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Más allá de la huelga de prisiones La cara B de la 'huelga' de prisiones: presos sin medicinas, reclusos sin patio y familiares sin visitas

La Fiscalía investiga si el aluvión de bajas por enfermedad entre los funcionarios de la cárcel de Zuera fue una huelga encubierta que puso en riesgo la seguridad del centro, mientras un grupo de abogados de Zaragoza denuncia al Defensor del Pueblo los perjuicios que sufrieron los internos durante los paros de este otoño.

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La Fiscalía investiga si durante las últimas jornadas de protesta de los funcionarios de prisiones se ha producido una huelga encubierta.

La Fiscalía de Zaragoza ha abierto diligencias para investigar si el aluvión de bajas en la plantilla de funcionarios de la cárcel de Zuera fue en realidad una huelga encubierta y si las ausencias del personal, que llegaron a superar la veintena de puestos en alguna jornada, llegaron a poner en riesgo la seguridad en el centro penitenciario y son, por lo tanto, constitutivas de delito.

La situación fue denunciada a finales de diciembre por la dirección del penal, lo mismo que ocurrió en otros once centros de toda España dependientes del Ministerio del Interior.

Las bajas se concentraron entre el 15 y el 23 de diciembre, coincidiendo con la campaña de movilizaciones del pasado otoño de los funcionarios de prisiones, que reclaman mejores condiciones salariales y de trabajo. En ocasiones llegaron a superar las veinte, con más de una decena por jornada que se encadenaban con las de días anteriores, y en muchos casos se trataba de ausencias sin justificante de baja por no ser necesario al tener menos de tres días de duración. Superaron el medio centenar en su conjunto.

De resultar fraudulentas las ausencias, los funcionarios se encontrarían en una situación similar a la de los controladores aéreos que participaron en las protestas de 2010 ( ), inicialmente acusados de sedición en unos procesos penales que se fueron diluyendo entre acuerdos con retiradas de cargos y condenas por abandono de destino, delito castigado con multas de hasta doce meses (de 730 a 108.000 euros).

Jesús Otín, delegado sindical de UGT en el penal, niega que el grueso de las bajas careciera de prescripción médica. “Hubo compañeros que se pudieron sufrir una indisposición y faltar un día o dos sin ir al médico, pero fueron casos aislados y puntuales. Y es algo que contempla la ley”, señala.

“Llevamos tiempo denunciando la falta de recursos humanos en el centro penitenciario”, indica. “Es un trabajo con estrés, y con falta de personal se acentúa, y eso tiene consecuencias en la salud. A partir de ahí, hubo trabajadores que fueron al médico y este les dio la baja”, añade.

Denuncian la desatención a presos

Antes, durante la huelga del 15 al 18 de noviembre se produjeron, según ALAZ (Asociación Libre de Abogados de Zaragoza) y CAMPA (Colectivo de Ayuda a Mujeres Presas de Aragón) una serie de episodios de desatención a presos que la primera de esas entidades ha denunciado ante el Defensor del Pueblo, competente para investigar los hechos al tratarse de un servicio de la Administración central.

La queja de ALAZ al Defensor del Pueblo indica que el 17 de noviembre, sábado, varios presos no llegaron a recibir la medicación que tienen prescrita al reducirse el reparto de fármacos por falta de funcionarios, mientras que en otros casos no pudieron mantener las visitas y encuentros con familiares que tenían concertados ante la escasez de personal para gestionarlos.

“¿Y si la familia no puede volver a costearse un viaje hasta dentro de dos meses?”, señalan fuentes de CAMPA, que anotan que “las personas presas viven en un vacío de derechos y de cuidados y, en estos momentos, se les está negando uno de ellos y, quizá, de los más importantes: la comunicación con el exterior y el contacto con sus redes de apoyo”.

Paralelamente, la queja indica que los presos que se encuentran en régimen de aislamiento no llegaron a pisar el patio durante dos días en los tramos de dos horas que les permite el reglamento penitenciario, periodos que pasaron en salas comunes dentro de los módulos.

"El Estado debe garantizar los derechos de los presos"

Fuentes de Instituciones Penitenciarias admiten que el reparto de medicamentos se retrasó pero aseguran que finalmente se completó, mientras que las comunicaciones se suspendieron en su totalidad por la mañana, ya fuera porque el atasco que generaron los piquetes impidió la llegada de los familiares o por falta de personal para gestionarlos.

De hecho, la presencia de los piquetes impidió que accedieran al centro la mayoría de los trabajadores que debían incorporarse al turno matinal, lo que obligó a los del turno de noche, más escaso, a doblar. Eso retrasó tanto los desayunos de los internos como la propia apertura de celdas, que en algunos módulos se retrasó hasta la una del mediodía.

Las mismas fuentes explicaron que los presos en régimen de aislamiento, que solo dejan las celdas dos horas al día, pudieron optar entre permanecer en las salas o salir a los patios.

“El Estado debe garantizar los derechos de las personas presas, a las que únicamente se les priva de la libertad deambulatoria”, indican fuentes de ALAZ, que consideran que “había servicios mínimos pero eran insuficientes, y más en una cárcel como la de Zuera, donde normalmente ya hay poco personal”.

"La huelga respondía a una convocatoria legal"

De hecho, episodios como la fuga del atracador Benito Ortiz a finales de agosto, cuando era trasladado en una ambulancia tras una salida al hospital, pusieron en evidencia las carencias de la prisión, construida para custodiar a 1.008 presos pero cuya población suele oscilar entre los 1.300 y los 1.500.

Otín, por su parte, remarca que “la jornada de huelga respondía a una convocatoria legal y la administración penitenciaria marcó unos servicios mínimos que nosotros consideramos abusivos”.

“Existieron afecciones en la vida de la cárcel, obviamente”, apunta, “pero se cumplieron los servicios mínimos y se intentó atender todos los servicios cuando se abrieron las celdas”.

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