Lejos quedan las largas planificaciones para la vuelta al cole. La pandemia rompió con el modelo habitual de enseñanza y las comunidades autónomas estudian a menos de un mes cómo pueden incorporarse al nuevo periodo escolar. Infantil, Primaria y Bachillerato inician el curso la segunda semana de septiembre y los sindicatos y asociaciones educativas critican que varios territorios regresan a las aulas en la "vieja normalidad", o casi mejor dicho, vislumbran una anormalidad organizativa que puede afectar a tanto a alumnos, como a padres, profesores, transporte escolar, comedores y resto de la comunidad educativa.

Después de un último trimestre del curso pasado con engorrosas clases telemáticas, el ámbito escolar tendrá que superar una asignatura más: la pandemia, tanto en la incorporación física como en la adaptación a otro posible confinamiento. Las medidas de higiene son la primera preocupación en el sector académico, ya que los contactos tendrán que reducirse lo máximo posible para evitar la propagación del virus. La reducción de la ratio de alumnos por clase para respetar la distancia de seguridad implica una ampliación del espacio y también la necesidad de contratación de nuevo profesorado, pero no todos los territorios reforzarán estas plantillas.

Esa es la opción que en líneas generales barajan la comunidades autónomas, pero si la cuestión se complica quizá habría que recurrir a medidas más drásticas. Cuando se retomen las clases "si es necesario cerrar aulas concretas o colegios concretos se tendrá que hacer. Si hay que cerrar todos los colegios, se valorará". Así de contundente de mostró este jueves el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Esta es una de las mayores dudas que planean sobre el inicio del curso (con clases presenciales o no) que está a la vuelta de la esquina. Pero son muchas más las preguntas sin respuesta que se planean. Algunas comunidades autónomas reconocen que el comienzo del curso todavía no está claro y que no será hasta principios de septiembre cuando se conozcan todas las condiciones en las que los infantes volverán a sentarse en los pupitres.

Presencialidad ante todo

La idea fundamental en todos los colegios del país es retomar el curso presencial, principalmente en las etapas como Educación Infantil y Primaria. La comunidad educativa apuesta por acudir a las aulas, pero lo que exigen los sindicatos y las asociaciones de madres y padres es la completa garantía de seguridad sanitaria en los centros para evitar el contagio en sus hijos y la transmisión a los más vulnerables de la casa.

Los equipos directivos y docentes tendrán que estar preparados para la enseñanza online en el caso de un nuevo confinamiento. Con todo, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades reflejó en un informe que la suspensión del curso no tendría una gran repercusión para frenar el virus: "Si se aplican medidas apropiadas de distancia social e higiene, es poco probable que las escuelas sean entornos de propagación más efectivos que otros espacios laborales o de ocio con una densidad de población similar".

La principal defensa para un retorno físico a los colegios es garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado, puesto que la educación a distancia visibilizó la brecha digital y social desde el inicio del estado de alarma. El acuerdo al que llegaron los Ejecutivos autonómicos -menos Madrid y Euskadi- con el Ministerio de Sanidad radica en que la actividad lectiva presencial se adoptará como principio general y por ello las Administraciones tendrán que aunar todos los "esfuerzos necesarios". Aquí es donde reside la discusión entre las consejerías y los equipos directivos de los centros de educación públicos a tres semanas del comienzo de las clases. Los Gobiernos delegan la responsabilidad sanitaria en la dirección de los colegios y en el profesorado sin refuerzo presupuestario y sin la necesaria dotación de personal docente y no docente.

"A día de hoy lo que podemos saber es que la vuelta a las aulas en la inmensa mayoría de comunidades no va a garantizar una presencialidad segura, el curso este año va a empezar como si no hubiese pasado nada", alega el secretario general de CCOO Enseñanza, Francisco García, refiriéndose a un viable confinamiento si no se mantiene la higiene en la escuela. "Una vuelta no segura nos hace temer que los centros se conviertan en un foco de extensión de la pandemia".

Los equipos directivos, los responsables de la seguridad

El cumplimiento de las medidas de prevención dependerá en exclusiva de cada centro escolar. Los directores y profesorado tendrán que preparar las instalaciones para la llegada del alumnado. Entre las normas preventivas, los colegios señalizarán las entradas y salidas, adaptarán los espacios para poder trasladar más clases, algunos contarán con un coordinador covid-19 y otros ampliarán horarios y organizarán el calendario académico en función de los grupos de convivencia que se crearán con un menor número de personas por aula.

La mayoría de comunidades ha apostado por un protocolo en base a tres o cuatro niveles para delimitar la situación epidemiológica y saber si es necesario pasarse a la enseñanza online. Por ejemplo, Asturias prevé un nivel de educación presencial, un escenario intermedio-mixto y uno tercero a distancia. Castilla y León y Navarra contemplan distintas situaciones y escenarios en función del estado de la pandemia. Baleares cuenta con un plan de acogida y un plan digital en el caso de un confinamiento.

Por su parte, el Gobierno de Urkullu en Euskadi contempla distintos niveles en la docencia dependiendo del estado de la pandemia, y apostará por los grupos de convivencia para Educación Infantil y el alumnado de Primaria podrá retirarse la mascarilla si está sentado en sus pupitres con una distancia mínima de 1,5 metros.

