Los abogados de ocho víctimas del asesino de Marta Calvo piden su prisión permanente

Los abogados de ocho de las víctimas del asesino de Marta Calvo han solicitado al Juzgado de Instrucción número 20 de València la apertura de un juicio oral y piden para el acusado, Jorge P.J., penas de prisión permanente revisable por el asesinato de dos de ellas, 15 años por asesinato en grado de tentativa y otros ocho por abuso sexual.

Según consta en el escrito de acusación presentado al juzgado, al que ha tenido acceso Efe, esta acusación particular cree que el acusado actuó con la agravante de género y de reincidencia. Eso mismo es lo que reclama la madre de Marta Calvo.

En concepto de responsabilidad civil, los abogados de la acusación piden una indemnización de 50.000 euros a seis de sus representadas por "daño moral; además de 50.000 euros para una de las víctimas mortales, Arliene Amos, y 90.000 euros para cada una de las hijas menores de edad de Lady Marcela, que también falleció presuntamente tras mantener relaciones sexuales con el acusado.

Según el relato de los hechos de esta acusación, Jorge P.J. eligió a sus víctimas, que ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero, por ser "mujeres vulnerables", engañándolas para poder hacerlas sucumbir a "sus imposiciones y ánimo de dominación y machismo".

A todas ellas, añade, les exigía realizar "fiesta blanca", que consiste en mantener relaciones sexuales y consumir sustancias estupefacientes, para garantizar la presencia de cocaína en el encuentro, que permanecieran desnudas e "introducirles de forma sorpresiva y son consentimiento cantidades importantes de cocaína de gran pureza en la vagina".

Con ello, precisa el escrito, se aseguraba la "no resistencia" de la víctima, además de eliminar su capacidad defensiva, cognitiva y volitiva al introducirle sustancia tóxica. Mientras, el acusado mantenía "sus facultades mentales intactas para proceder a la intoxicación de las mujeres, engañándolas y haciéndoles creer que ha consumido cocaína o alcohol", se puede leer en el escrito de acusación.

En algunos casos, y previo a la introduciendo de la cocaína en el cuerpo de las mujeres, utilizaba algún tipo de sustancia que vertía en una copa de alcohol, a escondidas de las mujeres, con objeto de que éstas confiadas la ingirieran sin conocer la existencia de esta sustancia tóxica, y de esta forma se aseguraba mermar las capacidades defensivas de las victimas.

El ánimo del acusado, añade, era "intoxicar a las mujeres con cocaína de forma letal y a la vez ir eliminando la capacidad defensiva de estas". Conocedor de que la reacción letal que provoca esta sobredosis se va desarrollando desde taquicardias, convulsiones, semiinconsciencia, inconsciencia hasta llegar a la muerte, "disfrutaba viéndolas agonizar", señala el escrito.

Este estado de "dominio" del acusado sobre la victima desnuda y desvalida, presenciando la reacción el cuerpo indefenso "es lo que producen su disfrute y gozo, utilizando a las mujeres como meros instrumentos", precisa el escrito.

El acusado, añade, "actúa siempre para ejecutar su plan en la clandestinidad, e intimidad, sin testigos", y eliminando las pruebas o utilizando para los encuentros identidades falsas, con objeto de no ser descubierto, sirviéndose de un método que camufla su etiología en accidental o imprudente.

Dos de las víctimas, Arliene Ramos y Lady Marcela, fallecieron en abril y junio de 2019 respectivamente tras supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con el acusado. La acusación pide por cada una de estas dos víctimas que se condene al acusado por un delito de asesinato, cometido con alevosía, así como por los delitos abuso sexual y tráfico de drogas, con los agravantes de género y reincidencia.

Por el delito de asesinato piden prisión permanente revisable, y medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años, 8 años de prisión por el delito de abuso sexual y 5 por tráfico de drogas.

Por cada una de las otras seis víctimas que representan, la acusación particular piden 15 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa; ocho por un delito de abuso sexual, y 5 por tráfico de drogas.