Encerrar a personas "que no han cometido delito alguno" para asegurar que no rehuyan su orden de expulsión de España (dictada por vía administrativa en base a la Ley de Extranjería) "es desproporcionada y discriminatoria" y por tanto los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) "deberían ser abolidos".

Es la conclusión de la mesa sectorial de trabajo del Ayuntamiento de Madrid sobre estas instituciones de reclusión tras un año de análisis del centro ubicado en la capital, el CIE de Aluche. El informe, al que ha tenido acceso Público y que se llevará al Pleno, será presentado este lunes. En él el consistorio reconoce "la colaboración imprescindible de las organizaciones sociales y ONGs que llevan años trabajando por los derechos humanos" en el ámbito del CIE de la capital.

La alcaldesa Manuela Carmena recoge así las denuncias de estas organizaciones de la sociedad civil y las fundamenta sobre las recomendaciones de numerosas instituciones internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo. Ambos han constatado que en los CIE se producen violaciones de los derechos básicos de los internos y que hay indicios de que sufren torturas.

Al Ayuntamiento declara que pese al derecho del Estado a controlar las migraciones, "la relación entre el medio empleado (privación de libertad por un hecho ilícito administrativo) y el objetivo perseguido (regulación de las migraciones y control de fronteras), es claramente desproporcionada, pues existen medidas alternativas menos coercitivas" para lograr tal fin, por lo que el consistorio eleva la pregunta de "cuál es el verdadero objetivo de estos centros": "En la práctica, se revela como un mecanismo meramente retributivo".

Con esta reivindicación la ciudad de Madrid se suma así a la de Barcelona en su posición en contra de los CIE, así como a numerosas organizaciones de la sociedad civil que han protestado por su presencia y piden activamente su cierre. 

Medidas alternativas al internamiento

Poniendo como objetivo el cierre del CIE de Aluche, la lógica de trabajo de la mesa sectorial ha sido la de ofrecer soluciones para que, mientras esto ocurre, se reduzca el número de internos y estos tengan garantizados sus derechos humanos durante su reclusión. 

El Ayuntamiento ofrece a tal efecto la redacción de un "informe social"  sobre "aquellos aspectos que tienen que ver con el arraigo" de la persona a la sociedad española, con el objetivo de "facilitar la decisión judicial". "Cuando no exista este arraigo —continúa el informe— se ofrecerá como recurso una vivienda municipal o perteneciente a alguna Asociación con la que exista convenio, en la que la persona extranjera podrá permanecer teniendo cubiertas sus necesidades básicas, hasta que se resuelva sobre su expulsión o no del territorio nacional".

Internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid, muestran un cartel desde la azotea del edificio. AFP | JAVIER SORIANO

Pide Carmena en este punto una particular atención a personas "en situaciones de especial vulnerabilidad", como mujeres víctimas de violencia de género, trata, solicitantes de asilo o familias con menores a cargo, para facilitar su acceso a los servicios de "protección y asistencia".

Para asegurar una mejor defensa jurídica de los inmigrantes, el Ayuntamiento propone firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid para que los letrados cuenten con información de los servicios sociales del consistorio sobre empadronamiento, vivienda o acceso a ayudas, "bajo obligación de confidencialidad". La cobertura se extenderá al interior del centro, con el objetivo de que los internos cuenten también con un servicio de orientación jurídica.

En esta línea, Madrid formará a su personal de servicios sociales para que puedan colaborar más estrechamente con los inmigrantes en los casos de "irregularidad sobrevenida", ya que "cuando uno de los miembros de la familia no puede renovar su autorización de trabajo y residencia por falta de empleo, arrastra a toda la
familia a la irregularidad documental". También adelanta que intentará llegar a un acuerdo con los responsables del CIE de Aluche para regular la presencia dentro del mismo de estos trabajadores sociales.