El Gobierno de Murcia rebajará las condiciones de la aplicación del veto parental, pero aprobará la medida por decreto. La Consejería de Sanidad regional alega que es una forma de reducir la burocracia que han asumido desde septiembre los centros murcianos, pero para la comunidad educativa y las organizaciones sociales consultadas por Público sostienen que no hay ningún cambio sustancial.

El Ministerio de Educación sí que ha decidido esperar a conocer el decreto que regulará la medida para pronunciarse sobre los cambios. Las modificaciones harán que la autorización de los padres sea obligatoria para las actividades complementarias, pero no se requerirá en caso de que esas actividades estén impartidas por funcionarios y el silencio será considerado como una autorización implícita.

Fuentes del ministerio indican que esperan que se elimine la censura parental, pero que están "atentos" al anuncio de regularlo mediante decreto y que cuando se publiquen los reglamentos lo analizarán. "Si fuera necesario, el ministerio tomará las medidas pertinentes para que se respete el derecho a la educación de los menores y la normativa vigente", detallan a este medio.

Pero los colectivos sociales y las organizaciones señalan que las modificaciones no  cambian nada. "El veto sigue existiendo y es inaceptable. Estas medidas ahondan en la idea de que la censura se puso en marcha pensando en una serie de contenidos que para Vox son especialmente molestos como la diversidad o educación sexual", explica a Público el responsable de Menores, Educación y Diversidad Afectivo-Sexual en Amnistía Internacional, Carlos Sanguino. 

Lo mismo apunta la portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Lucía Avilés: "La igualdad de sexo, el feminismo, no es una 'ideología', sino un Derecho Fundamental consagrado por el artículo 14 de la Constitución Española, y es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todos los poderes públicos tienen una obligación constitucional reforzada de establecer las condiciones necesarias para su efectividad, por lo que ninguna excepción, ni aún maquillada de legalidad, puede modificar esta a obligación de los poderes públicos – y el gobierno de Murcia lo es – en tal sentido". 

Los colectivos y las organizaciones que se han movilizado en Murcia en contra de la medida apuntan lo mismo. La plataforma Pacto por la Regeneración en la Región de Murcia ha calificado de "insuficientes" los cambios y ha anunciado que seguirán con las protestas. La próxima cita es el 11 de febrero ya que la plataforma de defensa de la escuela pública Marea Verde ha convocado concentraciones en varias ciudades. 

En este sentido, el Sindicato de Estudiantes también mantiene la huelga convocada para el 6 de marzo. "Queremos responder toda la comunidad educativa porque solo es el comienzo de Vox de meter en las aulas su mensaje de odio", explica la portavoz de la organización Marina Mata. 

Veto parental a las asociaciones y no a los funcionarios

La Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem) y el colectivo No Te Prives anunciaron que entregarán este jueves al Gobierno regional las 153.000 firmas que han recabado en la plataforma electrónica de participación ciudadana Change.org contra la implantación del permiso parental.

Son dos de los colectivos que imparten más charlas en Murcia sobre diversidad sexual junto al colectivo Galactyco. La censura parental que quiere mantener el Gobierno regional seguiría afectando a las tres asociaciones. El presidente de este último colectivo, Alberto Alba, explica la situación de "desconcierto".

Alba coincide con la técnica de educación de No Te Prives, Eva Illán, en que el interés de los centros por las charlas no ha disminuido, pese a que las dificultades sí que hacen que acaben formalizándose más talleres. "Sí han habido vetos, intentos de retirar talleres ya concretados, peticiones de asistencia a las familias o algunas muestras de escándalo o desinterés, pero en la mayoría de los casos ha habido buena aceptación y se han considerado necesarios después de recibirlos", concreta Alba.

El hecho de que se sigan vetando a las asociaciones da paso a que siga faltando educación sobre diversidad en los centros escolares porque hasta ahora han sido las organizaciones las que han impartido estos talleres. "Los contenidos sobre diversidad sexo afectiva en el currículo no es algo que se hayan inventado las asociaciones LGTBI. Viene desde organismos como el Consejo de Europa. Estos contenidos se plantean para que los estudiantes puedan detectar la homofobia o LGTIfobia, por ejemplo. Los contenidos son necesarios y deberían garantizarse por ley. En este sentido estaría bien si el Estado lo hace", sostiene Sanguino.

Avilés también señala que continuar con la censura parental, sea como sea, supone que se incumplan las obligaciones asumidas "internacionalmente": "Para conseguir el respeto a los Derechos Humanos debemos transmitirlos y enseñarlos a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes, y tendremos que hacerlo de manera completa y eficaz, lo que no será posible si el contenido de la educación se cerca en función de posturas ideológicas que nada tienen que ver con los valores esenciales de todo Estado democrático de derecho: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político".

La censura parental más allá de Murcia

La repercusión del veto parental está sobrepasando Murcia. Por esto las movilizaciones van más allá de la región y, por esto también, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) puso en marcha este miércoles un servicio de formación, información y asesoramiento al profesorado y a los equipos directivos de los centros educativos sobre la censura parental.

Según la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO, Isabel Galvín, el servicio tiene el objetivo de recomendar pautas de actuación en caso de que estén recibiendo ejemplares del veto parental.

Ya han sido varias las asociaciones que han denunciado que sufren acoso, censura y amenazas, sobre todo, en las otras regiones en las que gobiernan PP y Ciudadanos: Madrid y Andalucía. De hecho, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte llegó a cancelar varias charlas que ya estaban programadas sobre violencia de género.