La interpretación de lo que se firmó para hacer posible un Gobierno de coalición es lo que parece interponerse entre el PSOE y su socio, Unidas Podemos. Ambos sellaron un pacto para la investidura de Pedro Sánchez en la que se comprometían a "poner techo" a las subidas abusivas del alquiler en zonas consideradas tensionadas, principalmente, en determinados barrios de grandes ciudades o enclaves de gran afluencia turística.

Ni dos años después, la Ley de Vivienda vuelve a retrasarse sin fecha cercana a la vista para salir adelante; precisamente ahora, cuando Pablo Iglesias anunció que dejaba su vicepresidencia segunda para enfrentarse a Ayuso en la Comunidad de Madrid y que seguiría en el Gobierno hasta dejar encarrillada esta nueva norma. Este jueves, Iglesias endurecía el tono: "No cumplir un acuerdo de Gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos. Unidas Podemos no lo va a consentir".

No es el único que ha expresado su malestar. El movimiento por la vivienda, en el que se agrupan los sindicatos de inquilinos de todo el país y las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) han convocado movilizaciones antes las delegaciones de Gobierno de varias ciudades este sábado, ya que consideran que el Gobierno cede una vez más antes los grandes fondos de inversión extranjeros, las entidades financieras y la patronal del alquiler. Las propuestas de Ábalos van incluso en contra de lo propuesto por CCOO y UGT en la llamada "iniciativa sindical por el derecho a la vivienda". Para Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, "limitar por ley las subidas abusivas de los alquileres es la única medida que bajaría los precios en el corto plazo", algo que consideran "muy urgente" desde hace varios años.

No hay límite al precio de los alquileres

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es quien diseña la ley, y ya dejó claro su punto de vista: "La vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado", y parece que en su propuesta prima lo segundo. Ábalos ha descartado fijar un límite al precio de los alquileres. La justificación es que esta medida, según su equipo, no ha logrado resultados en otros países o ciudades donde se ha aplicado. Al contrario, afirma, lo único que ha conseguido es reducir la oferta de inmuebles que salen al mercado del alquiler, uno de los principales argumentos de inmobiliarias, fondos de inversión y patronales del alquiler, que aseguran que el alza de precios solo depende de la escasa oferta y la gran demanda.

Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales (UP), recuerda que un informe del Gobierno alemán deja claro que la limitación de precios en Berlín sí funcionó sin que ello redujera la oferta.

El acuerdo de investidura decía textualmente: "Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas", y eso para Unidas Podemos significa claramente regular las limitaciones en el precio en base a un índice armonizado. Pero para los de Ábalos, su postura no iría contra el pacto, ya que sus medidas van encaminadas a "incentivar" no solo la oferta del alquiler, sino la oferta a precios menores. ¿Cómo? Aquí radica el otro gran desencuentro.

Menos impuestos para los propietarios y rentistas

Ábalos asegura que es más partidario de "incentivar" que de "prohibir", aunque hay pocos incentivos más fuertes para aumentar los precios que una burbuja, la que subió un 50% las rentas en los cinco años previos a la pandemia, algo que solo ha logrado revertir, en parte, la coyuntura impuesta por la covid-19.

Entre derecho y negocio, Ábalos elige negocio, uno que reduzca los precios. Su propuesta habla de deducciones fiscales de hasta un 30% más (llegando al 90%) en el rendimiento bruto para los propietarios que alquilen sus viviendas en zonas tensionadas con una reducción del 10% del precio según su último contrato. Dice que la pérdida de beneficios del arrendador se compensa con el ahorro de impuestos en su declaración, en la que incluso saldrían ganando mínimamente. Todo con tal de evitar que los propietarios —grandes o pequeños— dejen sus viviendas fuera del mercado del alquiler.

Además, también pone sobre la mesa deducciones del 10% y el 20% para quien oferte viviendas en zonas de precios altos, para quien las ofrezca rehabilitadas, a familias vulnerables o a menores de 35.

Esta propuesta premiaría vía impuestos a quienes se apuntaron al carro del alza de precios y lograría, si acaso, una reducción del 10% en el plazo medio, una rebaja mínima a tenor de las fuertes y rápidas alzas de los últimos años. En UP consideran que esta modalidad dedica "recursos públicos" para que "todos los contribuyentes" asuman "las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler". Y además, no es obligatorio, algo que en Portugal no ha logrado el objetivo deseado.

Aumentaría los más de mil millones que pierde el Estado

Estas deducciones del IRPF serían adicionales a las ya existentes del 60% en los impuestos sobre el alquiler. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la actual situación impositiva del alquiler ya supone un coste (o una pérdida de ingresos) para el Estado de más de mil millones de euros al año. Aunque consigue parcialmente su objetivo —que haya más viviendas en alquiler—, según este organismo, no facilita el acceso de la población vulnerable o con bajos ingresos a una vivienda, que es de lo que se trata en esta ley.

Incluso el propio Ábalos reconoce en su texto que esta fórmula "carece actualmente de un mecanismo corrector que favorezca la moderación en los precios del alquiler y se concentre en las zonas con mayores problemas de oferta". A pesar de ello, está dispuesto a aumentar el monto de ingresos que perderían las arcas públicas.

Redefinir quién es "gran tenedor" para no exigirle nada

Otro de los escollos para lograr un acuerdo es la definición de gran tenedor de viviendas. Actualmente se considera así a las personas físicas o jurídicas que dispongan de diez o más inmuebles en una localidad. La propuesta de Podemos era reducirlo a la mitad, aunque Ábalos no está por la labor. Incluso ha hablado de considerar gran propietario a quienes posean "al menos el uno por ciento de las viviendas principales en régimen de alquiler de la zona".

Una vez definido este conflictivo concepto, lo único que les exigiría el Gobierno, según el texto de Ábalos, sería "colaborar y ofrecer información sobre el uso efectivo de sus inmuebles".

La postura de UP era que los grandes fondos de inversión, propietarios de gran parte del parque de vivienda español, así como la Sareb (el banco malo, con casi la mitad de participación pública) cedieran parte de sus viviendas vacías a los parques públicos de vivienda en alquiler de las comunidades autónomas. También pujaban por que los grandes propietarios destinaran un 30% de su parque al alquiler social. En la propuesta del ministro no aparece ni una línea sobre este punto.

Viviendas vacías: todo sigue igual

En cuanto a la vivienda desocupada, el documento de Transportes simplemente vendría a recoger en la ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) "una definición clara" para que los Ayuntamientos "puedan aplicar el recargo en la cuota del IBI" a las casas que lleven vacías más de dos años, salvo causas justificadas. Este recargo no es nuevo, sino que actualmente solo existe en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y remite su aplicación a la legislación autonómica. Unidas Podemos hablaba de crear un impuesto específico para las viviendas vacías a partir del cuarto inmueble

El desencuentro en materia de vivienda entre PSOE y UP lleva gravitando sobre el Gobierno desde el primer momento, y todavía falta por conocer la postura socialista en aspectos como los desahucios sin alternativa habitacional —algo por lo que España ha sido señalada por la ONU en varias ocasiones— o la creación o ampliación de un parque público de vivienda asequible. El objetivo de Ábalos es tener listo el proyecto de ley este marzo, aunque las conversaciones no están siendo muy fructíferas.