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Abusos laborales Casi 10.000 trabajadores explotados recuperan 38 millones en sueldos impagados

Una campaña de la Inspección de Trabajo detecta abusos laborales en más de 3.000 empresas por excesos de jornada, incumplimientos de convenio, subrogaciones irregulares e infrasalarios y aflora un inquietante grado de frecuencia de los atropellos al darse en el 7% de las compañías investigadas.

Imagen de un trabajador
La Inspección de Trabajo ha detectado abusos salariales sobre 9.833 empleados en 3.123 de las 44.054 empresas que ha supervisado. Pixabay

Casi 10.000 trabajadores han recuperado más de 38 millones de euros que sus empresas les habían pagado de menos por su trabajo como consecuencia de una campaña de la Inspección de Trabajo, que en poco más de dos años suma el afloramiento de esta bolsa de fraude a otros como los de los falsos autónomos o los detectados en los ERTE extraordinarios por la pandemia.

El volumen de fraude detectado en esos tres ámbitos resulta tan inquietante como revelador del grado de deterioro del mercado laboral español, ya que a esos 9.833 asalariados que sufrieron sisas por valor de 38,4 millones de euros en sus nóminas se les añaden otros 49.755 que operan con condiciones laborales de empleado y sociales de autónomo, cuya situación generó un agujero de 295,36 millones de euros en cotizaciones (equivalente a 984,5 en sueldos), y los incluidos en los 3.635 ERTE fraudulentos.

La revisión de los convenios y las tablas salariales

Los impagos de los salarios que ahora van recuperando los trabajadores afectados se produjeron como consecuencia de haber sufrido excesos de jornada sobre la recogida en sus contratos, incumplimientos de convenio, subrogaciones irregulares en las que no se respetan las condiciones laborales y pago de salarios por debajo de los mínimos legales.

De hecho, fuentes del Ministerio de Trabajo destacaron que "para potenciar las actuaciones planificadas se ha intensificado la colaboración con la Dirección General de Trabajo para acceder a información en materia de negociación colectiva, como convenios y tablas salariales actualizadas".

Paralelamente, añadieron, "se ha vigilado de forma especial que las empresas abonen en todo caso la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada año, así como las condiciones de personas trabajadoras afectadas por subrogaciones empresariales". Esta es la primera ocasión en que la Inspección actúa de oficio e incluye la supervisión de las subrogaciones en una campaña planificada, que hasta ahora solo revisaba cuando recibía una denuncia.

"El impago de salarios o el retraso en su abono es un acto gravísimo que genera las más dañinas situaciones en la vida de las personas trabajadoras y de sus familias", anotaron las mismas fuentes.

Esos abusos, más cercanos a la explotación para mantener modelos de negocio insostenibles que a la desidia, existían ya antes de la pandemia, aunque, a tenor de los resultados del trabajo de la Inspección en esos tres ámbitos, todo apunta a que se han ido intensificando conforme esta iba avanzando.

En este sentido, resulta significativo que la detección de casi la mitad de los impagos de salarios, 17.492.085 euros de 38.434.157, se produjera en 2020, con el parón de la actividad en marzo y la posterior concentración de los esfuerzos de la Inspección en la supervisión de los ERTE hasta julio, cuando la campaña específica había comenzado en agosto de 2018.

Un boquete de más de once millones en la Seguridad Social

El Plan Director de la Inspección incluyó en esos 29 meses un total de 44.054 actuaciones en las que los inspectores detectaron 3.123 infracciones con propuestas de sanción y emitieron 9.833 requerimientos para que las empresas liquidaran a sus trabajadores esos salarios impagados.

La tasa de fraude que revelan esas cifras, con infracciones detectadas en el 7,08% de las inspecciones, supera incluso el 6,05% que arroja la supervisión de los ERTE, con 33.440 órdenes de servicio por irregularidades cuando los datos del Ministerio de Inclusión contabilizan 496.169 expedientes de regulación extraordinarios por la pandemia.

Esos 38,4 millones de euros no incluyen las cotizaciones no ingresadas en la Seguridad Social como consecuencia de las sisas ni tampoco la cuantía de las sanciones derivadas de esas conductas. Las primeras se situarían en el entorno de los 11,5 millones de euros.

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