La migración pone rostro humano a la crisis climática. Los desplazamientos internos e internacionales son la última de las consecuencias de la emergencia ecológica y se extienden de manera desigual por el planeta. Las frecuentes sequías, las inundaciones o las olas de calor que terminan incendiando regiones enteras se han convertido en una razón más que obliga a miles de personas a abandonar sus territorios cada año. Así lo ha denunciado este miércoles la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Greenpeace, organizaciones que han presentado un informe sobre la influencia de la emergencia climática en los procesos migratorios del ser humano.

"Los movimientos son muy diferentes, según la zona, pero el 90% de los desplazamientos que tienen que ver con la crisis climática o con conflictos ambientales son internos, es decir, personas que viven en entornos rurales y se tienen que ir a las grandes ciudades por escasez de recursos", ha explicado Javier Raboso, responsable de la campaña de Paz y Derechos Humanos de la organización ecologista. Señala el experto que, tanto los desplazados internos como los refugiados internacionales, en la mayoría de los casos, no deciden abandonar sus hogares de manera repentina, sino que es un proceso "más paulatino".

Los datos del informe, que recopila estadísticas de organismos internacionales, en 2020 se batió el récord de desplazamientos vinculados a la situación de emergencia climática, con 40,5 millones de migrantes nuevos en 149 países del mundo. El 75% de los movimientos estaban motivados por desastres naturales como tormentas, inundaciones o sequías. La publicación, no obstante, pronostica que en el peor de los escenarios el número de migrantes internos podría llegar hasta los 140 millones para el año 2050. Sin embargo, las organizaciones alertan de que estas cifras, pese a servir para entender la magnitud del problema, pueden ser utilizadas para "alentar los discursos populistas basados en el miedo a las grandes llegadas de personas".

La publicación pone el foco en la desigualdad de las consecuencias de la crisis climática. Los países que más emisiones de gases de efecto invernadero generan, ubicados en el Norte Global, son los que menos sufren las consecuencias de su acumulación en la atmósfera. Además, poderes corporativos con sedes en países ricos llevan a cabo actividades productivas en regiones muy vulnerables a la emergencia ecológica, siendo este un factor más que favorece el desplazamiento de las personas. La pesca intensiva y la fabricación de piensos en zonas costeras de Senegal, Gambia o Mauritania son un ejemplo de cómo muchas poblaciones locales que viven de esa actividad se enfrentan a la escasez y terminan abandonando sus hogares hacia las grandes ciudades o cruzando las fronteras del norte. 

Este contexto, sin embargo, contrasta con el "vacío jurídico" y el desamparo de los desplazados y refugiados climáticos. "No existen documentos ni textos vinculantes que obliguen a los Estados a proteger a quien migra por razones ambientales, ni para desplazados internos ni para quienes cruzan las fronteras", indica Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia de CEAR. La Convención de Ginebra (1951) sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Nueva York de 1967 no fueron "concebidos" para dar seguridad jurídica a quienes se ven forzados a abandonar sus hogares por el impacto del cambio climático. En otras palabras, el refugiado climático no existe de manera legal para los organismos internacionales que regulan los tratados de acogida.

En ese sentido, las dos organizaciones reclaman a la comunidad internacional que promueva una agenda climática enfocada a frenar la crisis climática, pero sobre todo a favorecer la transición de los países más empobrecidos y su adaptación a las nuevas coyunturas derivadas del calentamiento global. Complementario a ello debe ser, según las demandas de CEAR y Greenpeace, la llegada de un cambio en la interpretación de los tratados internacionales que definen los derechos de las personas refugiadas para incluir las motivaciones ambientales como un nuevo requisito para la acogida. 

No obstante, las organizaciones han desglosado también algunas peticiones concretas dirigidas a la Unión Europea, a quien reclaman programas de Acción Exterior y dar la espalda a aquellos acuerdos comerciales injustos que permiten el extractivismo y la explotación de recursos esenciales para las comunidades locales del Sur Global. Además, exigen que se active la Directiva de Protección Temporal, regulando los visados humanitarios e incluyendo en ellos la posibilidad de argumentar motivos climáticos a las solicitudes.