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Abuela Marihuana Clamor contra el juicio a la activista más veterana por la regularización del cannabis

Expertos de la Universidad, las letras, el derecho y el movimiento asociativo rechazan la causa judicial abierta a Fernanda de la Figuera, de 76 años, que el miércoles se enfrenta a una petición de la fiscalía de cuatro años de cárcel por cultivar marihuana para una asociación con fines terapéuticos. 

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Fernanda de la Figuera, activista de 76 años, se enfrenta una pena de 4 años de prisión por cultivar marihuana con fines medicinales.

Fernanda de la Figuera, la activista más veterana de España por la legalización del cannabis, será juzgada  este miércoles en Málaga, vista oral que se suspendió el pasado abril por unos hechos que se remontan a 2014, cuando le requisaron las plantas de su huerto con las que se abastecían con fines terapéuticos y medicinales más de un centenar de socias de una asociación de mujeres.

El fiscal solicita para ella cuatro años de cárcel para ella en un procedimiento judicial representantes de la Universidad, las letras, el movimiento asociativo y el derecho consideran un despropósito, fruto de la ausencia de una regulación del cannabis en nuestro país, y que exigen, por ello, el sobreseimiento de la causa contra esta mujer de 76 años, la "Abuela Marihuana".

Carola Pérez: "A Fernanda habría que aplaudirla"

La presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal y fundadora también de la asociación de usuarios terapéuticos Dosemociones, Carola Pérez, considera "ridículo" que una mujer como Fernanda de la Figuera sea juzgada por haber ayudado, sin ningún ánimo de lucro, a otras mujeres que necesitaban el cannabis para paliar los efectos de sus enfermedades. "A Fernanda habría que aplaudirla, no juzgarla", afirma Pérez, quien subraya: "Este juicio no debería ni celebrarse. ¿Cómo puede pasar por esto una persona a su edad, con las implicaciones físicas y emocionales que ello conlleva? Es un tema de derechos humanos".

Detrás de este juicio, según Carola Pérez, hay datos como el del medio millón de enfermos en España que, debido a la falta de regulación, tienen que acudir al mercado negro, clandestino o alegal, para conseguir los canabinoides que necesitan para paliar sus dolencias, arriesgándose a una sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana en unos casos, a la aplicación del Código Penal, en otros, y siempre a la incertidumbre y el peligro de no saber exactamente qué es lo que están tomando.

"En España hay que regular todo esto ya”, recalca la presidenta del Observatorio, que critica que el Gobierno conceda licencias para cultivar cannabis con fines medicinales en nuestro país que luego se exporta a otros, porque aquí no está legalizado su uso. “Estamos haciendo un rídiculo mundial", concluye.

Araceli Manjón-Cabeza: "Necesarios cambios legales"

La profesora titular de Derecho Penal y directora de la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Manjón-Cabeza tacha de "disparate" que se juzgue a Fernanda de la Figuera cuando en "España existen plantaciones legales de cannabis para uso medicinal manejadas por empresas que van destinadas al consumo legal en otros países".

A juicio de esta profesora de Derecho Penal, son necesarios cambios legales que permitan un acceso seguro al cannabis medicinal en nuestro país. "Deberían contemplarse varias vías de acceso: medicamento de síntesis, medicamento fitoterapéutico, producto natural y preparados a base de producto natural, dispensario y autocultivo.

La reglamentación daría seguridad sanitaria y jurídica a los usuarios medicinales, cosa que hoy no tienen, con lo que suman a sus padecimientos los de la inseguridad de lo que usan y las consecuencias legales y de salud que se puedan producir", explica Manjón-Cabeza.

Antonio Escohotado: "Es una vergüenza y una hipocresía"

Antonio Escohotado, reconocido ensayista y autor del libro Historia General de las Drogas, considera una "vergüenza y una hipocresía" que se juzgue a Fernanda de la Figuera "por unas plantitas" cultivadas hace años para el autoconsumo. "Es un anacronismo que se persiga a la gente" por este tipo de hechos, critica el filósofo.

