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Chat de exmilitares La Fiscalía de Madrid archiva la investigación sobre el chat de los exmilitares al no apreciar delito de odio

Considera que se trata solamente de un chat privado "donde los integrantes exponen sus opiniones a los demás partícipes" e interpreta los mensajes como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el acto por el cual Teodoro López Calderón ha jurado su nuevo cargo como Jefe del Estado de Mayor de la Defensa (Jemad), en Madrid (España), a 28 de enero de 2021
La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el acto por el cual Teodoro López Calderón ha jurado su nuevo cargo como Jemad, en Madrid (España), el pasado 28 de enero de 2021. Europa Press

La Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta sobre un chat de exmilitares en el que hablaban de "pronunciamientos" y de fusilar a 26 millones de españoles, al entender que no son constitutivos de un delito de discurso de odio.

Según ha informado la Fiscalía, los mensajes que aparecen en un chat "privado" formado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire no suponen delito porque sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes "con libertad" y "en la confianza de estar entre amigos", sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito

El Ministerio Público comenzó a investigar el grupo de WhatsApp formado por miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire a raíz de un escrito enviado el pasado mes de diciembre por la ministra de Defensa, Margarita Robles, por si los mensajes pudieran ser constitutivos de delito.

Además, los integrantes de ese chat habían enviado también una carta al rey en la que se hacía una crítica contra el Gobierno, centrada en el acoso que dicen que se ejerce al poder judicial y la amenaza que ello supone para la separación de poderes, según recuerda la Fiscalía.

Un chat privado

El departamento dirigido por Robles alegó que el chat de militares retirados pertenecientes a la XIX promoción del Ejército del Aire podía considerarse público, ya que pertenecían a él más de medio centenar de personas y, por tanto, podría tener recorrido legal. 

Sin embargo, para el Ministerio Fiscal, "no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo", por lo que ha descartado un posible delito de odio.

La Fiscalía descarta un posible delito de odio y defiende la libertad de expresión

A su juicio, se trata solamente de un chat privado "donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás partícipes" sin que exista voluntad alguna "de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos".

Subraya, según la información recibida por Defensa, que los integrantes del grupo pasaron al retiro hace muchos años, "algunos hace más de 40 años", sin que ninguno esté en activo ni en la reserva, ni siquiera en otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, hay chats de oficiales y suboficiales en activo donde se justifican esas proclamas golpistas. En uno de ellos, destapado por Público, se defiende específicamente a los altos mandos retirados que decían desear fusilamientos masivos.

Palabras "inapropiadas" pero no delictivas

La Fiscalía ha explicado que "los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual".

Además, ha señalado que, al no poder contextuatilizar los mensajes que se han hecho públicos con el resto del contenido del chat, "aisladamente" contemplados solo "constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno".

Libertad de expresión

Así, los interpreta como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, "constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre".

En este contexto, ha querido recordar que la libertad de expresión tiene un campo de acción "más amplio" que la libertad de información, "que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados", de ahí –ha expuesto– que un criterio fundamental para valorar su legitimidad sea la veracidad.

No ocurre lo mismo con la libertad de expresión, que "alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada", ha indicado.

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