Amnistía Internacional ha desplegado una campaña en redes sociales en defensa del periodista Pablo González. El colaborador de Público lleva retenido desde el pasado 28 de febrero en Polonia, país al que acudió para cubrir la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa de Ucrania.  

La organización en defensa de los derechos humanos ha exigido "que se respete su derecho a un proceso justo y con las debidas garantías" y que se le facilite la comunicación con su familia. Las autoridades polacas decretaron el arresto provisional de González en la prisión de Rzeszów, en el sureste del país, hasta el 29 de mayo. 

Polonia le acusa de un presunto delito de espionaje en función del artículo 130.1 del Código Penal polaco. El delito de espionaje se castiga en Polonia con entre uno y diez años de prisión. 

Amnistía Internacional asegura que ha contactado con la Embajada de Polonia en España. La entidad reclama que se le "garantice el derecho a comunicarse con sus familiares" y advierte que "la falta de contacto con el exterior dificulta la capacidad de las personas detenidas para preparar su defensa, y afecta a sus derechos a la vida privada y familiar y a su salud".

El papel poco esclarecedor del Gobierno

Con más dudas que certezas sobre el caso, el Gobierno no ha esclarecido las incógnitas que rodean a la detención del periodista. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que González "tienes dos abogados y que su presunción de inocencia no está siendo vulnerada". El ministro hizo referencia a su abogado privado, Gonzalo Boye, y un segundo letrado polaco de su elección. El titular de Exteriores señaló la semana pasada que "es difícil dar explicaciones porque hay muchas cosas que no podemos revelar" y el periodista "nos ha pedido que no se revelen algunas cosas".

Preguntado por la posibilidad de elevar una queja formal por el encarcelamiento del reportero a Polonia, Pedro Sánchez evitó pronunciarse y recurrió al argumentario empleado por Albares. "Me consta que ya ha recibido la asistencia consular y le daremos seguimiento como a todo español detenido en el extranjero", aseguró el presidente del Gobierno a una pregunta lanzada por la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en una sesión de control.