Aragón castigará las conductas sexistas con multas de hasta 50.000 euros, según recoge el texto de la Ley de Igualdad aprobado este miércoles por la Comisión de Ciudadanía y Servicios Sociales de las Cortes autonómicas.

El texto saldrá adelante en uno de los próximos plenos prácticamente por unanimidad de la cámara, ya que únicamente se mantienen discrepancias sobre 10 de sus 110 artículos y disposiciones, mientras que el otro centenar cuenta con el apoyo de todos los grupos.

No hay discrepancias en los apartados de infracciones y sanciones, que contemplan multas de entre 30.001 y 50.000 euros para quien lleve a cabo “cualquier comportamiento, de naturaleza sexual o no, llevado a cabo en función del sexo de una persona, cuando exista un propósito o produzca un efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Se trata de una de las conductas tipificadas como muy graves, entre las que también se encuentran realizar “cualquier trato desfavorable a las mujeres en relación con el embarazo o la maternidad”, las represalias contra quien denuncie un trato discriminatorio y, también, el uso sexista del lenguaje y la “transmisión de imágenes o mensajes estereotipados de subordinación o desigualdad entre mujeres y hombres” tanto en medios de comunicación públicos como en los que perciban algún tipo de subvención y en todos los “sujetos al ámbito competencial de la Comunidad”.

En todos esos casos, la norma prevé un paquete de sanciones complementarias como el veto para recibir cualquier ayuda pública del Gobierno autonómico y la inhabilitación para prestar servicios públicos por periodos de tres a cinco años, además de “el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación” hasta un lustro.

Centros de enseñanza y campañas publicitarias

El catálogo de infracciones graves, cuyas multas se sitúan en una horquilla de 3.001 a 30.000 euros, presta atención a ámbitos como la enseñanza.
En este sentido, cataloga como falta “la elaboración, utilización o difusión” en centros educativos “de libros de texto y materiales didácticos que presenten o representen a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su sexo”, así como el empleo de imágenes de mujeres u opciones de género “asociada a comportamientos que justifiquen o inciten a la prostitución, a la violencia contra la mujer, al acoso sexual”.

En este apartado, en el que no se discrimina entre escuelas públicas, privadas o concertadas, la sanción incluirá el veto para recibir fondos públicos y la clausura del centro por periodos de hasta tres años.

El texto aprobado por la Comisión de Ciudadanía contempla los mismos castigos para quien haga un uso sexista del lenguaje “en documentos y soportes administrativos” y para quien promueva o ejecute “campañas de publicidad o anuncios que de forma vejatoria o discriminatoria utilicen el cuerpo de las mujeres o partes del mismo como reclamo publicitario, como mero objeto desvinculado del producto anunciado”, o en las que la imagen de estas se vea “asociada a comportamientos que justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia contra ellas”.

El deber de compartir tareas domésticas y cuidados

La ley, que considera “un hecho indiscutible” la “desigualdad entre mujeres y hombre existente en nuestra sociedad”, principalmente por su “base patriarcal”, forma parte de la legislación de reconocimiento de derechos sociales impulsada en esta legislatura por la tormentosa mayoría de izquierdas de la comunidad, entre las que se incluyen algunas promovidas por el Gobierno PSOE-Cha, como la de Emergencia, recurrida en sus dos formatos ante el Constitucional por el Gobierno central, o la de Identidad de Género, y otras lanzadas por Podemos como la de Pobreza Energética.

Con todo, y pese a esos avances, se trata de la misma mayoría que ha demostrado su incapacidad para ponerse de acuerdo en la que iba a ser una medida estrella de esta legislatura como la Renta Básica, cuya ponencia plantó Podemos en plenas tensiones con el PSOE por su política tributaria.

La Ley de Igualdad incluye medidas en materias como enseñanza, empleo, sanidad, menores, participación social y conciliación, campo en el que “compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la atención de las personas en situación de dependencia” pasa ser considerado derecho y deber al mismo tiempo, mientras la Administración comenzará a incluir cláusulas sociales de igualdad en las licitaciones de sus contratos.

El PP rechaza el ‘libro de estilo’

Uno de los escasos diez puntos que no recibieron el apoyo unánime de los grupos políticos se refiere al ‘libro de estilo’ que incorpora la ley en su tercera disposición adicional, que contó con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos mientras PSOE, Podemos, Par y Grupo Mixto (Cha) se pronunciaban a favor.

La disposición incluye una serie de reglas para aplicar “como mínimo” en “los casos en que sea obligatorio el uso integrador y no sexista del lenguaje”.

Ese catálogo de recomendaciones incluye “eludir el masculino genérico siempre que sea posible”, “feminizar los términos” y utilizar otros “abstractos, genéricos, colectivos, perífrasis o metonimias”, “optar por la simetría en el tratamiento”, “omitir determinantes marcados” y, por último, “recurrir a fórmulas de desdoblamiento únicamente cuando venga exigidas para eliminar la ambigüedad o visibilizar explícitamente a las mujeres”.