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Así actuó la Universidad Hispalense en el caso de los abusos del catedrático

Un colectivo de académicas de la Universidad de Sevilla impulsó movilizaciones tras la denuncia de las tres profesoras, y elevó un escrito al exrector Joaquín Luque, que éste ninguneó. Su sucesor, Antonio Ramírez de Arellano, hoy consejero de Susana Díaz, fue el primer rector que recibió a las víctimas, y el primero que las ha telefoneado tras conocer la condena.

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El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, momentos antes de comparecer ante los medios para informar de la suspensión de toda la actividad del catedrático Santiago Romero. /EFE

SEVILLA.— El escándalo de los abusos sexuales a tres profesoras de la Universidad de Sevilla a manos del catedrático y exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Santiago Romero, tiene una doble lectura cargada de incógnitas acerca del papel que jugó o dejó de jugar la institución académica en este asunto. Cabe preguntarse, y así lo hace el propio juez que condena a Romero, si la Universidad de Sevilla hizo todo lo que estaba en su mano para proteger a las víctimas una vez que fueron denunciados los abusos, o si por el contrario pecó de un “exceso de cautela y prudencia” respecto al agresor. Esta duda parece haber irritado al actual rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, que el miércoles compareció ante la prensa para condenar los abusos y pedir perdón a las víctimas, pero también para defender la gestión de la crisis que la Universidad ha hecho en estos seis años, y de paso para reprochar a los jueces (“los que saben más que yo de leyes”) que en este tiempo no hayan adoptado “ninguna medida cautelar” contra Romero para proteger a las tres mujeres.

Las tres mujeres denunciaron abusos sexuales de su jefe, pero su jefe siguió en la Universidad de Sevilla, y ellas fuera

Hay tres hechos indiscutibles en esta historia: el primero es que durante los más de seis años que separan el momento de la denuncia por abusos sexuales de la actualidad, el catedrático ha seguido impartiendo clases con normalidad en su lugar de trabajo (aunque el Rectorado le retiró de la dirección de su departamento), mientras que las tres víctimas corrieron desigual suerte. Todas fueron expulsadas de su lugar de trabajo de distintas maneras: primero con bajas médicas por depresión y ansiedad; una de ellas abandonó forzosa y definitivamente su puesto ante la imposibilidad de superar las lesiones psicológicas de la agresión sexual de su jefe, y a las otras dos se les invitó a dejar su plaza “voluntariamente”, ofreciéndoles estancias de investigación en una universidad de Liverpool, en Jaén, Granada, Cádiz y en el Centro de Altos Rendimientos de Sevilla, destinos pensados para que pusieran tierra de por medio. Conclusión del primer tramo de esta historia: ellas denunciaron abusos sexuales de su jefe, pero su jefe siguió en la Universidad de Sevilla, y ellas fuera.

El segundo hecho es el papel del máximo responsable de la Universidad de Sevilla, el rector. En los últimos siete años ha habido tres rectores: el primero, Joaquín Luque, se negó a recibir en su despacho a las víctimas, nunca ha hablado con ellas personalmente, pese a que éstas se lo imploraron con insistencia. El trato cambió con su sucesor, Antonio Ramírez de Arellano, el primer rector que habló directamente con ellas, y que aprobó un protocolo de prevención para que pudieran regresar a su facultad sin miedo a encontrarse con su agresor (repartió los horarios al 50%, él por la mañana y ellas por la tarde). Ramírez de Arellano, hoy consejero de Economía del Gobierno de Susana Díaz, también ha sido el primero en telefonear personalmente a las tres víctimas para felicitarlas por la sentencia de condena contra Romero, según confirma una de ellas, y para desearles que la maquinaria burocrática de la Universidad que él presidió no demore la restitución de su derecho como docentes.

El rencor de las tres víctimas por la “pasividad de la Hispalense” va dirigido a Joaquín Luque. El exrector fue quien gestionó el estallido del escándalo y adoptó decisiones distintas para las víctimas que para el agresor

El rencor de las tres víctimas por la “pasividad de la Hispalense” va dirigido a Joaquín Luque. El exrector fue quien gestionó el estallido del escándalo y adoptó decisiones distintas para las víctimas que para el agresor, aunque su sucesor haya defendido este miércoles que la Hispalense actuó de forma “simétrica” para ambas partes “afectadas”. Las tres profesoras reprochan a Luque que fuera más comprensivo con su agresor que con ellas.

