Público

Seis años después las familias mexicanas de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 siguen exigiendo justicia. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes mejicanos de escuelas rurales se apoderaron de varios autobuses para asistir a una manifestación en la capital, pero nunca llegaron. La versión del anterior Gobierno mejicano, el de Peña Nieto, se conoce como verdad histórica y defiende que  los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados a Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río. Este relato ha sido cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apelan que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar, y más después de la aparición en el mes de julio de los restos óseos de uno de los estudiantes, que demuestra que no fueron incinerados. Los familiares han exigido durante años que se investigue la probable participación en los hechos de dos batallones del Ejército destacados en la zona.  Ahora el actual presidente, López obrador, da un paso adelante en esta investigación. Precisamente este  sábado en el sexto aniversario de la desaparición ha convocado a los familiares  en el palacio presidencial para anunciar que se ha dictado las órdenes de la detención contra 70 miembros del ejército y la policía presuntamente implicados. Un pequeño paso que acerca a los familiares a la justicia.