Las zonas rurales de Catalunya llevan meses organizadas contra el decreto 16/2019, que permite la implantación de macroproyectos de energías renovables, como parques solares y eólicos, que suponen una amenaza para el paisaje, el entorno natural y también la calidad de vida de cientos de pueblos a favor de las grandes empresas que los impulsan. Las comarcas de la Anoia y la Terra Alta son las que tienen actualmente más aerogeneradores. En conjunto, es una cuestión que afecta sobre todo a la Catalunya central, sur y poniente, así como a la comarca del Alt Empordà.

La Catalunya central, sur y poniente, así como la comarca del Alt Empordà, es donde se concentran más proyectos

La Generalitat ha aprobado este martes la modificación del decreto para incentivar el autoconsumo y priorizar los proyectos pactados con el territorio, pero los movimientos sociales desconfían del nuevo texto y ponen en duda que sirva realmente para reducir los macroproyectos y fomentar las comunidades energéticas locales.

Una de las principales críticas es que la modificación no se ha consensuado con las entidades, tal y como había dicho el Govern. "No se ha contado con el territorio [para elaborarlo]. Todavía podría facilitar más los macroproyectos que ya había en tramitación", afirma Ariadna Boixader, de la Asociación Salvem la Llena, de Les Garrigues (Lleida). Coincide Carles Mestre, de L'Albera Lliure de Molins (Alt Empordà, Girona), que afirma que "hasta el último momento" no se ha contado con las entidades y todavía a día de hoy no han podido ver el texto final. Comparte análisis con Boixader: "Los proyectos grandes seguirán adelante, aunque se favorezca a los pequeños. No se detendrán".

Raúl Domínguez, portavoz de la Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN), afirma que "se han dado pasos en la dirección correcta pero se han quedado cortos", sobre todo en cuanto a la protección de áreas naturales y a la participación territorial. Sin embargo, esperan que con las próximas legislaciones, como la Ley de Transición Energética, prevista para el primer trimestre de 2022, y también el Plan Territorial Sectorial para planificar las renovables, "se acaben de pulir los detalles" que no se han incorporado aquí, sobre todo en cuanto a temas urbanísticos.

El acuerdo del territorio, insuficiente

Uno de los cambios que promueve el decreto es que los proyectos de renovables necesitan la aprobación de al menos el 50% de los propietarios de la superficie afectada, pero las entidades lo ven insuficiente. "Llegar al 50% es muy fácil y las grandes energéticas saben muy bien cómo hacerlo para ir a venderlo a la gente", apunta Boixader. El hecho de que se trate de territorios envejecidos, o donde no se pueda dar continuidad a los trabajos agrarios, son dos de los factores que lo facilitan.

"No parece que el decreto ponga límites a todo esto, y al final, estás afectando al 100% de la población", lamenta el activista. Para Mestre, el acuerdo de la mitad de los propietarios no equivale al acuerdo del territorio, porque esta proporción hace referencia al terreno donde van las placas o la cementación de molinos, y la afectación va mucho más allá. "Es muy fácil encontrar ese 50%, pero al final se intenta dar una visión que no es la real", lamenta.

Lamentan la falta de concreción y ambigüedad sobre temas clave como la protección de los espacios naturales

Se trata de un decreto "con las mismas sombras" que el previo. Una ambigüedad y falta de concreción de los criterios que facilita que se puedan llevar a cabo proyectos cuestionados desde el punto de vista del territorio. "No hay muchos cambios respecto al decreto anterior sobre la protección de los espacios rurales, ni moratorias, no aclara si los macroproyectos tendrán que volver a tramitarse, si los más grandes se detendrán…", enumera Boixader.

El decreto establece que cualquier promotor de un proyecto deberá abrirlo a inversores locales, como por ejemplo los ayuntamientos, para participar en un mínimo del 20% sea en la propiedad o en la financiación. Sin embargo, Domínguez apunta que "se queda cojo" porque mucha gente de los pueblos no podrá implicarse a nivel económico.

Potenciar el autoabastecimiento de los pueblos

El decreto no contempla ningún tipo de moratoria y se podrán presentar proyectos desde el día siguiente al que la modificación se publique en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), previsiblemente, este miércoles o jueves. Los movimientos temen "otro alud de proyectos" por parte de las grandes empresas, como ocurrió con la aprobación del decreto 16/2019. Esto implicaría la aprobación de proyectos antes del impulso del Plan Territorial Sectorial de las energías renovables en Catalunya, que la consellera Teresa Jordà situó en el segundo semestre de 2023 y que servirá para decidir dónde se pueden implantar las infraestructuras. "Es una contradicción porque nos encontraremos con los hechos consumados", apunta Mestre.

No establece ninguna moratoria y a partir del día siguiente de la publicación en el DOGC ya se podrán presentar proyectos

Por lo que respecta al autoabastecimiento de los pueblos, las entidades tampoco consideran que el nuevo decreto sea suficiente. El texto fija como objetivo cubrir el 30% de las necesidades energéticas con instalaciones de autoconsumo, de pequeño formato o proyectos participativos, pero la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, de la que forman parte una ochenta de entidades, entre ellas Salvem La Llena y L'Albera Lliure de Molins, sitúa el mínimo óptimo en el 70%. Además, "es necesario que realmente den tiempo para hacerlo, es un proceso largo. Es contradictorio que [el Govern] diga que lo favorecerá pero a la vez se sigan tramitando los macroproyectos", afirma Boixader.

"La gente de los pueblos no está preparada para dar este paso tan importante. Debemos convertirnos en inversores y promotores de energías renovables, hay que invertir", dice Mestre, que recuerda que deben "competir" con empresas como Endesa-Enel, que ha anunciado que obtendrá el 30% de los fondos europeos destinados a energías renovables.

"Si tenemos que hacer frente a la emergencia climática, estamos dispuestos a invertir, a mover lo que haga falta para, como mínimo, cubrir el consumo local", señala Boixader. Sin embargo, lamentan que el documento no aclare cómo se avanzará hacia este objetivo ni establezca ningún tipo de moratoria para que los propietarios se puedan organizar y preparar. Vaticinan que, al final, se acabarán imponiendo las grandes empresas. "El pedazo grande del pastel se lo reparten entre los de siempre", lamenta Boixader.

Protección de los espacios naturales

La protección de los espacios naturales es otro tema que no está blindado en el nuevo decreto. Mientras en las directivas europeas se ponen en plano de igualdad la promoción de las energías renovables y la conservación de los espacios naturales, Mestre apunta que en Catalunya esto "no se quiere acabar de contemplar". En la Albera existen actualmente entre 10 y 12 proyectos presentados, algunos ya calificados como viables, que ubican molinos en zonas "conectoras" entre los diferentes espacios protegidos. Implicaría poner alrededor de 100 o 120 molinos. "El parque eólico y el parque natural son incompatibles", afirma Mestre.

En la Llena hay "contradicciones flagrantes" debido a que finalmente, después de 40 años, se aprobará la catalogación de las Muntanyes de Prades como parque natural, pero sólo cruzar la carretera, quieren instalar 30 aerogeneradores de 200 metros. "El Govern tenía una oportunidad muy buena de hacer las cosas bien y no parece que haya sido así", concluye Boixader.