Bajo su mandato, el vicerrector de Ordenación Académica y hoy rector de la Universidad, Miguel Ángel Castro, concedió un año sabático al catedrático que acababa de ser denunciado por abusos sexuales, lo cual le permitió “estar apartado de la facultad un tiempo, hasta que cesara el escándalo y las aguas volvieran a su cauce”, explica un miembro del Claustro de la Universidad de entonces, que discutió abiertamente la decisión de aquel Rectorado. “A él se le premió. La institución protegió al poderoso, al que firmaba contratos de profesor y validaba tesis, porque era una forma de protegerse a sí misma, de que no le salpicara el escándalo. Se ampararon en la presunción de inocencia. Pero a ellas se las abandonó a su suerte”, cuenta la catedrática de Química Adela Muñoz, que ya denunció entonces la pasividad de la institución.

Muñoz, que forma parte del actual Claustro de la Hispalense, instó al actual rector a ofrecer una respuesta rotunda por parte del órgano de dirección hace dos días, cuando se conoció el fallo. Pero éste se negó, porque en ese momento la institución sólo era consciente de “la supuesta sentencia” por la “filtración a los medios” que había generado “alarma social”. No se habló del tema ni se denunció. La mayoría de miembros del Claustro, del que forman parte más de 200 personas, secundó la decisión de Castro y “retiró la palabra” a Muñoz. “Hubo y hay un pacto de silencio para que este escándalo no dañe a la institución académica, porque si la gravedad persiste, el Gobierno lo podría usar como excusa para intervenir la tan ansiada autonomía universitaria. Pero, ¿acaso nosotros no ponemos en riesgo esa autonomía con el silencio cómplice ante abusos como éste”, dice la catedrática.

“A él se le premió. La institución protegió al poderoso, al que firmaba contratos de profesor y validaba tesis, porque era una forma de protegerse a sí misma, de que no le salpicara el escándalo"

Movilizaciones en la facultad

Todo esto ocurrió con mucho ruido de fondo. Cuando el escándalo saltó a los medios, un grupo de profesoras y catedráticas de la Universidad de Sevilla impulsó una campaña de apoyo a las víctimas y presionó al rector para que las recibiera en su despacho y para que apartase al agresor de su puesto.

En marzo de 2011, cuatro meses después de que las tres mujeres denunciaran ante el Rectorado, hubo movilizaciones y protestas de profesores y alumnos a las puertas de la Facultad de Educación y de Psicología. En ese grupo de mujeres estaba Rosa Muñoz, defensora universitaria de la Hispalense, y María del Mar González, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y fundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Sevilla. Se le advirtió entonces al rector que lo mismo que les había pasado a las tres profesoras del departamento de Educación Física podría ocurrirle a las alumnas de Romero, si éste continuaba en su puesto.

Ese mismo mes, 15 profesoras del área de Ciencias Sociales firmaron una carta dirigida al rector Joaquín Luque y a otros miembros del equipo de gobierno: la Vicerrectora de Profesorado, la de Docencia, la de Relaciones Internacionales, al Defensor Universitario, a la Directora del SACU y de la Unidad de Igualdad. La persona que entregó el escrito, Ana López, es hoy Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, y este miércoles estaba sentada junto al nuevo rector durante la conferencia de prensa en la que ha pedido disculpas.

Luque no respondió a aquella carta ni recibió a las víctimas. Un mes después, representantes de la sección sindical del SAT en la Universidad de Sevilla y de la Plataforma por una Universidad Pública, Democrática y de Calidad entregaron en el registro de la Hispalense para su traslado al rector más de 200 firmas (130 de ellas de profesores) exigiendo al rector la adopción de “medidas cautelares” y la retirada provisional de la docencia de Santiago Romero. No hubo respuesta.

