Los bancos impiden que una nigeriana censada en Barcelona cobre sus ayudas

Una inmigrante nigeriana empadronada en Barcelona no puede cobrar las ayudas sociales que le ha concedido el ayuntamiento porque ningún banco le permite abrir una cuenta, condición necesaria para recibir la prestación, amparándose en la ley de prevención de blanqueo de capitales.

El caso lo ha denunciado este miércoles públicamente el concejal de Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, durante la presentación del balance de la Oficina para la No Discriminación (OND).

"Lo ha pedido en seis entidades bancarias y las seis le han negado el derecho a abrir una cuenta", Marc Serra

"Lo ha pedido en seis entidades bancarias y las seis le han negado el derecho a abrir una cuenta, alegando la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales", ha explicado Serra. Para poder recibir las prestaciones sociales, los usuarios de los servicios sociales municipales necesitan tener una cuenta bancaria a su nombre en la que la administración les haga el ingreso.

La OND ya ha tramitado ocho casos idénticos

En los últimos dos años, la OND ha tramitado ocho casos como el de esta mujer, todos ellos de personas que se encuentran en situación irregular en España aunque están empadronadas en Barcelona y pueden demostrar arraigo en la ciudad.

Serra ha señalado que es "preocupante el incremento de las denegaciones del derecho a los servicios bancarios" y ha asegurado que en Barcelona "hay centenares de personas invisibilizadas, a las que se les está negando poder acceder a una cuenta corriente".

El concejal ha destacado que la ley 10/2010, en la que se amparan los bancos para negarse a abrir cuentas, no recoge suficientemente la normativa europea relativa a la prevención de blanqueo de capitales, que establece que hay velar para que no haya situaciones de discriminación.

Marc Serra ha explicado que hoy mismo ha enviado una carta al gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la que le expone las posibles prácticas discriminatorias detectadas y le pide que dicte las disposiciones oportunas para garantizar el acceso universal a los servicios bancarios.