Autónomos y pymes afrontan un suplicio tributario en otoño tras un verano incierto y una primavera de cierres

Los autónomos y las pymes, más cuanto menor es su tamaño, lo están teniendo difícil para elegir la peor estación de este año: a un invierno flojo por naturaleza en la mayoría de los sectores le siguió una primavera de cierres en bloque por el confinamiento, que ha llevado a 1,4 millones de autónomos al cese de actividad  y a 65.000 sociedades a bajar la persiana, antes de llegar a un verano plagado de incertidumbres que dará paso a un otoño con unas inusuales, por intensas, exigencias económicas.

El aplazamiento de hasta seis meses del pago de los impuestos del primer trimestre tras retrasar un mes su declaración ha hecho que se vean obligados a liquidar los tributos del tercer y el primer trimestre con un mes de diferencia: del 1 al 20 de octubre para los del verano y en el mismo periodo de noviembre para los del invierno.

Ese calendario, confirmado por fuentes de la Agencia Tributaria, llegará solo tres meses después de que en unas semanas, entre el 1 y el 20 de julio, deban declarar y liquidar los impuestos correspondientes al segundo trimestre, el que ha incluido el grueso del confinamiento por el estado de alarma y para el que, al menos por ahora, el Gobierno no se plantea conceder nuevos aplazamientos tras los de marzo.

"De momento no hay ninguna novedad", señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda, que, no obstante, anotaron que, "todavía hay margen" para tomar alguna decisión en ese sentido. Aunque tampoco mucho, ya que el trimestre acaba el día 30, en menos de diez días. Fuentes de la Agencia Tributaria se pronunciaron en el mismo sentido.

"Hace falta un verdadero rescate a los autónomos"

A ese exigente calendario se le añade una de las cargas de mayor injusticia fiscal que un impuesto como el IVA provoca a los autónomos y las pequeñas empresas, como es la obligación de liquidar el impuesto facturado en el trimestre de emisión de la factura aunque esta no se haya cobrado, algo que no fue remediado en la reforma de hace dos legislaturas ni tampoco lo ha sido en las medidas extraordinarias por la pandemia y que amenaza con convertir la exigencia en inasumible para buena parte de los profesionales y las pymes con el parón de la actividad económica.

"Va a haber un desfase tremendo", señala Eduardo Abad, presidente de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), quien, aunque se muestra "consciente de la situación de las arcas públicas y de la magnitud del rescate que está haciendo con los autónomos", reclama "fórmulas para que haya aplazamientos en situaciones complicadas" que permitan "una prórroga" para generar "un colchón" a empresas y profesionales que facturan menos de un millón al año.

Buena parte del IVA que los autónomos van a tener que ingresar en julio, octubre y noviembre "va a ir a su costa, porque muchos no están cobrando de sus clientes". Además, apunta, "la temporada de verano va a ser solo de dos meses este año, y si no resulta exitosa va a haber unos problemas de liquidez terribles, con gente que ni siquiera va a recuperar la inversión que ha hecho para abrir".

"Si se rompe la cadena de pagos puede haber un contagio a todo el sistema económico"

"Hace falta un verdadero rescate a los autónomos", reclama, mientras advierte de que "si se rompe la cadena de pagos puede haber un contagio a todo el sistema económico", como ocurrió a partir de 2008 con el crecimiento exponencial de la insolvencia. "No es un problema menor, sino mayor; y hemos de anticiparnos ahora a los problemas del otoño", concluye.

Más de 3.000 millones en el alero

¿A qué nos referimos cuando hablamos de los impuestos trimestrales? Básicamente, a las autoliquidaciones del IVA y de Sociedades y a las retenciones a cuenta tanto del IRPF de los trabajadores como de los alquileres profesionales.

Esos tributos sumaron en julio del año pasado casi 4.600 millones de euros (1.726 en IVA de operaciones interiores, 394 en sociedades, 2.470 en IRPF), incluyendo autónomos y empresas de cualquier tamaño. Sigue habiendo un cauce ordinario para aplazarlos, aunque exige afianzar la cantidad cuyo pago se pretende atrasar, y eso supone tener que asumir unos intereses que pueden llegar al 3% anual siempre que un banco acepte emitir los avales.

Las medidas extraordinarias del primer trimestre por la pandemia y el gran encierro tuvieron un impacto de 6.818 millones de euros en las cuentas de la Agencia Tributaria, 4.540 por el aplazamiento de las liquidaciones (1.666 en IRPF, 392 en Sociedades y 2.482 en IVA) y 2.278 por el de los pagos (1.044, 222 y 1.008).

El ingreso de estos últimos lleva aplazado de hecho algo más de un mes, desde el 20 de mayo, aunque la agencia no ha acabado de resolver qué solicitudes quedan pospuestas hasta seis meses. Al cierre de mayo Hacienda había recibido 1.016.688 peticiones de aplazamiento que sumaban 3.031 millones de euros de 638.652 autónomos y pymes.

Las aprobadas, con un tope de 30.000 euros por contribuyente, podrán ser liquidadas sin intereses hasta el 20 de septiembre y con una carga por demora de hasta el 1,5% si se apura hasta el 20 de noviembre.