JAÉN.- El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha subrayado que "la peor censura para los periodistas es el asesinato" durante su ponencia magistral 'La Libertad de Expresión en conflicto: el derecho al honor, la seguridad nacional y otros' ofrecida este miércoles en los cursos de verano de la Universidad de Jaén (UJA) en el municipio jiennense de Torres.

La conferencia de Garzón ha tenido lugar dentro del curso que lleva por título Libertad de Expresión en el siglo XXI: nuevas tecnologías, nuevos retos y en ella ha destacado que el asesinato de periodistas "está pasando en muchos países del mundo, en Latinoamerica por ejemplo, donde los periodistas de investigación corren un gran riesgo".

Ha añadido que "tal y como ocurrió en la época del terrorismo en España, era peligroso informar sobre ello y hubo periodistas muertos, como hubo jueces o policías. Trabajar de forma independiente en una profesión se paga caro y el periodismo es clave".

Tras hacer un repaso a los casos más recientes de ataques contra la libertad de expresión en todo el mundo y en España, el presidente de Fibgar ha afirmado en relación con el tema de la corrupción que "plantear una denuncia sobre corrupción es un grave riesgo para la persona que lo hace. Quien se enfrenta a un poder establecido, si no tiene protección del Estado, cae".

Al final, ha dicho Garzón, "lo que sucede es que la gente no se atreve a denunciar. Tenemos normas para denunciar pero no tenemos mecanismos para proteger a quien denuncia. Es el caso de whistleblowers, para los que es preciso encontrar un ámbito de seguridad mayor".


Para el juez, "la intimidad y el honor son una especie biodegradable. Hay temas más serios que no se investigan. No se persigue la corrupción y sin embargo se ataca una portada de un periódico".


Ha añadido que "lo que ocurre es que determinados jueces y tribunales no hacen su trabajo, o lo hacen en un sentido determinado y no en otro"" por lo que "es necesario profundizar en los hechos y llegar al principio de igualdad ante la ley y hay que profundizar en lo que ocurre con la justicia en lo que se refiere a la libertad de expresión".

"Las autoridades persiguen a los que expresan sus opiniones"

El curso ha acogido también este miércoles la mesa redonda 'La Libertad de Expresión como fundamento democrático. La perspectiva política', moderada por Salvador Garrido Soler, de Colectivo Gentes, con Victoria Rossell, magistrada juez titular del juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas; Carlos Enrique Bayo, director de Público; y Maite Quílez, exdirectora de la revista El Jueves.

Carlos Enrique Bayo ha destacado que a pesar de que esta debería ser la época dorada de la información, por la inmediatez y la facilidad de publicar que existe, sin embargo "no es así porque gobiernos, autoridades, grupos de presión, instituciones, estamentos religiosos y hasta particulares se han empeñado en agostar esa primavera de la comunicación que internet y las redes sociales han hecho germinar".


"En España también estamos asistiendo a una persecución desenfrenada de los que expresan sus opiniones a través de las redes, en virtud de una Ley Mordaza que castiga hasta a los periodistas que hacen su trabajo para impedir que se divulguen los abusos policiales o de otras autoridades", ha añadido.


Según Bayo, se está ante "un panorama desolador que probablemente la mayoría de la población ignore: el ruido mediático es tan intenso que muchos confunden la avalancha de mensajes con libertad de expresión".


Maite Quílez, tras repasar la trayectoria de la revista ha relatado cómo "cuando estábamos convencidos de que se podía hablar de todo, para nuestra sorpresa y la de todo el país, en pleno siglo XXI nos secuestraron una revista con la portada del entonces Príncipe con Letizia".


Para Quílez, "el secuestro fue un error pues consiguió lo contrario a lo pretendido. En la siguiente portada salió Felipe como abejita y Leticia como una flor".


Por su parte, la magistrada Victoria Rossell ha defendido que "la función de los agentes públicos debería ser garantizar los derechos de reunión, libertad y expresión. Lo que deberían estar haciendo es velar y no limitar los derechos fundamentales".


"Nos dieron un código penal que es tan elocuente lo que contiene como lo que no contiene. No contiene penas ni agravaciones para el sector político y financiero, los que han provocado esta crisis. No contiene medios para atacar la gran corrupción. No contiene protección para los testigos de corrupción a los que se persigue, pero la disidencia política y social se criminaliza", ha subrayado Rosell.


La magistrada ha criticado que haya desaparecido la agravación por alteración del orden en eventos deportivos y por el contrario se penalice el derecho de reunión y manifestación. "Hay leyes que están incumpliendo la Constitución", ha señalado.