El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, ha tildado este jueves de "medida electoralista" la creación de una clínica dentista por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Este servicio, anunciado por la alcaldesa Ada Colau a principios de enero, podría atender a 36.000 personas al año y cubrir necesidades de salud bucal que no están contempladas en el sistema de salud. Tal como anunció Ada Colau, el objetivo es ofrecer un servicio de odontología a precios ajustados, que serían un 40% inferiores al costa habitual.

Esta iniciativa anunciada por Ada Colau y que entrará en funcionamiento en el plazo de un año, está destinada a la población en general, aunque asegurando que alcanza al "12% de la población más vulnerable que no se puede permitir pagar un dentista". 

En un comunicado hecho público este jueves, el Consejo de Dentistas se suma así al rechazo ya expresado la semana pasada por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC), que defiende la ampliación de las prestaciones públicas en salud bucodental.

A juicio de los odontólogos catalanes, los esfuerzos se deberían centrar en la consolidación y expansión territorial del modelo de prestación, bajo los parámetros de la gratuidad y equidad en el acceso que ejemplifica el servicio de atención odontológica para personas en riesgo de exclusión social "Clínica Solidaria" que creó el COEC en colaboración con la Cruz Roja en 2016.

"La iniciativa del dentista municipal de Barcelona no es verdadera solidaridad, puesto que se va a cobrar a los pacientes por los tratamientos", ha considerado Castro.

También ha recordado que en España existen trece clínicas solidarias, una de ellas en Barcelona, que dependen de los Colegios Oficiales de Dentistas y que están avaladas por la organización colegial.

"Las personas con peor situación económica son atendidas y tratadas en estas clínicas por dentistas voluntarios de una forma totalmente gratuita, eso es solidaridad. Poner en marcha una clínica municipal gestionada por una empresa ajena al sector odontológico con el reclamo de ser un servicio social para los más necesitados, es un auténtico despropósito y puede desembocar en un escándalo como el de iDental, dejando miles de pacientes damnificados", ha argumentado.

Aunque el gobierno municipal contempló la posibilidad de ampliar la oferta actual de servicios gratuitos de odontología social o ofrecer subvenciones a los colectivos con menos recursos económicos, ha apostado por una iniciativa "sosteniblemente económica, autofinanciada y sin beneficios", que se materializará en una empresa ya existente 100% municipal, Barcelona de Serveis Municipals (BSM).

La iniciativa, que ya superó con críticas y dificultades una primera votación en la comisión de derechos sociales, deberá ser aprobada en el pleno de marzo para poder entrar en vigor. De todas formas, no será hasta 2020 cuando finalmente se ponga en marcha si pasa todos los filtros.