Decenas de miles de caminos públicos históricos y vías pecuarias se encuentran usurpados por grandes propietarios ante la desidia de las administraciones. La ley los protege como bienes de dominio público, especialmente a las vías pecuarias, pero gran parte de ellos están sin deslindar ni catalogar, lo que ha permitido que muchos dueños de fincas privadas los ocupen impunemente.

Andalucía, Castilla La Mancha y Baleares son algunas de las comunidades autónomas con mayor número de incidencias, según estimaciones aportadas por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), que agrupa a un buen número de colectivos ciudadanos de toda España. En Sierra Morena la situación es "crítica". Casi el 80% han sido apropiados parcialmente o cerrados al paso por propietarios de fincas, que los reutilizan para uso agrícola o cinegético. En el conjunto de Andalucía, casi la mitad se encuentran alterados o invadidos, mientras que en Baleares o Castilla La Mancha la cifra podría llegar al 60%, siempre según datos aproximativos.

Históricamente, los caminos públicos han sido vías de comunicación entre poblaciones rurales o para otro tipo de usos tradicionales. Con el abandono paulatino de prácticas antiguas, gran parte de ellos han sido reutilizados para fines deportivos o de disfrute de la naturaleza. Las vías pecuarias, por su parte, tienen su origen en el siglo XIII para el tránsito del ganado en la trashumancia y constituyen un patrimonio público único en el mundo. Las cañadas reales tienen 72 metros de ancho mientras que las veredas constan de 20 metros. Desde 1995, una ley las dota de protección especial y su tutela está transferida a las comunidades autónomas.

Algunos cálculos cifran en casi un millón de kilómetros de caminos públicos en todo el país, según estimaciones citadas por Manuel Trujillo, coordinador de la PICP. Dependen de los ayuntamientos y, pese a ser bienes demaniales y, por lo tanto, protegidos, no cuentan con el amparo de una ley específica. Su situación es desigual, dependiendo de las provincias y comunidades autónomas, pero la mayor parte de ellos no están inventariados, debido a la falta de medios humanos y materiales de las administraciones locales. "En las zonas de caza es donde más usurpación de caminos públicos y vías pecuarias se produce", argumenta Trujillo.

Las vías pecuarias, en cambio, rondan los 130.000 kilómetros en toda España. La ley obliga a las administraciones a clasificarlas, deslindarlas y amojonarlas, así como a vigilar su buen uso y actuar contra los infractores. La realidad, sin embargo, retrata un panorama sombrío de dejación y abandono. Es la respuesta de colectivos ciudadanos, cada vez más activos, quienes están empujando a las administraciones a cuidar un patrimonio público cuya protección la ley le obliga.

"Hablamos de un patrimonio de todos. No hay catalogación y muchos propietarios se han adueñado de este tipo de bienes porque no están registrados. Falta cultura y conciencia", lamenta David Moscoso, ex diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía e impulsor de una Ley de Defensa de Caminos Públicos, que no llegó a ver la luz en 2018 debido al adelanto electoral.

La Junta de Andalucía puso en marcha en 2001 un plan de deslinde de los casi 34.000 kilómetros de vías pecuarias de la comunidad autónoma. Diez años después, se habían deslindado casi 9.000 kilómetros, muchos de los cuales, sin embargo, han vuelto a ser ocupados arbitrariamente por grandes propietarios o están inmersos en un pantano administrativo de recursos e interposiciones.

El plan de deslinde y recuperación de vías pecuarias fue financiado parcialmente por la Unión Europea con varios millones de euros. Una delegación andaluza, integrada por Moscoso y Trujillo, entre otros, se desplazó a Bruselas en noviembre pasado para informar a la Comisión Europea de las reiteradas irregularidades en el empleo de los fondos comunitarios por parte de la Junta de Andalucía. La CE girará una visita de inspección en los próximos meses para verificar las denuncias formuladas.

El proyecto de Ley de Defensa de Caminos Públicos contó con el apoyo inicial del PSOE, Podemos e IU y el rechazo de Ciudadanos y PP. La norma preveía la catalogación y protección de todos los caminos públicos, así como un régimen sancionador, que contemplaba multas de hasta 120.000 euros para las infracciones graves. La organización agraria Asaja se ha mostrado beligerante con el proyecto de ley y, tras el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, todo indica que será paralizada.

Precisamente, el ex director general de Asaja Andalucía Vicente Pérez García de Prado es quien ocupa actualmente el cargo de secretario de Agricultura, el departamento del nuevo Gobierno andaluz competente en materia de caminos públicos y vías pecuarias. Este periódico contactó con él para recabar su opinión sobre la cuestión pero declinó hacer declaraciones.

Representantes de la PICP y el ex parlamentario andaluz David Moscoso mantuvieron días atrás una reunión con Luis Planas, ministro de Agricultura, para analizar la situación y tratar de retomar la defensa de los caminos públicos en el ámbito estatal.