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Unas 24.000 niñas están en riesgo de sufrir una mutilación genital en España

Organizaciones sociales como Médicos del Mundo y la Unión de Asociaciones Familiares reclaman un impulso de la formación de los profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales para prevenir estos casos de ablación.

Dinding Soucko y las consecuencias de la mutilación genital femenina. EFE

EFE/Ximena Hessling

MADRID.- Unas 24.000 niñas y adolescentes residentes en España están en riesgo de sufrir mutilación genital, una práctica con raíces socioculturales ancestrales principalmente en países africanos, que tiene consecuencias perjudiciales para la salud a lo largo de sus vidas. Organizaciones como Médicos del Mundo y la Unión de Asociaciones Familiares reclaman un impulso de la formación de los profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales para prevenir estos casos de ablación.

La antropóloga Adriana Kaplan, que dirige la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja desde 1989 en la prevención de la ablación, hace esta estimación considerando el número de niñas que viven en España procedente de países donde se realiza esta práctica, y que ha aumentado un 40% desde 2012, cuando se cifraban en 17.000 las menores de 14 años en situación de riesgo.

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora este sábado, Kaplan señala que "queda mucho por hacer" para prevenir esta costumbre, que está reconocida internacionalmente como una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Más formación

La "gran tarea pendiente", en su opinión, es la formación "sistemática y específica" de los profesionales de la sanidad, la educación y los servicios sociales para hacer "un trabajo de prevención" y de acompañamiento y cuidados específicos a las mujeres que ya han sido mutiladas.

La población residente en España procedente de los países donde se lleva a cabo esta práctica es originaria fundamentalmente de Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, Mauritania, Camerún y Guinea-Bissau.

Esta población reside mayoritariamente en Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y el País Vasco, aunque se reparte prácticamente por todo el territorio nacional.

Los principales factores de riesgo son el país de procedencia de las madres, la pertenencia a una etnia, el nivel educativo de los progenitores y la prevalencia de esta práctica en generaciones anteriores.

Cuestión de cultura

Los defensores de esta costumbre argumentan que es decisiva para preservar la identidad étnica y de género, proteger la feminidad, la pureza y la virginidad, garantizar el honor de la familia, asegurar el matrimonio y mantener una higiene saludable.

Kaplan, una de las mayores expertas mundiales en mutilación genital femenina, estima que el "gran reto" es la formación de profesionales que están en los circuitos reglados de la sanidad, la educación y los servicios sociales para que puedan transferir el conocimiento hasta las comunidades "en cascada", sin que ninguna administración haya hecho "una inversión y una apuesta clara" en este sentido.

Destaca la importancia de hacer un trabajo de prevención con las niñas "desde antes de nacer" en los servicios de pediatría y enfermería, cuando la madre ha sufrido una mutilación genital y la niña puede estar en riesgo de padecerla, sin esperar "in extremis" al momento en que la familia está por viajar de vacaciones a su país de origen.

Los programas de prevención y acompañamiento, a su juicio, deben contribuir a combatir los prejuicios y crear competencias interculturales para que los profesionales puedan desarrollar su labor "desde el respeto y el acercamiento".

La experta reconoce la necesidad de disponer de un marco jurídico adecuado contra la mutilación genital femenina, aunque matiza que "la ley no es suficiente porque los cambios en la legislación no modificar una tradición milenaria".

Alrededor de 130 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de mutilación genital femenina, según Unicef, que considera que es "imprescindible trabajar para aumentar las tasas de descenso y evitar la continuidad de una práctica que supone una violación de derechos humanos".

Elena Filella, especialista en derechos de infancia de Unicef Comité Español, precisa que la organización trabaja con las comunidades, los líderes tradicionales y religiosos, el personal de sanitario de los centros de salud, los medios de comunicación y los gobiernos para generar sensibilización e información sobre los perjuicios de la mutilación genital femenina sobre la salud y el desarrollo de las niñas y de las generaciones futuras.

Reclamo de las organizaciones sociales

Las organizaciones sociales reclaman un impulso de la formación de los profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales para prevenir estos casos de ablación.

Este es el mensaje que lanzan Médicos del Mundo y la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), entre otras entidades, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, este sábado.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron en enero de 2015 un Protocolo Común de Actuación Sanitaria, que prevé un seguimiento de las familias pertenecientes a las etnias en las que hay mujeres que han sufrido una mutilación genital ante el riesgo de que sus hijas también se vean sometidas a esta práctica.

El documento establece que las familias africanas que hacen viajes a sus países de origen, en los que se mutilan los genitales de las niñas y mujeres, firmen un "compromiso preventivo" antes del desplazamiento y un control posterior.

Los profesionales sanitarios, que trabajan directamente con la población de riesgo, ocupan "un lugar clave" en la detección y prevención de la mutilación genital femenina, según el protocolo.

Médicos del Mundo, que cuenta con programas en España para prevenir esta práctica desde hace una década, reclama la puesta en marcha inmediata del Protocolo Común para instruir a los profesionales sanitarios con el objetivo de detectar los casos de mutilación genital femenina.

Desde este colectivo, Anunciación Pérez lamenta que el Protocolo Común se dirija exclusivamente al personal sanitario y excluya a los agentes educativos y sociales, lo que reduce el número de profesionales con capacidad de identificar a la población de riesgo.

Pérez se queja de que el protocolo nacional no haya tenido en cuenta la normativa autonómica previamente existente en Cataluña, Aragón y Navarra, que sí incluye medidas en los ámbitos de la educación y los servicios sociales.

En el último año Médicos del Mundo atendió a 261 personas de diecinueve países africanos, organizó 368 talleres y realizó 226 asistencias sociosanitarias (para la tramitación de tarjetas sociosanitarias o consultas de salud sexual y reproductiva).

Por su parte, la UNAF trabaja desde el año 2011 en la prevención, la formación de profesionales para detectar la población de riesgo y la sensibilización de la población inmigrante a través de talleres en todo el territorio nacional.

Las personas procedentes de los países donde pervive esta práctica deben entender que esta costumbre es "nociva" y que tiene unas consecuencias "nefastas" para la salud de las mujeres y las niñas que la sufren, explica a Efe la responsable del programa de prevención e intervención de la UNAF, Nieves Crespo.

No obstante, precisa, la actuación tiene que tener características "constructivas", mostrando la relación entre la causa y el efecto, para que las mujeres adopten una posición contraria a la mutilación genital femenina por sí mismas.

Crespo reconoce que la complejidad de la labor de sensibilización de las familias, aunque apuesta por aprovechar la oportunidad de desarrollar un trabajo de intervención concreto con la población proveniente de países donde se mantiene esta forma de violencia de género.

Manual de prevención

La Confederación Nacional Mujeres en Igualdad ha anunciado la actualización del "Manual de Prevención de la Mutilación Genital Femenina: Buenas Prácticas", del que se editarán 11.000 ejemplares en castellano, inglés y francés.

Esta organización recuerda que en España esta práctica es un delito que está recogido en el Código Penal con penas que oscilan entre seis y doce años de prisión.