El colectivo de profesoras denuncia que ha sido toda una estructura de poder y nepotismo dentro del departamento la que fortaleció la posición del agresor frente a las víctimas

En paralelo también hubo ruido y movilización a favor del catedrático denunciado. Miembros del decanato de la Facultad de Educación, que entonces dirigía Romero, presentaron un escrito de apoyo a su jefe, poniendo en duda el testimonio de las víctimas. La fractura dentro del departamento de Educación Física al que pertenecían las tres mujeres y el acusado fue tal, que diez profesores acudieron voluntariamente a los juzgados para declarar a favor de él, y sólo dos las defendieron a ellas. La sentencia también señala a aquellos profesores del departamento que dirigía Romero como posibles colaboradores, por acción u omisión, de esa situación de miedo, aislamiento y amenazas que vivían las tres profesoras denunciantes.

El colectivo de profesoras críticas con este proceso denuncia que ha sido toda una estructura de poder y nepotismo dentro del departamento la que fortaleció la posición del agresor frente a las víctimas. “No lo hizo solo, se sirvió de su poder dentro de la Universidad y le respaldaron todos aquellos, por arriba y por abajo, que eran cómplices del reinado del exdecano de Educación”, dice una catedrática que prefiere no dar su nombre.

La Universidad ante la justicia

El último hecho incuestionable es que la Universidad de Sevilla estaba obligada por ley a elevar a la Fiscalía la denuncia de las tres profesoras tras detectar indicios claros de que hubo abusos sexuales por parte de uno de sus catedráticos. Pero ni entonces ni ahora, la institución académica se ha personado como acusación particular contra Romero, hoy condenado. Una de las decisiones más discutidas que ha adoptado la Universidad en todo este proceso fue la de bloquear el expediente disciplinario contra Santiago Romero. La investigación interna que pilotó el Rectorado a partir de la denuncia de las tres profesoras culminó en la apertura de un expediente administrativo contra el catedrático, que implicaba la suspensión de empleo y una merma importante en el salario.

La misma decisión que se adoptó hace dos días, tras anunciarse la condena. Sin embargo, hace seis años este procedimiento se levantó una vez que la Universidad elevó el caso a la Fiscalía al detectar indicios delictivos, lo cual permitió a Romero volver a su trabajo, donde siguió impartiendo clases los siguientes seis años. ¿Era justo hacerlo así? ¿Acaso la Hispalense, en virtud de su autonomía universitaria, no puede ejercer medidas cautelares contra uno de sus profesores, acusado de abusos sexuales, al margen de lo que dicte la Justicia?

Ni entonces ni ahora, la institución académica se ha personado como acusación particular contra Romero, hoy condenado

El rector actual dice que no, que el derecho administrativo no lo permitía. Pero su posición actual está llena de contradicciones, porque lo que la Hispalense no hizo hace seis años excusándose en una ley de 1986 (mantener la expulsión del agresor) promete hacerlo ahora, aun estando en vigor una legislación aún más restrictiva que entonces. Hace seis años, la dirección de la Universidad de Sevilla se acogió al régimen disciplinario de los funcionarios regulado en un Real Decreto de 1986, según el cual si la institución académica detectaba que un empleado público había cometido un delito penal, “deberá suspenderse la tramitación del expediente disciplinario hasta tanto recaiga resolución judicial”.

Ahora rige la Ley de Función Pública, de 2007, que actualiza el régimen disciplinario de los funcionarios, y que en su artículo 94.3 establece que “cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se debe suspender su tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal”.

El abuso sexual, según el artículo 95 de dicha norma, está considerado como falta “muy grave”, y castigado con la mayor de las sanciones: “separación del servicio de los funcionarios, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves” (artículo 96). Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, algo que no tiene por qué afectar a Romero, dado que en la actualidad tiene 67 años de edad, y se encuentra al borde de la jubilación.

Retirada de la medalla

Romero no fue un profesor cualquiera, sino alguien muy reconocido dentro de la profesión, valorado por su innovación educativa, y por haber “revolucionado” la enseñanza de la Educación Física, sobre todo el papel de las mujeres deportistas. Fue seleccionador nacional y andaluz de voleibol (la asignatura que impartía en la Hispalense), y en junio de 2010, el Gobierno central le concedió la Medalla de Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo. El Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación, inició este miércoles los trámites para revocarle dicho galardón.

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