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Andalucía recurre a Bruselas ante el rechazo de Rajoy a parar el gasoducto de Doñana

El Defensor del Pueblo andaluz acude al Parlamento europeo con un informe sobre el riesgo sísmico del proyecto de gas próximo a la reserva. El líder de IU también comparecerá para pedir que se sancione al España. Y Susana Díaz ultima un recurso ante el Contencioso para paralizar las obras

Manifestación contra un almacén de gas en Doñana.

Las instituciones andaluzas, empezando por el propio Gobierno de Susana Díaz, se han topado con un muro de hormigón en su diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy para que éste desmantele el gasoducto que Gas Natural construye junto al Parque Natural de Doñana, una de las mayores biosferas de Europa, con 108.000 hectáreas de superficie, distinguida por la Unesco como Patrimonio Mundial Natural. Hay dos informes oficiales -uno del CSIF y otro del Instituto Geológico y Minero (IGME)- que alertan del riesgo sísmico en la zona si se concluyen los cuatro tramos en los que se subdivide el gasoducto completo, de más de 70 kilómetros de longitud.

Esos documentos oficiales y las investigaciones que los expertos hicieron sobre el terreno sustentan la nueva ofensiva política y legal de la Junta y del Defensor del Pueblo andaluz para que Rajoy paralice las obras. La negativa a reconsiderar los posibles riesgos medioambientales del proyecto ha hecho que el conflicto entre España y Andalucía adquiera un alcance internacional. El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, acude este miércoles a Bruselas para presentar ante el Parlamento europeo un informe que alerta de los riesgos sísmicos del gasoducto, avalado por las conclusiones de los investigadores del CSIC y del IGME.

Otro de los objetivos es que se "abra un procedimiento de infracción al Gobierno de España"

Maeztu ha viajado a la capital europea acompañado por el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, después de que su informe -remitido también al Defensor del Pueblo estatal- haya sido “desoído” por las autoridades españolas. Uno de los objetivos de esta comparecencia es que la Comisión Europea “paralice el proyecto del gasoducto en Doñana” y “abra un procedimiento de infracción al Gobierno de España”, en palabras de Maíllo.

Maeztu y Maíllo van a comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento, un foro que permite a los ciudadanos dirigirse directamente a las instituciones europeas para plantear problemas concretos que pertenezcan al ámbito de actuación de la Unión Europea. Cualquier ciudadano de la UE puede presentar una petición al Parlamento Europeo, que puede consistir en una queja o en una solicitud. La petición puede contener una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento para que tome posición ante un asunto concreto. Estas peticiones dan a la Cámara la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución. 

Había cuatro peticiones de particulares para abordar el problema del gasoducto en Doñana, y el líder de IU propuso al Defensor del Pueblo andaluz asumir una de las intervenciones (también Maíllo expondrá su rechazo al proyecto). En apenas diez minutos Maeztu expondrá el seguimiento que su oficina ha hecho al polémico proyecto de Gas Natural desde 2012, aunque el expediente se cerró cuando la Junta se comprometió a no conceder la autorización integrada de los cuatro tramos, y posteriormente volvió a abrirse cuando se iniciaron las obras del primer trozo. La intervención del Defensor concluye como los informes del CSIC y del IGME: un rotundo rechazo al gasoducto. 

Paralelamente, el Ejecutivo de Susana Díaz ultima un recurso Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Energía por su negativa a revisar el impacto sísmico del proyecto completo: según el CSIC, los cuatro tramos del gasoducto se tramitaron por separado para esquivar una evaluación conjunta de los riesgos sísmicos y para evitar el veto administrativo al proyecto en su totalidad. El Gobierno central y la Junta de Andalucía llevan meses forcejeando a cuenta del gasoducto de Gas Natural cercano a Doñana. Se trata de un tubo subterráneo de 72 kilómetros que se subdivide en cuatro tramos, pero sólo uno está terminado. La publicación, hace un par de meses, de un informe del CSIC y otro del Instituto Minero alertando de posibles riesgos sísmicos en el espacio protegido empujaron a la Junta a redoblar la presión contra el Ejecutivo central para que desmantelase el proyecto.

Los informes nacen de dos centros de investigación dependientes del Ministerio de Energía e Industria a petición del Defensor del Pueblo Andaluz. La conclusión del CSIC fue rotunda: “El riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar”, dice el texto. Tanto el CSIC como el IGME concluyen que el Gobierno central “infravaloró” los riesgos sísmicos del gasoducto próximo a Doñana -similares a los seísmos que provocó el almacén de gas de la plataforma Castor en Castellón en 2013- y advierten de que no se tuvieron en cuenta las “afecciones negativas” cuando se le concedió la autorización definitiva al proyecto gasístico en marzo de 2016.

"La única carta que nos queda para desmantelar el gasoducto es pedir la reevaluación conjunta del proyecto"

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, no ha respondido oficialmente al requerimiento de la Junta de Andalucía para que se reevalúen los riesgos de los cuatro tramos del gasoducto juntos. Pero Nadal sí ha replicado al Gobierno andaluz, a través de los medios, que no tenía intención de desmantelar el proyecto, puesto que éste se inició gracias a que el primer tramo contaba con la Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la Junta. “Si la Junta quiere revisar la autorización que dio en su día al proyecto, que lo notifique por los procedimientos administrativos correspondientes en lugar de decirlo a los medios”, dice el ministro, “sin esa evaluación positiva, jamás le hubiéramos dado la licencia de construir”, añade Nadal, que insta a la Junta a “revocar” su autorización por los procedimientos administrativos correspondientes.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente rechazan de plano esta explicación y aseguran que la Junta “carece de competencias” para revocar su autorización ambiental. “Nosotros no podemos revocar la autorización ambiental que concedimos al primer tramo del gasoducto (Marismas Occidental) porque los aspectos que piden que se reevalúen no son de competencia autonómica”, advierten desde la consejería. Y añaden: “La Junta de Andalucía tiene un papel secundario en materia de Energía y en Medio Ambiente. La única carta que nos queda para desmantelar el gasoducto es pedir la reevaluación conjunta del proyecto”.

El Gobierno de Andalucía ha esperado dos meses a que el Gobierno responsa formalmente al requerimiento. Al no recibir respuesta, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, ha ordenado a los servicios jurídicos de la Junta que elaboren un recurso para que sea un tribunal el que obligue al Ejecutivo central a paralizar el proyecto, al existir “al menos dos informes” del Estado que alertan del riesgo sísmico en el entorno del Parque Natural.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, espera que la presentación del informe del Defensor del Pueblo andaluz ante el Parlamento europeo sea “el punto de inflexión para que la Comisión Europea haga su trabajo y paralice el proyecto de almacenamiento de gas”. La comparecencia de Maeztu en Bruselas ha sido tramitada IU. El pasado 19 de enero, Maíllo y el Defensor del Pueblo andaluz mantuvieron una reunión en la que ambos coincidieron en la necesidad de suspender definitivamente la instalación de los almacenes de gas, incluido el único tramo que ya está autorizado y en funcionamiento (Marisma Occidental).

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