Una menor ratio de alumnos por aula provoca que el profesorado tenga que ejercer más horas y haya que duplicar las clases. De esta manera, en La Rioja y Andalucía las consejerías prevén desdoblar horarios y hacer turnos de mañana y de tarde por cursos y distintos niveles. La segunda comunidad contará con un coordinador covid, también Cantabria, cuya figura ejercerá de mediador con la consejería. En Andalucía y Castilla-La Mancha cualquier persona que acceda al centro tendrá que realizar el test de coronavirus.

Como consecuencia, estas reglas de higiene y prevención en los colegios se traducen en más maestros y más recursos como productos desinfectantes, material informativo y de seguridad. Catalunya anunció la contratación de 8.258 profesores y personal no docente y las escuelas tendrán una enfermera asignada para detectar casos covid, que no estará físicamente en la escuela sino en el centro de salud correspondiente. Asturias contará con 400 profesores más y plantea un máximo de 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria, algo parecido en Castilla y León, con un máximo de 25 alumnos respetando la distancia de 1,5 metros mínimo.

Falta de profesorado para acatar las normas

En otros lugares el escaso refuerzo por parte de los Ejecutivos autonómicos ya ha tenido sus consecuencias. En Sevilla ha dimitido en bloque la dirección de un colegio y en Galicia las Ampas han decretado la suspensión de los comedores escolares y del Plan Madruga por la imposibilidad de garantizar la seguridad sanitaria. La rebelión ha desembocado en protestas y manifestaciones a lo largo de julio y se prevé que continúen en septiembre, pidiendo incluso la suspensión de las clases si los protocolos no mudan.

Madrid no ha detallado cómo desenvolverá su plan de contingencia y por el momento contratará a 600 docentes, lejos de los más de 5.000 que piden las asociaciones de Educación. Lo mismo para Galicia, que incorporará, tras largas protestas, 240 profesoras entre los 960 centros educativos de Infantil, Primaria y educación especial que existen en la comunidad.

"Los profesores no tienen formación, no les han formado en cuestiones de salud pública y ahora se les pretende echar encima ese tipo de medidas para las que no están capacitados. No forma parte de su catálogo de responsabilidades", continúa García. El profesorado de la enseñanza pública prácticamente no ha tenido vacaciones porque el curso se alargó hasta julio por el confinamiento y actualmente ya está trabajando para adaptarse a las normativas y al modelo de su correspondiente comunidad.

Sin "negociación real" con las AMPAS y alumnado

Desde las AMPAS las madres y padres no descartan dejar de llevar a sus hijos al colegio si las medidas de seguridad necesarias no se cumplen, aunque no todas las familias están en la misma situación por la dificultad para conciliar. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), sostiene que ya durante el confinamiento no se tuvo en cuenta la participación de las familias y la falta de instrucciones claras "ha sobrecargado" de tareas al alumnado, quedando en evidencia la "falta de políticas de conciliación familiar y laboral" y la "falta de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales".

La responsable nacional de Educación de UGT, Maribel Loranca, explica a Público que todo se resume en una falta de diálogo con las organizaciones que representan a la comunidad educativa: equipos directivos, docentes, madres, padres y alumnado. "Ha faltado un acuerdo global entre el ministerio y las comunidades para hacer de la vuelta una cuestión más homogénea", postula. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica y el uso de sus competencias educativas, hay comunidades autónomas que tienen un modelo contra la covid-19 más afianzado y alcanzable para los centros y su personal que otras.

Valencia, la única comunidad con un plan claro

La Comunidad Valenciana es la única Administración con un plan integral de vuelta a las clases pactado con profesorado y organizaciones sindicales, de manera que las exigencias sanitarias se corresponden con la dotación de personal por parte del Gobierno autonómico -cerca de 4.400 docentes- y así iniciativas como las "aulas burbuja" podrán hacerse efectivas. Galicia también apuesta por estos grupos, pero en un principio la Consellería de Educación no pretendía reforzar la plantilla, por ello en la mesa sectorial de negociación las organizaciones representativas plantaron a la Xunta.

¿Por qué solo València ha llegado a un acuerdo de contingencia? Según CCOO, las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas han considerado que "invertir dinero en educación no merecía la pena", explica García. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el reparto de 2.000 millones entre los Ejecutivos autonómicos para poder asumir y sobrellevar el retorno a los colegios y universidades, pero según critican estas plataformas algunos presidentes “no querían” destinar este presupuesto al ámbito educativo. Aún así, UGT cree que las comunidades deberían invertir desde ya, puesto que las ayudas todavía comenzarán a llegar en septiembre.

Un calendario escolar improvisado

En algunos territorios la incertidumbre empapa el curso 2020-2021. En Aragón la alta incidencia de casos covid-19 en las dos últimas semanas ha supuesto que la vuelta al cole aún esté por definir. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, declaró en RNE la semana pasada que van "sobre la marcha" porque “nadie se esperaba una segunda ola epidémica en julio y agosto. El comienzo del curso lo preveo complicado”, alegó. En una línea similar, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, sostuvo que la situación en la comunidad "evoluciona de forma favorable" aunque hasta unos días antes no se conocerá "a ciencia cierta cómo se va a adaptar todo".

Independientemente del debate de si España está inmersa en una segunda ola o no, los distintos escenarios en cada territorio marcarán el inicio del curso escolar, ya que la mayoría de las comunidades reconocen que habrá que definir llegado el momento un modelo presencial, online o mixto si la situación lo requiere. Hasta finales de agosto no se terminarán de formalizar los planes para la vuelta al cole, cuando tendrá lugar la Conferencia de Presidentes, cita que llega tarde para las organizaciones educativas.