El principio de que España es 'un Estado compuesto' en el que 'no hay prácticamente política alguna que pueda desarrollarse sin algún grado de participación de las comunidades autónomas' fue la guía con la que compareció ayer el presidente del Gobierno en el Senado.

Consistió la inauguración de las sesiones plenarias en la Cámara Alta en una suerte de mini debate de investidura testimonial, pues no hubo lugar a réplicas y se agotó en menos de tres horas. Salió José Luis Rodríguez Zapatero también testimonialmente investido, pues no procedía votación pero todos los grupos le otorgaron un margen de confianza.

Incluso el portavoz del PP, Pío García Escudero, que pareció un tanto atenazado por la crisis de su partido, expresó una disposición 'no incondicionada' para alcanzar acuerdos.

Puesto que el calendario manda, acaparó buena parte del interés la revisión del sistema de financiación autonómica, ante la que, en mayor o menor medida, los grupos parlamentarios reclamaron que se escuche también la voz del Senado.

La financiación coge velocidad

Si Zapatero dejó claro el lunes ante la Ejecutiva del PSOE que la reforma se va a 'afrontar ya', ayer dio un paso más y expresó su decisión de avanzar 'a la mayor velocidad posible'. Incluso anunció la inminente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según fuentes del Ministerio de Economía, su orden del día está más vinculado a los presupuestos para 2009 que a esta reforma, pero la Generalitat pretende que el nuevo modelo se plasme ya en las cuentas para el próximo año.

El presidente del Gobierno no dejó resquicio cuando, en respuesta a los portavoces de CiU y L´Entesa, comprometió: 'Vamos a cumplir el contenido del Estatuto de Catalunya y también el compromiso en financiación'. A partir de esta afirmación, defendió que la bilateralidad que prevé el Estatut 'es compatible' con la 'multilateralidad' de una negociación que afecta a todas las comunidades y al Estado.

Precisamente, en el marco de negociación que esbozó la primera premisa fue la garantía de 'suficiencia financiera' del Gobierno para afrontar la financiación de nuevos servicios sociales como la ley de Dependencia, la construcción de infraestructuras interautonómicas o el impulso de planes territoriales.

La segunda premisa que señaló fue la suficiencia financiera de las autonomías, con un incremento de su corresponsabilidad fiscal. Zapatero destacó en este punto que ,'en el momento de decidir sus gastos, cada comunidad debe asumir también la responsabilidad de conseguir los ingresos necesarios para ello', y 'cada Administración debe gastar los recursos que recibe para la finalidad que los recibe'.

Agregó que debe mantenerse una 'solidaridad equitativa', esencialmente vinculada a la sanidad, la educación y los llamados servicios sociales. Y, finalmente, deberá asumir el impacto de variables como la población, su dispersión y envejecimiento, o la insularidad.

El escepticismo lo puso el portavoz del PP, quien pronosticó que 'la solución no parece ni próxima ni posible, ya que ni siquiera los socialistas se ponen de acuerdo'.

Palo y zanahoria con el PNV

El segundo gran foco de interés estuvo en las relación con el PNV, cuyo portavoz, Joseba Zubia, tuvo el gesto inédito de aprovechar la sesión para condenar el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco y el acoso a las casas del pueblo del PSOE.

Zubia reclamó un 'pacto de bilateralidad' y censuró al Gobierno porque 'apela al diálogo, pero no lo ejercita'. Pero, aunque se atuvo a la letra de

Ibarretxe, su tono fue llamativamente más amable y abierto a la colaboración, con agradecimiento explícito a Zapatero por haberle prestado los senadores suficientes para que hayan podido constituir grupo propio.

El presidente del Gobierno se mostró, a su vez, tan conciliador con el PNV como expeditivo con Ibarretxe, cuya hoja de ruta tachó de 'ocurrencia', con el agravante de remitírselo como 'un contrato de adhesión, cuyo encabezamiento ya da por supuesto un acuerdo' que, según recordó, es constitucionalmente imposible.

Diversidad de intereses

El resto del debate sirvió para confirmar la diversidad de España. El Partido Aragonés Regionalista reclamó un pacto sobre el agua, Coalición Canaria que se reconozca la ultraperiferiedad del archipiélago, el BNG más infraestructuras...