La familia Franco sigue obcecada con su versión de que el Pazo de Meirás ha sido siempre de uso privado pero dos testigos del juicio han declarado que funcionarios del régimen estaban a cargo del cuidado de la finca. Incluso los bomberos del Ayuntamiento de Coruña que entre los años 60 y 70 abastecían de agua al pazo. La abogacía del Estado considera que la propiedad se basa en un título ‘simulado y fraudulento’, puesto que los antiguos dueños vendieron dos veces la propiedad que habían heredado, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica. Sin embargo, los Franco han querido echar balones fuera y su abogado ha declarado que ellos reconstruyeron el pazo cuando se incendió y que el Estado no se hizo cargo, así que por lo tanto, no le corresponde. Tanto el Gobierno, como la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Coruña y Sada y las asociaciones de Memoria Histórica reclaman que el Pazo fue expropiado y que debe ser patrimonio público.