La lista de espera de la dependencia se acerca a las 400.000 personas y solo se ha reducido por los casi 30.000 dependientes que han muerto sin recibir la prestación o el servicio que les correspondía por derecho o, incluso, sin haber sido valorados.

Según explica la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, los datos publicados esta semana por el Gobierno muestran que "en la estadística de este mes casi todos los indicadores del sistema siguen cayendo estrepitosamente y registran valores muy inferiores a los de inicio de año".

"Las tasas de variación acumulada en lo que va de año son muy negativas: 44.422 solicitudes menos, 36.335 valoraciones menos, 37.587 beneficiarios con derecho a prestación pendientes de recibirla y 9.153 beneficiarios menos con prestación", indica esta asociación en un comunicado.

En total, 392.526 personas están en lista de espera, de las que a 241.420 personas ya se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio que aún no lo reciben y 151.106 solicitantes que no ha recibido una respuesta a su valoración.

"Desde primeros de año no se mantiene la tasa de reposición de los beneficiarios (descienden en 9.153) y la lista de espera se reduce debido exclusivamente a los casi 30.000 que han muerto", lamenta el presidente de la asociación de gerentes de los servicios sociales, José Manuel Ramírez.

"El Sistema de la Dependencia agoniza y no es una metáfora, es la cruda realidad", asevera Ramírez, quien denuncia que "164 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley".

Por tipo de prestación o servicio, la atención residencial es la que más ha disminuido, con una variación acumulada de -9,3%, con 15.861 residentes menos que a principio de año.

En la ayuda a domicilio la variación acumulada ha sido de -2,6%, con 6.401 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de una bajada de 3,1 puntos porcentuales con 3.039 prestaciones menos que a principio de año.

"Estos tres datos hacen, por sí solos, que se pierdan casi 11.000 puestos de trabajo", advierte Ramírez, quien reclama a la Vicepresidencia de Derechos Sociales la convocatoria urgente del Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, "sin esperar a los PGE y cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y en la reunión de Presidentes Autonómicos (2017)". 

Además, ven "imprescindible" que el ministro impulse un proceso de modificación de la ley para, entre otras cosas, "permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades". Para el colectivo, "los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables".