Representantes de cerca de 30 organizaciones de apoyo a las personas migrantes se reunieron ayer en València para investigar y buscar soluciones a la denuncia de agresiones racistas de la Policía Local en la detención de una ciudadana africana el pasado 8 de agosto. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche cuando una visita policial administrativa para verificar la licencia y el cese de actividades en el Centro Cultural y de Ocio de Camerún en València, terminó con casi una decena de coches patrulla y una mujer detenida que ha denunciado haber sido llamada "gorda, puta y negra de mierda" y haber sido amenazada con retirarle la custodia de su hijo de 3 años.

La reunión, a la que acudieron cerca de medio centenar de personas, congregó a numerosos activistas de diversas nacionalidades. Entidades como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o Movimiento contra la Intolerancia, entre otras, se sumaron a asociaciones africanas y latinas que se están organizando para investigar y resolver conjuntamente la situación. Durante la asamblea, Cedrik Komol, el marido de la mujer detenida, explicó el caso a los asistentes y aseguró que no van a cesar en su denuncia.

Al día siguiente de publicarse el caso, el Ayuntamiento de València abrió una investigación interna para tratar de esclarecer lo ocurrido y en los últimos días, diversos partidos políticos, entre ellos València en Comú, miembro de la coalición municipal, se han entrevistado con los afectados para conocer su versión de primera mano. A lo largo de esta semana, tanto el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, como la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, del PSOE, han defendido públicamente que la actuación policial fue correcta, proporcionada y han remarcado que no respondió en ningún caso a motivaciones racistas.

“No he visto desmesura en la actuación ni en ninguno de los informes que se han planteado. A mí me parece que concretamente la policía actuó de forma adecuada”, explicó el alcalde Joan Ribó a los medios. “A veces no hay unidad entre la información que da la persona camerunesa y la policía y es absolutamente normal porque dependen a intereses distintos y haces más caso a un factor o a otro. He visto las dos informaciones y de la información que tengo no puedo decir nada en contra de la policía”, concluyó Ribó. Las organizaciones sociales aseguran que estos hechos no son un caso aislado.

“Nuestra organización tiene un 'Servicio de no discriminación e igualdad de trato' en el cual hemos recibido varios casos de personas que dicen haber sufrido actitudes racistas siempre en el área de Benicalap. Llevamos tiempo siguiendo la pista de lo que creemos que son varios agentes de la unidad 5 de la Policía Local del barrio donde se encuentra el centro camerunés”, explica Ana Fornés, miembro de Valencia Acoge.

“Nos han llegado incluso casos de personas que han ido a empadronarse a una junta de distrito y, aunque es legal empadronarse pese a no tener papeles, la Policía Local les han pedido el pasaporte y ha ido a la Policía Nacional a comunicar su situación irregular”, asegura Rosario Polito, de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants.

La concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, replica que no es aceptable generalizar sobre la Policía Local. “Después de escuchar las declaraciones de los agentes que participaron en esta intervención hemos puesto en marcha el expediente informativo y la actuación de la policía es correcta. Con la información que nosotros tenemos, no ha habido maltrato y será un juzgado el que dirá si hubo o no un trato correcto”, explica.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado el caso de la asociación camerunesa ante la Fiscalía Especial de Delitos de Odio para “iniciar una vía que depure responsabilidades por parte tanto de los agentes de la Policía Municipal que participaron en el operativo, como para determinar quién, cómo y por qué se autorizó la entrada, así como la detención de la activista detenida”.

Menguzzato mantiene que “la policía ha actuado en este caso con especial humanidad ya que había orden de precintar el local y no se ha hecho por cuestiones humanitarias ya que la mujer detenida vive allí con su marido y un niño pequeño y no tenían dónde ir”, remarca. La edil defiende al cuerpo policial y asegura que las acusaciones de las organizaciones sociales solo son “comentarios y opiniones de café” ya que en su concejalía no han recibido “ni una sola denuncia de ninguna persona por este tipo de trato”.

“Normalmente son las víctimas quienes no quieren seguir adelante con las denuncias por temor perder el permiso de trabajo y residencia que es del que depende toda su vida aquí. Son casos vulnerables porque por la vía judicial se suelen perder al ser la Policía una parte implicada en el caso. Nosotros solemos recomendar a las víctimas la mediación con el Ayuntamiento”, detalla Ana Fornés.

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, remarca que su concejalía es “la única administración municipal que ha impulsado la formación de sus agentes en delitos de odio”, formación que asegura, sigue en marcha y que recibirán 1.600 agentes de la Policía Local. Durante los últimos días, diversos sindicatos de la Policía Local han defendido la versión municipal y han manifestado su apoyo a los agentes implicados.

Mientras las investigaciones judiciales, municipales y de las asociaciones avanzan, las organizaciones sociales plantean diversas soluciones. “Una posible solución sería que habilitaran un mecanismo de denuncia no judicial para que las personas afectadas puedan dirigirse al Ayuntamiento de forma anónima y que la concejalía pueda detectar los puntos calientes de racismo en la ciudad”, propone Ana Fornés.