Regular la actividad de las plataformas digitales por el bien común de los ciudadanos. Este es el objetivo de la alianza que han establecido 42 ciudades europeas para aprovechar los factores positivos de las economías de plataforma, regulando sus efectos negativos sobre el día a día de las urbes. El acuerdo, llamado Declaración de Barcelona, se firmó durante la tercera edición de la Sharing Cities Summit 2018, que se celebró hace unos días durante el Smart City Expo World Congress. El primer teniente de alcalde y concejal de Trabajo y Economía de Barcelona, Gerardo Pisarrello, asegura que "las ciudades nos conjuramos para defender las oportunidades de una economía que sea realmente colaborativa".

Después de un período en el que las ciudades se han visto desbordadas para gestionar este fenómeno por sus limitaciones competenciales, la Declaración de Barcelona es el primer paso para reivindicar su soberanía. A partir de ahora, estas 42 ciudades actuarán como un lobby para negociar con las plataformas digitales ante la amenaza sobre los derechos laborales y las dificultades para controlar su aportación fiscal.

Pisarello destaca que la intención es "hacer oír la voz de las ciudades, que trabajaremos de forma conjunta para aprovechar las oportunidades de innovación que ofrece la revolución tecnológica". En este sentido, asegura que se trata de un "sindicalismo municipalista en defensa de la economía colaborativa".

La 'uberización' de la economía

Ante el nuevo escenario que plantean plataformas digitales como Airbnb, Uber, Deliveroo o Glovo, la Declaración de Barcelona aborda el reto de regularlas con normativas que contemplen las obligaciones tributarias y laborales y respeten los derechos de los trabajadores y consumidores. Para hacer frente a la tendencia ya conocida como uberización de la economía, las ciudades (con el apoyo de los sindicatos) reclaman "una tutela efectiva de los derechos de los trabajadores y que se incluyan como personal laboral".

La Sharing Cities Summit 2018, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es el marco que ha servido para debatir esta problemática. Desde el grupo de investigación 'Dimmons' de la UOC, especializado en economía colaborativa, su coordinadora, Mayo Fuster, aclara los significados. "Si existe un proceso de producción o consumo colaborativo mediante una plataforma digital hay economía de plataforma, no colaborativa". Fuster recuerda que este tipo de firmas “sólo operan pensando en su beneficio propio, no tienen en cuenta las decisiones de los usuarios y no se rigen por criterios de sostenibilidad".

La velocidad de implantación de las economías de plataforma también supone un reto para la justicia, con pocos recursos y herramientas para abordar un modelo de negocio nuevo y desarrollado en un entorno digital. De hecho, se han producido sentencias contradictorias. Por un lado, un tribunal comunitario concluyó que los conductores de Uber debían basarse en la regulación del sector del taxi y no podían ser tratados como trabajadores de una empresa de información. Por otro, un juez consideró que la relación de Glovo con sus repartidores no se podía considerar como de falsos autónomos.

Respetar las normativas locales

Mayo Fuster cree que con iniciativas como la Declaración de Barcelona está más cerca la aparición de un protocolo que estandarice la forma de operar de las plataformas digitales. "Si las ciudades se ponen de acuerdo, su poder se multiplica y estas empresas se verán obligadas a respetar las normativas locales".

Esta visión y acción integral la comparte el sindicato CCOO. El secretario general del sector de Servicios, José María Martínez, pide que "las economías de plataforma se encarrilen con normas en aspectos laborales, como las concesiones públicas hasta la regulación de las ordenanzas municipales, donde las ciudades tienen competencias". Como ejemplo, indica la necesidad que tienen las metrópolis de poner orden en las relaciones laborales que se establezcan con las personas encargadas de recargar los patinetes eléctricos.

Martínez añade que las administraciones deben de ser capaces de seguir la pista de los aspectos fiscales y de los laborales, incidiendo en las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social o la relación contractual que establecen con los trabajadores.

La primera normativa laboral del siglo XXI

La problemática ha llegado al Parlamento Europeo. La cámara comunitaria ya ha iniciado las negociaciones para crear una directiva europea sobre las condiciones de trabajo. El texto prevé mejoras laborales para las personas ocupadas en plataformas como Uber. Si se aprueba, la normativa sería la primera de carácter laboral en el ámbito comunitario del siglo XXI.

El conflicto sobre las limitaciones de la actividad de las economías de plataforma tuvo un punto álgido el pasado septiembre. En ese momento, la Agencia Española del Medicamento obligó a Glovo a dejar de ofrecer el servicio de envío de medicamentos sin receta. La Agencia argumentaba que la operación sólo la pueden realizar los sitios web de las farmacias. Glovo se defendió asegurando que tan sólo hacía de mediadora, pero suprimió el servicio.

Aunque durante la Sharing Cities Summit, celebrado a mediados de noviembre en Barcelona, se han conocido los casos de empresas que practican una relación colaborativa, las alianzas y las estrategias entre las ciudades se deben intensificar y profundizar en un contexto donde la rapidez del desarrollo tecnológico pone en entredicho la capacidad de reacción y de soberanía de las urbes para hacer frente a este nuevo modelo de negocio.