Los miembros del Cabildo de Tenerife guardaron el lunes un minuto de silencio a las puertas del edificio por la última mujer asesinada a manos de su pareja. Justo en frente de ellos, a muy pocos metros, Inma Évora esperaba que alguno de los representantes públicos se dignara a hablar con ella. Lleva más de 15 días acampada allí, junto a algunos compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), después de que Cáritas la haya despedido por su activismo mientras estaba de baja y después de que la organización de la Iglesia se haya “apropiado” del proyecto de la PAH para hacer frente al drama de los desahucios en Canarias, denuncia. “El Cabildo y Cáritas nos han utilizado a mí a la PAH descaradamente para tener algo que no tenían. Se han quedado con nuestro proyecto y después me han despedido por seguir siendo activista”, critica la afectada.

Inma es una destacada miembro de la PAH de Tenerife, una plataforma que lleva años paralizando desahucios en diferentes localidades de la isla, acompañando y asistiendo jurídicamente a los afectados y ayudándoles durante las mediaciones con entidades bancarias y otros propietarios para lograr un alquiler social.

En 2015, tanto Inma como la PAH vieron posible que su trabajo altruista encontrara cauce y financiación por parte de la Administración pública. El Cabildo de Tenerife creó el Consejo Insular de la Vivienda, un órgano colegiado con participación del Gobierno de Canarias, del Cabildo, ayuntamientos, empresarios, colegios profesionales, sindicatos y la PAH para paliar el drama de los desahucios en la isla. En su presentación, el consejero de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (PSOE), se hizo acompañar de Inma Évora, portavoz de PAH, para anunciar las líneas de trabajo de este órgano: rehabilitación de viviendas, creación de una oficina de intermediación para familias y ayuntamientos en materia de desahucios, creación de un protocolo antidesahucios para personas vulnerables, asistencia y orientación jurídica para los afectados y facilitar el acceso a una vivienda pública a las personas sin hogar. Menos de tres años después, Abreu se niega a hablar con Évora.

El consejero de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (centro) junto a Inma Évora durante la presentación del Consejo Insular de la Vivienda, en 2015.- EUROPA PRESS

Desde que el Consejo Insular de la Vivienda empieza a funcionar, Évora se encarga de coordinar las mesas de trabajo de intermediación y protocolo antidesahucios y a poner sobre la mesa el proyecto de intervención social que la PAH llevaba años aplicando desde el activismo. “Cuando empezamos a trabajar vimos que había una situación de precariedad, de desconocimiento y de desinterés enorme por parte de la Administración. No saben cómo hacer nada de lo planteado ni cómo aplicar las medidas, así que desde la PAH empezamos a implantar nuestro proyecto”, explica la activista.

La solución al drama, según Évora, pasa por crear un parque de vivienda para alquiler social, “pero eso solo se puede hacer llegando a acuerdos con promotores y grandes tenedores de vivienda vacía. En concreto, en Canarias es La Caixa, que absorbió Caja Canarias y la mayoría de sus activos inmobiliarios”, matiza.

La irrupción de Cáritas

Ya en 2016, con las líneas generales esbozadas, el Cabildo intenta poner en marcha el plan diseñado en el Consejo con ayuda de la PAH. La Plataforma creó una asociación para tratar de dar “un servicio público decente” y trabajar de la mano del Gobierno insular, pero no había personal especializado en la administración ni tampoco hubo acuerdo en cuanto a la financiación y formas. “Querían darnos 18.000 euros de subvención para desarrollar asistencia jurídica, una oficina de intermediación y acompañamiento para las familias desahuciadas… Era totalmente insuficiente”, critica Évora.

Entonces entró en juego Cáritas. “El consejero Abreu la introdujo en el Consejo Insular de la Vivienda, en las mesas de trabajo que yo coordinaba, para poner en marcha un programa de ayudas al alquiler y acceso a la vivienda”, explica la activista. Un proyecto paralelo al que la PAH y Évora diseñaban. Tras meses de reuniones conjuntas entre Évora, el consejero Abreu y su personal y representantes de Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia decide contratar a Évora para aprovechar su experiencia y el trabajo previo que ya habían hecho.

Évora aceptó el trabajo por su relación con la lucha por el derecho a la vivienda y también, explica, porque es madre de una hija. "El activismo te marca mucho y desde que fui portavoz de la PAH ha habido una campaña grande de desprestigio contra mí en medios de comunicación y desde la política. Para encontrar trabajo me veo y me las deseo", confiesa.

