El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que el teléfono público para la prevención del suicidio ha sido privatizado y ha quedado en manos de la Cruz Roja. La centralita tendrá de teléfono de contacto el 024.

Por dos millones de euros (2.049.750 euros) y durante un año, la ONG se hará cargo de esta herramienta, una de las medidas estrella del Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental de 100 millones de euros anunciado por el presidente el pasado mes de octubre. 

El pasado febrero se hizo una primera publicación para anunciar que una empresa privada gestionaría las labores técnicas de este teléfono. En el documento publicado esta semana se justifica la privatización y no haber hecho un concurso público en que "concurren razones de interés público y social que determinan la improcedencia de su convocatoria pública". Público ha preguntado a Sanidad con la intención de ampliar esta reflexión pero no ha obtenido respuesta. 

Cruz Roja ha declarado que aún es pronto para saber cómo funcionará el teléfono de prevención del suicidio porque el servicio acaba de ser concedido. 

Por su parte, Javier Abril, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos y Residentes (ANPIR), ha valorado de forma crítica la noticia: "Se han desatendido todas nuestras iniciativas y propuestas. Se opta por la subcontratación y son más de dos millones de euros que podrían haber ayudado a sostener la resiliencia del sistema de salud".

Como ya contó Público, ANPIR se mostró algo escéptica por la medida de Pedro Sánchez y su Gobierno y envió una carta en la que solicitaba que el teléfono para prevención del suicidio tuviera otra naturaleza e integrarlo en los números de urgencias sanitarias. "La idea clave es mantener todas estas actuaciones integradas en el sistema sanitario y ahorrar la necesidad de memorizar o buscar un nuevo número de teléfono en medio de una situación personal de crisis", aseguraba el documento, que fue ignorado.

La Encuesta sobre la Salud Mental durante la pandemia publicada por el CIS en febrero de 2021 registraba que el 23,4 % de la población española ha sentido miedo a morir debido a la covid-19 y que se ha duplicado la prescripción de psicofármacos.

En España se quitaron la vida 3.671 personas en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso se traduce en diez personas al día, por lo que urgen soluciones al respecto, más aún cuando la pandemia ha disparado los trastornos depresivos hasta el 20% de la población.

Abril no carga específicamente contra Cruz Roja, pero se muestra en desacuerdo con la decisión del Gobierno: "Cruz Roja no va a ofrecer las mismas garantías en cuanto a la calidad de la prestación que la sanidad publica. Las ONG cumplen una función social, pero no es su cometido prestar servicios de carácter básicos. Es un desmantelamiento progresivo de la capacidad del sistema nacional de salud".

La concesión, de dos millones de euros, tampoco es algo a lo que ANPIR muestre su apoyo: "Será más barato, pero lo barato sale caro. En un tiempo veremos que es una medida que no tiene impacto, e invertir sin garantías es una forma muy llamativa de tirar el dinero", aseveran.

Entre las tareas a desarrollar, Cruz Roja tendrá a su cargo el desarrollo de un sistema de atención telefónica para la prevención de la conducta suicida dirigido a la población que asegure la confidencialidad, accesibilidad e inmediatez en la respuesta y la actualización del mapa de recursos comunitarios disponibles para la asistencia, prevención y apoyo psicosocial a personas con ideación o conducta suicida, a fin de realizar una correcta derivación si fuera necesario.