Escohotado confía en que tras la vista oral que se va a celebrar el próximo miércoles en un juzgado de lo Penal de Málaga "tengan la decencia" de sobreseer la causa y absolver de todos los cargos a una de las más veteranas activistas por la legalización del cannabis en España, a la que conoce, además, desde hace muchos años.

A su entender, todo lo que debería ocurrir con este procedimiento judicial se encuentra perfectamente detallado en los planteamientos que defiende como activista Fernanda de la Figuera y en los libros que él ha escrito analizando las drogas y la necesidad de su regularización.

Nuria Calzada: "Es una barbaridad"

Nuria Calzada ha intervenido ante la Comisión sobre Estupefacientes de la ONU y en la Comisión Global sobre Drogas como experta y coordinadora estatal de Energy Control, un programa de la Asociación Bienestar y Desarrollo sobre reducción de daños del consumo. "Es una barbaridad ir a la cárcel por un asunto como en el que está acusada Fernanda de la Figuera, y más aún a su edad y después de haber estado toda su vida luchando por la regularización de cannabis", dice Calzada.

Esta experta en materia de drogas considera absolutamente necesario abordar en España una regularización "responsable", alejada del modelo “neoliberal” que se está implantando en EEUU, y que tenga en cuenta las vertientes del autocultivo y de los clubes de usuarios muy extendidas en nuestro país.

"Parece lejano todo eso de la regularización, pero se están dando ciertos pasos. En otros países hay mucho movimiento sobre esto y en España, desgraciadamente, estamos dejando pasar mucho tiempo, aunque la sociedad es cada vez más favorable a la regulación", subraya Calzada, que asegura que lo que no va a arreglar nada es seguir con las multas y los juicios.

Xabier Arana: "La política prohibicionista hace aguas"

Xabier Arana, integrante del Grupo de Estudios sobre Políticas del Cannabis (GEPCA) y profesor investigador del Instituto Vasco de Criminología, no conoce de primera mano el caso de Fernanda de la Figuera, pero señala que se produce dentro de un contexto general de una política prohibicionista del cannabis que "está empezando a hacer aguas" en todo el mundo y que ha empezado a ser sustituida en algunos países, como Uruguay, por otro tipo de experiencias legislativas innovadoras y muy interesantes.

Arana considera que en España se deberían abrir también otras vías, "otra política que se adapte a la realidad social" actual, alejada de las medidas punitivas que originan que el 60% de los delitos contra la salud pública del Código Penal y en torno a 80% de las sanciones impuestas por vulneración de la Ley de Seguridad Ciudadana estén relacionados con el cannabis. "Antes o después –sostiene este profesor- se llegará a una regulación. Es cuestión de tiempo, aunque ahora no esté en la agenda política", porque se trata –precisa–, de un derecho de las personas a saber, por ejemplo, qué es lo que están consumiendo.

Clara Sativa: "Es un referente del movimiento cannábico"

"Fernanda es un referente del autocultivo y el movimiento cannábico. Es la primera cultivadora legal en España a la que ya absolvieron en 1995. Ha estado en el Congreso de los Diputados varias veces en comisiones por la regulación de la cannabis y estuvo en el primer encuentro de Mujeres Cannábicas de España que se realizó en marzo de 2016 en Barcelona. Allí, todas juntas plantamos una semilla y creamos REMA", proclama Clara Sativa, portavoz de la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas que integra a asociaciones feministas y cannábicas de todo el país.

En nombre de REMA, de la que es confundadora, Clara expresa su "repudio a la utilización del derecho penal para criminalizar el autocultivo", por lo que califica el juicio a Fernanda de la Figura como "una vergüenza, una injusticia y un insulto a la ciudadanía consciente y organizada".

Esta organización antiprohibicionista exige el "cese de la criminalización y persecución del uso y cultivo" de cannabis, así como que los partidos políticos asuman "una postura firme y propositiva para la protección de los derechos de las personas cultivadoras y usuarias" y para la "regulación integral" de la planta con el fin de garantizar un acceso seguro.

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