Es el tercer pleito contra un miembro de A Desalambrar, una organización ciudadana que lleva ya 20 años luchando en Córdoba por la defensa de los caminos públicos y las vías pecuarias, sometidos en las últimas décadas a un creciente proceso de usurpación por parte de grandes propietarios en toda España. Manuel Trujillo se sentó el martes en el banquillo y se enfrenta a una multa de hasta 1.200 euros por haber cortado una valla de alambre que cerraba el paso al camino público del Bañuelo en un acto simbólico celebrado en abril del año pasado, que contó con la presencia de varios medios comunicación. El juicio, no obstante, fue aplazado hasta mayo.

Un vídeo de Canal Sur precisamente fue la prueba que esgrimió el propietario de la finca contra el colectivo ciudadano. El camino público clausurado data del siglo XV, fue inventariado en 1884 y desde 2016 figura en el catálogo municipal del Ayuntamiento, por lo que cuenta con la protección reglamentaria correspondiente. Fue cerrado al paso en diciembre de 2020 y desde entonces la asociación senderista ha interpuesto hasta tres denuncias ante el Consistorio cordobés, que ha respondido con el silencio administrativo, pese a que las ordenanzas locales califican la ocupación de este tipo de vías de uso común como infracción "muy grave" con multas que pueden alcanzar los 30.000 euros.

El caso del Bañuelo desnuda un fenómeno progresivo de invasión de los caminos históricos y vías pecuarias en toda España, considerados como dominio público por la legislación y, por tanto, protegidos por la ley como espacios de libre tránsito. Solo en Sierra Morena, el sistema montañoso de 400 kilómetros que atraviesa cuatro provincias de Andalucía, el 80% de los senderos tradicionales y vías pecuarias han sido apropiados por grandes propietarios con fines ganaderos y cinegéticos, según datos de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), de la que Manuel Trujillo es su coordinador.

"Los caminos públicos están en riesgo de desaparición", asegura tajante Trujillo. Los ayuntamientos son las administraciones competentes para inventariarlos, pero, en la mayor parte de los casos, por desidia o por evitar conflictos con los propietarios, rehúsan hacerlo. De resultas, los senderistas se encuentran huérfanos de un instrumento legal para exigir su apertura y se ven abocados a engorrosos procedimientos administrativos para obligar a los propietarios a abrirlos al paso.

En España hay un millón de kilómetros de caminos públicos, muchos de ellos senderos históricos y tradicionales, que forman parte de un inmenso patrimonio común en riesgo de extinción. Baleares, Castilla La Mancha y, sobre todo, Andalucía son las tres comunidades autónomas donde el fenómeno del vallado abusivo está provocando la invasión de este tipo de senderos de dominio público en el medio natural. "La mayor parte de ellos no están inventariados, aunque los ayuntamientos tienen la obligación de catalogarlos y son los responsables de protegerlos", denuncia Manuel Trujillo. En el norte de la península, sobre todo en la cornisa cantábrica, es infrecuente el uso de vallado cinegético y, por tanto, el problema es mucho menor.

Poco antes de las 9:30 de la mañana del martes, activistas y representantes de varios colectivos ciudadanos se arremolinaban frente a la Ciudad de la Justicia de Córdoba en señal de apoyo a Manuel Trujillo. El juicio apenas duró unos minutos, después de que la titular del juzgado de instrucción número siete hubiera comprobado la ausencia de un informe pericial sobre el valor de la valla cortada. El propietario pedía 1.200 euros, mientras que A Desalambrar cifraba los daños en menos de 400 euros. El juicio ha sido aplazado al cinco de mayo.

Trujillo no alberga duda alguna sobre el desenlace judicial del caso. "Estamos confiados. Es imposible que nos condenen", asegura. El coordinador de la PICP insiste una y otra vez en que el corte del alambre fue un mero "acto simbólico", que únicamente perseguía llamar la atención sobre la cada vez más extendida usurpación del patrimonio natural público. De otra forma no tendría sentido que a la ruta reivindicativa hubieran sido invitados varios medios de comunicación, que fueron testigos de la acción, posteriormente difundida en prensa y televisión.

El activista procesado apunta directamente contra el Ayuntamiento de Córdoba como responsable de la ocupación de decenas de caminos públicos por su "dejadez" y "complicidad". Ya en junio pasado, A Desalambrar entregó un pliego con más de 3.000 firmas al Gobierno local exigiéndole la apertura de los senderos clausurados. Un mes después, el Ayuntamiento puso en marcha una comisión de trabajo que únicamente celebró una sola reunión. "Luego no se ha sabido más", lamentó Trujillo.

Solo en la sierra de Córdoba capital existen 363 kilómetros de caminos de uso público y 87 se encuentran cerrados al paso mientras otros 30 son intransitables, según datos suministrados por la asociación senderista reivindicativa. En este área montañosa a escasos kilómetros de la urbe, están identificados 26 caminos públicos inventariados, otros 21 no catalogados, 23 vías pecuarias, tres montes públicos y una vía férrea. El de Córdoba es un caso paradigmático del grave problema de usurpación del espacio público natural y el peligro de extinción de cientos de miles de kilómetros de caminos históricos que durante siglos han comunicado núcleos de población en toda España.