Así nació el proyecto Base 25, que se anunció públicamente en julio y que contaba con 200.000 euros de subvención pública. Una cantidad notablemente superior a que le ofrecieron a la PAH para el mismo proyecto y que, según Évora, finalmente ha superado los 300.000 euros. “Eso demuestra a quién interesaba realmente conceder fondos para el mismo proyecto”, lamenta Évora.

Pero una vez que el proyecto echa a andar, Évora empieza a notar “cosas raras”. En primer lugar, Cáritas definió unos perfiles “excluyentes” para los posibles beneficiarios de estas ayudas. En concreto, explica la activista, exigían a los solicitantes contar con ingresos para hacer frente al alquiler, “mientras que desde la PAH insistimos en que quienes no tienen ningún ingreso son los que más ayuda necesitan”, esgrime. Además, añade, Cáritas obligaba a los beneficiarios a firmar un contrato de compromiso de intervención social y no se comprometía a negociar alquileres sociales para los afectados en caso de desahucios. “Así comenzaron las discrepancias porque el proyecto se había desvirtuado por completo”, critica.

Despida tras meses de baja por ansiedad

Entre tanto, la activista estaba de baja laboral por ansiedad debido a “presiones y problemas personales” relacionados con su actividad en la PAH, apunta. Aunque siguió implicada en el activismo y desde Cáritas siguieron pidiéndole información, documentos y contactos. “Poco a poco me fueron relegando de mis funciones, ya me habían sacado de las convocatorias de reuniones hasta que me di cuenta de que querían deshacerse de mí y de la PAH”, relata.

Tras recibir una carta de Cáritas en la que ponían en duda su enfermedad, Évora decidió poner el caso en manos del sindicato CNT. Finalmente, el día después de que la PAH paralizara por cuarta vez el desahucio de una mujer y su hijo de un piso de La Caixa, Évora recibe un SMS de la Seguridad Social en el que le comunicaban su baja. “No es casualidad, porque Cáritas abandonó a esa mujer y la única alternativa que le ofreció le obligaba a dejar a su hijo en manos de los servicios sociales”, explica.

Un día después, la activista recibía su carta de despido. En ella, Cáritas afirmaba que, pese a estar de baja, Évora ha participado en diferentes actos públicos, aparecido en medios de comunicación para hablar sobre vivienda y renta básica, había difundido convocatorias por redes sociales y había ejercido como intermediaria en para frenar desahucios. La organización de la Iglesia considera que esa “actividad ordinaria” que Évora estaba realizando durante su baja era “compatible" con la actividad laboral para la que fue contratada. Es decir, según Cáritas, si podía mantener su tareas como portavoz y activista de la PAH, también podía reincorporarse. Évora había incumplido “la buena fe contractual”, según la carta de Cáritas. La activista, junto a la CNT, ha solicitado la nulidad del despido y están a la espera de ir a los tribunales.

Desde Cáritas Diosenana de Tenerife no han querido valorar este caso. Aseguran que se trata de una relación contractual y que no realizan declaraciones sobre a quién se contrata y a quién se despide. Sobre la "apropiación" del proyecto de ayuda a al alquiler, Cáritas tampoco se pronuncia, pero recuerda que es "un proyecto público, auditado y que está funcionando" y subraya que es "el primer proyecto que pone a trabajar conjuntamente a Gobierno, Cabildo, Ayuntamientos, entidades financieras y organizaciones sociales".

El Cabildo se desentiende

Desde el Cabildo de Tenerife, a quien Évora también responsabiliza de su despido, tan sólo emitieron una nota de prensa para explicar su postura ante la protesta de la activista. "Esta Corporación no es parte implicada en la relación laboral entre Inma Évora y Cáritas Diocesana de Tenerife, por lo que no puede intervenir en esta materia. Solo espera que el conflicto se resuelva de forma favorable para ambas partes”, aseguró.

No opina lo mismo Évora y por eso decidió acampar frente al Cabildo de forma indefinida. “No me iré hasta que se reconozca que ese proyecto de Cáritas lo hemos diseñado nosotros, la PAH, y se le ha dado a ellos a dedo, se ha privatizado. Queremos que se retome la idea inicial del Consejo Insular de la Vivienda, que vuelva a éste reunirse y que se dé un servicio público por el derecho a la vivienda coordinado con el Gobierno de Canarias que llegue a todo el mundo sin excluir a nadie”, concluye.