa en la que aseguraba que el tuit sobre ella no le había causado humillación y que lo consideraba un chiste de humor negro.

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión la semana pasada al admitir el recurso de la fiscal Blanca Rodríguez contra el archivo de la querella que interpuso por estos hechos la asociación Dignidad y Justicia.

Al conocer la reapertura de este caso, el Ayuntamiento de Madrid manifestó que Zapata es "el primero" que quiere explicar "quién es, qué hace y qué piensa".

En su resolución, la Sala consideró insuficiente para decretar el archivo el perdón de Irene Villa porque "no estamos ante una sola expresión relacionada con una víctima del terrorismo, sino ante varias manifestaciones que todas juntas, como mínimo, pueden indicar un cierto grado de desprecio a las víctimas del terrorismo y una cierta y bastante manifiesta trivialización del terrorismo que podría exceder de lo que es un mero ejercicio del humor negro".

El comentario por el que deberá declarar como imputado el actual concejal del distrito Fuencarral-El Pardo fue publicado en su perfil de Twitter el 31 de enero de 2011 y en él decía: "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos".

A raíz de la publicación de esos tuits, Zapata pidió perdón a las personas que se hubiesen sentido ofendidas por sus comentarios -uno de ellos referido a las víctimas del holocausto nazi-, que calificó de humor negro, y, a causa de esta polémica, renunció a tomar posesión como edil de Cultura y pasó a ser concejal de distrito.

Para la Audiencia Nacional, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo porque el bien jurídico objeto de protección "no sólo es el honor individual de una víctima en concreto, que lo puede ser, sino la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares como colectivo".

"El derecho a bromear como ejercicio de la libertad de expresión está limitado por el derecho de las víctimas y sus familiares de que no se trivialice, ni se banalice, restándole importancia al dolor que ha padecido", destacaba la resolución, de la que fue ponente el magistrado Enrique López (recusado en Gürtel).

Además, tuvo en cuenta "las circunstancias personales del autor de los actos, puesto que el hecho de que un personaje sea público y tenga trascendencia pública aumenta exponencialmente el efecto del mensaje" y el que se haya hecho "de repente conocido" hace que tenga trascendencia "todo lo que diga o haya dicho en el pasado".