El edificio tiene cinco pisos y tres viviendas por planta. A los costados de la puerta principal hay dos locales comerciales. Toda la finca pertenece al mismo propietario y todos los inmuebles están dedicados al alquiler. Tras picar en el telefonillo, una voz pregunta quién es. "Somos del Sindicato de Inquilinas de Madrid, venimos a dejar información. ¿Puede abrir?", responde uno de los activistas. Tras un momento de silencio, el cierre se desbloquea. Dejan folletos en cada buzón y llaman a varias puertas. No todas se abren, pero algunas sí. Ese era el principal objetivo del día.

Son una de las siete brigadas inquilinas que el sindicato de arrendatarios madrileños ha puesto en marcha este miércoles. La acción se ha realizado de manera simultánea en los distritos madrileños de Arganzuela, Ciudad Lineal, Usera o Tetuán y en ciudades como Getafe o Torrejón de Ardoz, y también en el barrio de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, uno de los más afectados por la escalada de precios de los alquileres en los últimos años y nuevo foco de especulación inmobiliaria de la capital.

Su objetivo, explican, es "pasar a la ofensiva", dejar de esperar a que los inquilinos se pongan en contacto con ellos para denunciar abusos de los propietarios o pasa asesorarse.

La cita de los activistas era a las 18.30 horas en la salida del metro. Se han juntado alrededor de 15, algunos miembros del sindicato y otros vecinos de la zona y algunos que forman parte de la plataforma ciudadana que se opone al proyecto de recalificación urbanística de la Ermita del Santo, un "pelotazo" urbanístico que levantará varias torres de 28 plantas entre ese barrio y Los Cármenes. Alrededor de 600 viviendas, muchas de lujo, y más de 2.000 plazas de garaje que, según los vecinos, seguirán engordando la bola de nieve de los precios.

14 bloques identificados

Todos llevan chalecos naranjas, octavillas para repartir y un mapa en el que han señalado los 14 edificios que visitarán durante la tarde, bajo la atenta mirada de una patrulla de la Policía Nacional que controla todos sus movimientos. Saben que cada bloque tiene un solo propietario tras consultar en el catastro la propiedad vertical, y consideran que este tipo de casero puede ser un foco de conflictos.

"Lo que queremos es explicar quiénes somos, informar de los derechos de los inquilinos y preguntar si tienen algún problema con sus contratos o detectar irregularidades", explica Leandro, uno de los activistas, que puntualiza que lo más habitual son subidas anuales del alquiler que superan el límite del 2% que ha fijado el Gobierno para este año. "Hay mucha gente que lo desconoce y son este tipo de cosas las que se pueden denunciar y solventar. Por eso vamos puerta a puerta", añade.

También buscan detectar cláusulas abusivas, falta de manteniendo de las viviendas y casos en los que el propietario se niega a renovar contratos para aumentar significativamente los precios a los nuevos inquilinos. Lo que denominan desahucios invisibles, y para evitarlos hay que generar comunidad entre una parte importante de los inquilinos afectados. Resistiendo y declarándose "bloque en lucha", con apoyo de los activistas, pueden presionar a los propietarios y negociar una renovación colectiva de contratos sin aumentos abusivos de los precios. Han sido decenas de edificios los que han seguido esta línea en Madrid desde que en 2017 se fundó el colectivo, y en algunas ocasiones han logrado evitar los desalojos.

Puerta del Ángel, foco de la gentrificación

El barrio de Puerta del Ángel es uno de los más afectados por el alza de precios de los alquileres. Su cercanía y buena comunicación con el centro, a un cuarto de hora en metro, y la construcción del parque Madrid Río han sido los principales atractivos para quienes ya no puede alquilar en el centro de Madrid y buscan una alternativa. Han sido expulsados por el auge de las viviendas turísticas, los alquileres de temporada y la llegada de trabajadores extranjeros con mayor poder adquisitivo. Ahora el efecto que los expulsó más allá de la M30 es el que ellos generan forzosamente en Puerta del Ángel, un tradicional barrio humilde de Madrid en el que apenas quedan puestos en su mercado municipal, plagado ya de los gastrobares que anuncian, con bullicio y cañas, la llegada inclemente de la gentrificación.

Aquí los alquileres han subido un 18,7% en el último año, según los portales inmobiliarios. Ya son un 61% más caros que en 2014, cuando comenzó a inflarse la burbuja en la capital. Y los activistas advierten de que aún puede ir a peor, con varios proyectos de recalificación de terrenos para edificar viviendas de lujo o el polémico proyecto de la Ermita del Santo.

Puerta del Ángel sería una clara zona tensionada según la ley de vivienda que está a punto de aprobarse, pero mientras gobierne el PP, no habrá ningún límite a esta escalada, por pequeño que sea.

Expulsión de los vecinos de siempre

"Esta siempre fue una zona asequible", comenta Soledad Jiménez. Tiene 75 años y lleva 27 en el barrio. Ninguna de sus dos hijas, de 37 y 42 años, se han podido quedar, lamenta. "Los precios son imposibles. Se han tenido que ir a otros barrios o incluso a otros pueblos. La gente que creció aquí se tiene que marchar aunque no quiera por culpa de la especulación. Pero también los pequeños comercios de barrio y tiendas de cercanía", sentencia. Solo este año han cerrado en su calle la agencia de viajes que siempre utilizaba y una tienda de productos congelados. "Les han subido los alquileres una barbaridad y no han podido quedarse", sostiene. Por eso ha decidido unirse a la brigada, "por solidaridad con el sindicato" y para unificar luchas, ya que también forma parte de la plataforma con el proyecto de la Ermita del Santo.

Las brigadas recuerdan a quien les abre la puerta que ya han logrado frenar las subidas de los alquileres en varios bloques de Torrejón de Ardoz propiedad del fondo de inversión Blackstone, el mayor casero del país. También dieron una larga batalla en el número 11 de la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés, donde finalmente se expulsó a vecinos que llevaban décadas allí y a los que les imponían aumentos de hasta el 300% de precio si querían renovar. Hoy son todos viviendas turísticas que se alquilan en Airbnb.

En Puerta del Ángel lleva ya años pasando. La mujer que regenta un local en uno de los edificios que visitan las brigadas inquilinas asegura que no le queda mucho en el barrio. Prefiere ocultar su identidad, porque su contrato termina pronto y no quiere arriesgarse, pero está convencida de que no le van a renovar el alquiler. Su casero es desde hace tres años la inmobiliaria Madlyn, que compró el edificio entero y reformó gran parte de las viviendas.

"Se está haciendo con el barrio, tiene prácticamente la mitad de esta calle", sostiene. Añade que no queda nadie de los antiguos vecinos en el bloque salvo varios ancianos que conservan el alquiler de renta antigua. "Muchas de las viviendas están sin alquilar y los que vienen son gente joven", explica. Uno de sus inquilinos asegura que de momento no puede hablar de irregularidades porque apenas lleva unos meses viviendo allí. Paga 1.400 euros por un piso con tres habitaciones diminutas. Es el estándar en la zona. Lo que intentan las brigadas inquilinas es llegar antes, cuando los caseros aún no ha expulsado a los inquilinos. Pero la velocidad de la especulación de momento les gana la partida.