Las madres de Altsasu no quieren resignarse. Tras recibir el enésimo golpe –esta vez desde el Tribunal Supremo-, las familias de los jóvenes imputados por la pelea nocturna con dos guardias civiles en un bar de esta localidad navarra empiezan a mirar, ahora más que nunca, hacia Europa. El primer paso ha tenido lugar en la Eurocámara, donde una amplia representación política ha firmado una declaración que podría resumirse en una palabra: justicia.

Tal como ya ocurrió en el Congreso de Madrid, varios partidos políticos de ámbito estatal, vasco y catalán han unido sus voluntades en el Parlamento Europeo para tratar de llevar hasta allí lo que consideran como un auténtico despropósito. “Solicitamos la eliminación de la definición criminal de terrorismo para estos acontecimientos”, señalan los eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida, Equo, PNV, EH Bildu, ERC, ICV y PDeCat, quienes han pedido “la devolución de la investigación al Tribunal de Primera instancia número 3 de Pamplona” para que los nueve jóvenes acusados de haber participado en la pelea con los dos agentes de la Benemérita “sean juzgados” en el tribunal de la capital navarra.

No se trata de un detalle menor: si la causa fuese devuelta a Pamplona, los jóvenes imputados no serían juzgados por un caso de terrorismo, algo que conllevaría penas de entre 10 y 15 años de prisión. En otras palabras, los firmantes solicitan que “los principios de proporcionalidad, justicia y equidad prevalezcan”. Así consta en ese texto, promovido en la cámara de Bruselas por los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Josep-Maria Terricabras (ERC).

La declaración también lleva la firma de los europarlamentarios de IU Javier Couso, Paloma López Bermejo y Angela Vallina, su compañera gallega Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda) o los representantes de podemos Tania González, Xavier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres y Miguel Urbán. Junto a ellos figuran los nombres de Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu), además de Jordi Solé (ERC), Ernest Urtasun (ICV), Ramón Tremosa PDeCat y Florent Marcellesi (Equo).

Portazo del Supremo

El reclamo de justicia de los eurodiputados trascendió algunas horas antes de que el Tribunal Supremo cerrase la puerta a cualquier posibilidad de que el denominado “Caso Altsasu” regresara al juzgado de Pamplona. En una resolución emitida con bastante rapidez, el TS resolvió que los acusados deben ser juzgados por terrorismo, tal como planteó la jueza de la Audiencia Carmen Lamela en su auto de procesamiento. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los familiares de los imputados, quienes en las últimas horas también habían recibido el apoyo de más de 80 alcaldes vascos.

“Estamos con rabia y dolor”, comentó a Público Edurne Goikoetxea, madre de una de las jóvenes imputadas. Tras mostrar su “sorpresa” por la velocidad con la que el Tribunal adoptó esta decisión, esta mujer habló también del principal temor que reina entre las familias afectadas: “Da igual el juzgado o tribunal al que lleguemos: aquí están siguiendo un guion, en el que nuestras y nuestros hijos son sus marionetas. El final de esta historia ya está escrita, y sus autores ya saben dónde terminará todo esto”, subrayó.

Al atardecer de este jueves, las calles de Altsasu volvieron a acoger una nueva movilización por los nueve imputados, de los cuales tres siguen presos bajo el severo régimen FIES en Soto del Real. Así seguirán hasta un juicio que aún no tiene fecha, aunque muchos ya prevén cuál será la condena. El final, dice Goikoetxea, ya está escrito.