Un sacerdote marianista de nacionalidad española fue imputado hoy formalmente por la presunta comisión de abusos sexuales contra un menor de edad en un colegio de Santiago de Chile, según informaron fuentes judiciales.

Los hechos, de los que la propia Congregación marianista dio cuenta a las autoridades hace un mes, ocurrieron entre los años 2007 y 2009 en el colegio Miguel León Prado, situado en el sector santiaguino de San Miguel, donde el imputado se desempeñaba como profesor de actividades extracurriculares, indicaron las fuentes. Junto con dar cuenta del caso, el presunto autor, identificado como J. L. B., fue suspendido de sus funciones.

Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía apenas seis años de edad. "Esta es una investigación que se ha realizado desde hace más de un mes", dijo a los periodistas, al término de la audiencia judicial, el fiscal del caso, Guillermo Adasme. Adasme trabaja además junto a Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, en la indagación de una serie de denuncias presentadas en los últimos meses contra profesores de colegios maristas chilenos.

La diligencia con la que se ha llevado a cabo la investigación "da cuenta de la importancia que tiene para el Ministerio Público esclarecer estos hechos, y es por ellos que hoy día estamos formalizando", señaló el fiscal Guzmán. "Nosotros vamos a analizar la información que se recabe producto de las diligencias de la investigación y vamos a recibir todas aquellas denuncias que cumplan con los requisitos y estándares legales para llevar adelante una investigación", agregó.

En la audiencia, celebrada en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal decretó contra el imputado arraigo nacional (prohibición de salir de Chile) y prohibición de acercarse a la víctima, además de establecer un plazo de investigación de 180 días.

Los casos de abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia Católica chilena y en las últimas semanas el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos, después de que el pasado mayo 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieran sus cargos tras ser citados a El Vaticano por el pontífice. Dos de esos cinco, Juan Barros y Horacio Valenzuela, fueron acusados directamente de encubrir los abusos contra menores por las víctimas del párroco Fernando Karadima, caso en que el papa debió enmendar su posición tras haber sostenido en un principio que las acusaciones contra los obispos eran calumnias.

El pontífice invitó también a algunas víctimas a Roma, les pidió perdón y anunció cambios en la Iglesia chilena, con medidas de corto, mediano y largo plazo, tras señalar que su negativa inicial a creerles se debió a que recibió información falsa sobre la situación. Alejandro Goic, otro de los obispos que renunciaron, aunque se indicó que era por edad, admitió haber sido negligente por el caso llamado La Familia, una sociedad concertada de curas para abusar de menores en su diócesis de Rancagua. Otro de ellos, Gonzalo Duarte, obispo de Valparaíso, también dejó el cargo por edad, según la versión oficial, pero ha sido acusado de abusos sexuales por seminaristas, novicios y sacerdotes jóvenes.