Un documento firmado por cerca de media centena de activistas por los derechos humanos y feministas de distintos países de mundo, pide al Gobierno Español que proteja a las madres que en España denuncian la violencia de género y sexual hacia sus hijos. En un llamamiento abierto los firmantes llaman la atención a la sociedad española "ante una situación de grave violación a los derechos humanos" en casos de violencia de género y violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

En el comunicado denuncian que "desde hace años el Estado español viene aplicando una política de quita de custodias a madres (arrancamientos) que han presentado denuncias por malostratos y abuso sexual infantil hacia sus hijos por parte de sus progenitores".

Hacen referencia a que "las sentencias ejemplarizantes hacia esas madres, incluyen como escarmiento, la condena a prisión de mujeres que han incumplido sentencias judiciales para no entregar a sus hijos a sus abusadores".

El documento, titulado Llamado a la acción. Madres presas por proteger a sus hijos/as en España, se hace público coincidiendo con el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto parcial para Juana Rivas. 

El acuerdo del Gobierno supone la rebaja a la mitad de la pena de prisión por por dos delitos de sustracción de menores. De esta forma pasa de dos años y medio a un año y tres meses. Juana Rivas denunció en múltiples ocasiones a su ex esposo por violencia de género y malos tratos. Como se relata en el documento,  "ni ella ni sus hijos fueron escuchados".

El Ejecutivo ha decidido también tumbar la prohibición de seis años del Tribunal Supremo que le hubiese impedido tener la patria potestad. Como alternativa la conmutará con 180 días de trabajos para la comunidad, como ha avanzado El País.

No es el único caso del que el documento se hace eco. También recuerda en caso de Ángela González, que tras más de 50 denuncias "solicitando protección para su hija" no fue oída y la niña acabó siendo asesinada por su progenitor en una visita no vigilada en 2003, cuando la menor tenía siete años. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer condenó a España en julio de 2014 por el asesinato de Andrea, la hija de Ángela. En 2018 el Tribunal Supremo de España reconoció que el Estado español cometió fallos en el caso de Ángela González y su hija, e impone una indemnización de 600.000 euros.

"Si Ángela González hubiera inclumplido la orden judicial, seguramente su hija Andrea estaría viva. Pero Ángela fue obediente con la sentencia judicial y este es el resultado", afirman los firmantes del escrito.

El documento hace referencia, también, a María Sevilla, la expresidenta de la organización Infancia Libre, quien afirman, "ha sido brutalmente criminalizada por evadirse de cumplir la sentencia que ordenaba entregar a su hijo a su presunto abusador. Ella, que está a punto de ser encarcelada por eso, solo puede ver a su hijo una hora cada 15 días, desde hace 2 años".

Pero ellas no son las únicas con condenas de cárcel, añaden, y citan también a: María Salmerón, Sara B. B. (quien jamás estuvo fugada), Helena Cuadrado y Patricia González. "Sus delitos, proteger a sus hijos/as de progenitores violentos".

Entre los firmantes del documento se encuentran personalidades como la jurista Alda Facio, de Costa Rica una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional y directora del Programa "Mujer, Justicia y Género" del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); Enrique Stola, médico psiquiatra Argentino reconocido por su lucha contra la violencia de género y artistas, investigadoras y responsables de organizaciones de países como Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador o Chile, entre otros. 

El documento recuerda que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonovic, envió en septiembre de 2020 una carta en la que exigía explicaciones al Gobierno español por la utilización del inexistente síndrome de Alienación Parental en el caso de Irune Costumero, que fue separada de forma violenta de su hija por los servicios sociales de Bizkaia en agosto de 2017, cuando la menor tenía sólo cuatro años. En ella, la Relatora expresaba su "profunda preocupación por la integridad física y mental" de la señora Costumero y de su hija, y llaman la atención a España sobre la necesidad de aplicar los estándares y normas internacionales "que protegen los derechos que se les están vulnerando a las víctimas mencionadas".

En la misiva hace referencia al caso de Ángela González Carreño y otras madres que han pasado por situaciones similares y afirma que "nos preocupa el uso del presunto Síndrome de Alienación Parental (SAP), contra las madres y la falta de credibilidad que algunos tribunales otorgan al testimonio de los niños y niñas cuando la madre denuncia abusos hacia el menor por parte del padre. Los mecanismos legislativos actuales y futuros no abordan adecuadamente la consideración que debe acordarse a la existencia de violencia doméstica a la hora de determinar la custodia de los hijos".

En la carta muestra, además, una "profunda preocupación que los estereotipos y prejuicios de género, así como la ausencia de una perspectiva de género y de un análisis interseccional de la discriminación contra la mujer obstaculicen el acceso a la justicia por parte de las mujeres y niñas víctimas impidiéndoles obtener un recurso efectivo". 

"Frente a este contexto, las abajo firmantes, hacemos un llamado público para que España revise estas sentencias que constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos, brinde inmediata protección a niños y niñas que se encuentran conviviendo con progenitores violentos y evite el encarcelamiento o deje sin efecto el mismo, de varias madres que están luchando para proteger a sus hijos", concluye el documento.